El actual fiscal del caso cree que Javier Gómez Fidalgo participó en el engaño a Hacienda de Alberto González Amador en dos fases y solicita que sea llamado a declarar tras un año de silencio del economista sobre el fraude y sus vínculos con el ático de lujo del que hacen uso la presidenta madrileña y su pareja
La Fiscalía pide la imputación del fiscalista que representó a la pareja de Ayuso ante Hacienda
El objetivo de Alberto González Amador de finiquitar cuanto antes sus problemas con la Justicia, siempre que eso no le suponga entrar en prisión, ha fracasado definitivamente. A la apertura de una pieza separada del caso para investigar un presunto delito de corrupción en los negocios relacionado con sus negocios con el grupo Quirón se une ahora la intención del fiscal de ampliar las pesquisas principales a Javier Gómez Fidalgo, el economista de León que conoce todos los secretos de la trayectoria empresarial de González Amador en los últimos años, incluidos los del periodo de relación con Isabel Díaz Ayuso.
De acordar la jueza Inmaculada Iglesias la declaración como investigado de Gómez Fidalgo, el caso contra González Amador entrará en una nueva fase. El fiscal pide su declaración en la pieza principal, la de los dos fraudes fiscales, pero en su escrito alude indirectamente a la operación de compraventa de una empresa sin apenas actividad ni empleados por parte de González Amador a la mujer de Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención. Esta operación es la que ha suscitado la apertura de una pieza separada para determinar si la pareja de Ayuso también ha cometido corrupción en los negocios y administración desleal.
El economista Gómez Fidalgo representó a Alberto González Amador durante la inspección que realizó la Agencia Tributaria al empresario a lo largo de 18 meses, tras percibir los inspectores que la pareja de Ayuso declaraba escasas ganancias pese a multiplicar el volumen de ingresos que tenía antes de la pandemia. Gómez Fidalgo ya había participado en la declaración de esos ingresos y es por ello que el fiscal Diego Lucas aprecia en él algo más que la prestación de unos meros servicios profesionales a la pareja de Ayuso.
“El examen de los escritos presentados (…) evidencia que las alegaciones que hace no son las de un asesor contratado con ocasión de la inspección tributaria, sino la defensa ante la Inspección de las autoliquidaciones mendaces de Maxwell [la principal sociedad de González Amador] de los ejercicios 2020 y 2021 en cuya confección había tenido parte”, dice el escrito del fiscal en el que solicita la declaración como investigado de Javier Gómez Fidalgo.
La responsabilidad penal de los asesores fiscales es “doctrina pacífica” del Tribunal Supremo, esto es, no existe contradicción entre sus resoluciones acerca de que el economista puede ser condenado como autor o cooperador necesario del fraude fiscal si se demuestra su participación en el mismo y que el simple hecho de haber sido contratado por la persona que defrauda no le exime de tener responsabilidad.
En el caso de Gómez Fidalgo, el fiscal alude a cómo ayudó a la pareja de Ayuso a intentar librarse de la acusación de fraude fiscal con escritos “mendaces”. “Sin ánimo de exhaustividad y a título de mero ejemplo”, el representante del Ministerio Fiscal adjunta a su escrito dos respuestas de entre la numerosa correspondencia que se intercambiaron González Amador y la Agencia Tributaria y que, en el caso de los escritos del primero, llevan la firma de Javier Gómez Fidalgo.
elDiario.es ha intentado en varias ocasiones contactar con Javier Gómez Fidalgo, pero el fiscalista siempre ha mantenido silencio desde que este medio destapó el caso del fraude fiscal de Alberto González Amador en marzo de 2024.
Casi 2 millones en comisiones por guantes y mascarillas
La primera de las respuestas a Hacienda que hacen sospechar al fiscal del papel de Gómez Fidalgo tiene que ver con las explicaciones sobre las dos comisiones por valor total de 1.973.000 euros que la empresa catalana FCS Select Products pagó a la pareja de Díaz Ayuso por venderle a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por 42 millones de euros. Las entregas de guantes y mascarillas se produjeron en dos momentos críticos de la pandemia: los meses de mayo y agosto de 2020.
Esas comisiones por casi dos millones supusieron un notable crecimiento en los ingresos de González Amador y son el origen de parte del fraude fiscal que le atribuye Hacienda. El empresario y comisionista habría puesto en marcha una trama de facturas falsas para no tener que pagar los impuestos que le correspondían. Entre los ejercicios de 2020 y 2021 habría cometido un fraude que asciende a 350.951 euros.
En el documento que supuestamente se firmó en enero de 2020, casi dos meses antes de que se decretase el estado de alarma, FCS garantizaba a la pareja de Ayuso un porcentaje del 4,5% de todas las ventas que gestionase. Las alegaciones que el fiscal considera “mendaces” son, este caso, del 12 de julio de 2022 y explican que para sellar la venta de mascarillas y guantes entre una empresa catalana y una gallega González Amador precisó realizar un viaje a Nueva York dos meses antes de que se decretase el estado de alarma en España, así como de la participación de varios intermediarios.
elDiario.es reveló en abril de 2024 que Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención es uno de los administradores de la firma gallega Mape, cuya compra de guantes y mascarillas a FCS proporcionó las comisiones por casi 2 millones a González Amador. El escrito de PSOE y Más Madrid que dio pie a la apertura de una pieza separada apunta la posibilidad de que la operación de compra por parte de González Amador de una sociedad sin apenas valor a la mujer de Camino, por la que pagó medio millón de euros, fuera el pago de la parte de la comisión por la venta del material sanitario que hubieran acordado previamente el novio de Ayuso y el directivo de Quirón y a su vez administrador de Mape, la firma que hizo el pedido y que propició la comisión para el intermediario González Amador.
Precisamente, otra de las respuestas de la pareja de Ayuso y Gómez Fidalgo a Hacienda de las que sospecha el fiscal es la que tiene que ver con la compra de Círculo de Belleza a la esposa de Camino y su posterior conversión en Masterman & Whitaker. Se produjo el 20 de enero de 2023 y en ella González Amador y su asesor fiscal intentan justificar que esta sociedad, sin medios ni empleados para ello, se encargara de facturar a Quirón Prevención unos trabajos por importe de 600.000 euros.
“Una mera sociedad interpuesta”
Hacienda sospecha que Masterman es una “mera sociedad interpuesta”. González Amador habría traspasado de su sociedad Maxwell Cremona a Masterman los trabajos de consultoría que venía realizando para Quirón pero esta sociedad, según la Agencia Tributaria, no tenía estructura para llevarlos a cabo. Se trató, según los inspectores, de “una simulación” por la que Masterman emitió “una factura ficticia” por un importe que “no se corresponde con la realidad de la prestación acometida” y que “no responde a los servicios prestados”. El objetivo último, según Hacienda, era obtener “una ventaja fiscal inadmisible” a través de la creación de unas bases imponibles negativas “a compensar en ejercicios futuros”.
Javier Gómez Fidalgo es un fiscalista muy conocido en León. También es conocida en la capital leonesa la relación profesional y personal que mantiene con Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención. Este periódico desveló que Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso disfrutan de una segunda vivienda, justo encima de la que compró tras el fraude fiscal el comisionista, en uno de los barrios más caros de la capital. Se trata de un ático de lujo cuyo propietario es una sociedad, Babia Capital SL, que está administrada por el propio Javier Gómez Fidalgo.
El pasado verano, elDiario.es informó de que Babia Capital compró ese piso de lujo en julio de 2023 al contado y con dinero prestado de un tercero pero sin hipoteca. Según recogían las últimas cuentas anuales de esa sociedad, alguien, una persona física o una empresa, le prestó 955.000 euros para la adquisición. La compra se ejecutó en fechas próximas a que Ayuso y su pareja comenzaran a vivir en el piso de abajo.
