La principal asociación de guardias civiles y Stop Accidentes respaldan la iniciativa que ya se aplica en Finlandia, Suiza, Dinamarca o Reino Unido al considerar que ahora «al que tiene mucho dinero le da igual cometer infracciones siempre que no se le retiren puntos del carné»
Multa exprés de la DGT: qué es y cómo funciona la nueva forma de notificar las sanciones de tráfico
Un directivo de Nokia, Anssi Vanjoki, de 44 años, fue obligado a pagar la cantidad de 116.000 euros por conducir a 75 kilómetros por hora en una vía limitada a 50. Las autoridades finlandesas pudieron llegar a esa cifra por el modelo de las multas progresivas, una estrategia de sanciones en función de la renta que allí se aplica desde hace más de 100 años con éxito en la reducción del número de accidentes, según asociaciones y expertos. Sucedió hace años, cuando la marca de teléfonos era líder, y constituyó el caso más mediático de cómo se castigan en otros países europeos las irresponsabilidades al volante. Suiza, Dinamarca y, en parte, el Reino Unido, aplican legislaciones parecidas.
Sumar ha abierto el debate en España tras registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley impulsada desde Izquierda Unida con la que pretende que las multas por infracciones de tráfico sean más caras para quienes más cobren. Este tipo de sanciones en función de los ingresos las respaldan las asociaciones de víctimas de accidentes como vía para disuadir de cometer infracciones a los sectores más ricos de la población para quienes las multas actuales apenas hacen mella en sus bolsillos.
La Ley de Tráfico vigente establece actualmente el rango de las multas entre los 100 y los 500 euros en función de su gravedad, aunque en el texto en vigor se abre la puerta a ampliar la sanción hasta los 1.000 euros en los casos de conducir “con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan o con presencia en el organismo de drogas”, así como cuando las personas implicadas en los accidentes se nieguen a realizarse esas pruebas de alcohol y drogas. Es posible recibir una multa de hasta 6.000 euros si se conduce con inhibidores de los radares y de hasta 20.000 si se realizan, por ejemplo, obras o actuaciones indebidas o prohibidas en las vías.
David Pérez, portavoz de Stop Accidentes, explica en conversación con elDiario.es que lo más frecuente es, no obstante, que las sanciones sean de entre los 100 y los 1.000 euros. “Al que tiene mucho dinero esas multas no le afectan. A estas personas las sanciones les dan igual siempre que no les suponga la retirada de puntos”, apunta. Pero incluso así, añade, se da la circunstancia que en los cursos que se dan a aquellos que han perdido el carné por la acumulación de infracciones “los que tienen dinero ni siquiera prestan atención y se pasan las clases mirando el móvil”.
Para Sumar, el grupo que ha presentado la iniciativa que espera que se someta a la admisión a trámite del Pleno en las próximas semanas, “es necesaria la regulación en la progresividad de las multas fundamentalmente porque el carácter disuasorio de las mismas se ve atenuado si el nivel de renta del infractor hace que la cuantía sea irrisoria”. En esos términos se expresó en rueda de prensa el impulsor de la proposición, Enrique Santiago, el pasado día 7 de marzo.
Un incremento de hasta el 500%
“Lo que parece justo y razonable” es, a juicio del grupo plurinacional, “que se establezcan mecanismos de progresividad en las cuantías de las sanciones para que lo que abone cada infractor sea equitativo respecto a su nivel de renta”. “Es evidente que el efecto de disuasión y la finalidad de concienciar sobre el hecho punible no será el mismo con una multa de 500 euros para una persona que cobre 1.100 mensuales, que para otra que cobre 10.000 en el mismo período de tiempo”, apunta.
En su proposición de ley Sumar propone que las multas establecidas en la Ley de Tráfico “se incrementarán siempre” de acuerdo “con la capacidad económica del infractor”. Así, plantea que las sanciones suban un 150 % para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales se sitúen entre los 70.000 y los 85.000 euros, en un 300 % para los que cobren entre 85.000 y 100.000 euros y en un 500 % para quienes ingresen más de 100.000 euros al año.
Igualmente, para la imposición de sanciones graves y muy graves –las que pueden llegar hasta los 20.000 euros–, Sumar pide que también se tenga en cuenta “la situación económica del responsable”, pero no solo para encarecérsela a los ciudadanos más ricos sino también para reducírsela a los sectores más vulnerables. El grupo plantea aminorar un 30% las sanciones a aquellas personas que acrediten percibir unos ingresos de hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional y un 15% para quienes cobren 1,5 y 2,5 veces el SMI.
Desde Stop Accidentes respaldan la iniciativa. Su portavoz, David Pérez, reconoce que “quien tiene dinero al final lo saca de donde sea”, pero sostiene que “cuanto más dinero se imponga en una multa” hará reaccionar al posible infractor y sí podría servir como disuasión incluso para los conductores más adinerados.
Reforzar el efecto disuasorio
El apoyo a la modificación de la ley también se ha hecho patente por parte de una de las principales asociaciones de la Guardia Civil, el cuerpo que se encarga de la gestión del tráfico en prácticamente toda la red de carreteras del Estado. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) consideran que las multas progresivas “se ha demostrado que contribuyen a una mayor equidad y eficacia en la disuasión de comportamientos de riesgo”.
“El principio de progresividad se basa en la idea de que el impacto de una multa de una cantidad fija no es el mismo para todos los ciudadanos”, apuntan desde la asociación. “Mientras que para una persona con bajos ingresos una multa puede representar una carga excesiva, para alguien con un alto nivel adquisitivo puede resultar irrelevante”, añaden.
Según sus cálculos, “los sistemas de sanciones progresivas refuerzan el efecto disuasorio de las multas”. Y en España, “el sistema de puntos ya introduce un mecanismo de equidad, en el que todas las personas, independientemente de su nivel económico, enfrentan la posibilidad de perder su derecho a conducir si acumulan infracciones”. Por eso desde la AUGC consideran que “añadir una componente progresiva a las sanciones económicas refuerza esta equidad y aumenta el efecto disuasorio en las rentas elevadas, para quienes la pérdida monetaria de una multa fija podría no ser un elemento suficientemente persuasivo”.
Esta agrupación de guardias civiles considera incluso que el modelo progresivo “también ofrece ventajas para los agentes de tráfico encargados de su aplicación” porque “reduce la percepción de arbitrariedad en la imposición de sanciones, ya que los ciudadanos comprenderán que la cuantía de las multas se basa en criterios objetivos de equidad económica”. Además, la AUGC considera que “se refuerza la legitimidad de la actuación de los agentes encargados de la vigilancia y disciplina del tráfico, quienes desempeñan un papel clave en la seguridad vial”. “La confianza en el sistema de sanciones contribuye a una mayor cooperación por parte de los ciudadanos y una mejor disposición para acatar la normativa”, remarcan.
Los ejemplos internacionales
En Finlandia, por ejemplo, donde este modelo se aplica desde 1921, los estudios muestran una reducción en la reincidencia de infracciones graves. Y la situación se repite en los otros países donde se han puesto en marcha modelos similares, como Suiza, Dinamarca o Reino Unido.
El método de cálculo finlandés se basa en los ingresos netos mensuales, mientras en el suizo es un juez el que acaba determinando la cuantía de la sanción teniendo en cuenta ingresos y patrimonio. En Dinamarca se aplica una reducción del 50% para rentas inferiores a un umbral establecido y, en Reino Unido, en casos judicializados, la multa se calcula según los ingresos semanales.
Sumar confía en que su iniciativa contará en el Congreso con el respaldo de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, pero fuentes del grupo plurinacional reconocen que por el momento no han comenzado las conversaciones con su socio de gobierno, el PSOE –que explica que aún no tiene fijada una posición–, para tantear su apoyo parlamentario, y que tampoco han hablado aún con el principal grupo de la cámara, el PP.
Fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por elDiario.es explican, asimismo, que aún no tienen una posición fijada sobre la proposición de ley que por el momento limitan a una “iniciativa parlamentaria” que “tiene que seguir los cauces” en el Congreso.
