Los Gobiernos autonómicos de Madrid y Aragón aseguran que recurrirán el decreto y Azcón anuncia que no va a “colaborar” con el Ejecutivo cuando entre en vigor, mientras Miguel Tellado asegura que ninguno de sus barones “incumplirá la ley”
El Gobierno aprueba el reparto por ley de menores migrantes tras el acuerdo con Junts
El acuerdo entre el Gobierno y Junts para amarrar los votos necesarios para reformar el sistema de acogida de menores migrantes ha ahondado el enfrentamiento abierto entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP y el Ejecutivo central. El partido de Alberto Núñez Feijóo asume que no conoce el contenido del texto del real decreto-ley que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros, pero aun así varios presidentes ya han anunciado que lo recurrirán e incluso han abierto la puerta a no cumplirlo. Una posibilidad que ha tenido que negar el portavoz parlamentario, Miguel Tellado.
Pedro Sánchez ha conseguido atar los apoyos necesarios para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para establecer el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas. El texto emana de un pacto previo con Canarias, donde cogobierna el PP, lo que no ha evitado las críticas desde las regiones.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera en reaccionar y ha tildado de “lamentable” el acuerdo y ha anunciado que “se llevará a tribunales y a la UE”, pese a que todavía no se ha hecho público el texto del decreto, informa Laura Galaup.
La presidenta madrileña ha asegurado que con esta medida se usa a los menores como “arma política”, y a la vez ha planteado que “no se puede fomentar la inmigración irregular masiva”, que “lo pagan” los menores “y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada”.
Más lejos ha ido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha tildado de “xenófobo” el acuerdo anunciado por Junts, informa Luis Faci. El jefe del Ejecutivo autonómico ha querido mostrar su “oposición frontal” a lo que considera una medida que vincula con “la desigualdad y las políticas xenófobas de Junts y el PSOE”. El dirigente del PP incluso ha abiert la puerta a incumplir la ley. “El Gobierno de Aragón no va a colaborar con el Gobierno de España” en esta cuestión, ha dicho.
Como sucedió con la ley de amnistía y con la cesión de las competencias en materia migratoria a Cataluña, Azcón ha anunciado acciones legales para tratar de frenarlo. “En cuanto ese decreto se publique en el BOE, el Gobierno de Aragón lo pondrá a disposición de los servicios jurídicos”, ha dicho, con el fin de recurrir ante los “tribunales españoles” y “la UE”.
Tellado pide “prudencia”
“Va no solo contra el sentido común, sino contra la legalidad”, ha explicado Azcón sobre el acuerdo. “No vamos a permitir que los independentistas catalanes decidan las políticas que tienen que ser de todos”, ha concluido.
Posteriormente, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha matizado las palabras de Azcón. “No encontrará ninguna comunidad autónoma del PP que incumpla la ley, nunca. No lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer”, ha asegurado durante una rueda de prensa en el Congreso.
El portavoz ha criticado que la intención del Gobierno “es imponer a las comunidades un reparto partidista, y nosotros vamos a estar en contra”. El dirigente del PP ha arremetido contra el acuerdo y ha criticado que, tal y como ha expuesto Junts, la pretensión sea que Madrid asuma a 700 de los más de 4.000 menores acogidos actualmente en Canarias, por solo “20 o 40” por parte de Catalunya. Unos datos que el Ejecutivo, de momento, no ha dado por buenos.
Tellado incluso ha pedido “prudencia” a los suyos. “Desconocemos cuál es el texto del acuerdo que hoy ha adoptado el Consejo de Ministros, cuando lo conozcamos haremos una lectura atenta a todo lo que incorpora el texto”. “Por lo tanto, seamos prudentes”, ha concluido.
“Hito histórico” para el Gobierno
“Un hito histórico”. Así califica el Gobierno el acuerdo alcanzado este martes con Junts para sacar adelante la acogida de los menores migrantes no acompañados por las distintas Comunidades Autónomas tras año y medio de bloqueo por parte de la derecha parlamentaria. “Es un hito en la defensa de los derechos humanos. Hay urgencia y hay necesidad. Y se trata de un acuerdo que plantea una solidaridad equitativa”, ha defendido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Torres ha pedido expresamente a PP y a Vox “que reflexionen y cambien el sentido de su voto por el interés del menor”, tras el anuncio de la oposición de que están dispuestos incluso a llevar el acuerdo a los tribunales. Preguntada por el contenido del acuerdo alcanzado este martes con la ultraderecha por el presidente valenciano, Carlos Mazón, para sacar adelante los Presupuestos a cambio de asumir la agenda de los de Abascal en políticas climáticas y migratorias, la portavoz del Gobierno ha asegurado que “para firmar ese pacto de la vergüenza solo hace falta una cosa: tener muy poca vergüenza. Y mientras, el señor Feijóo aplaude este pacto y pide al resto de las CCAA que lo repliquen”, ha señalado Pilar Alegría.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permite la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia como la que viven actualmente Canarias y Ceuta, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantiza su tramitación parlamentaria.
Después de meses de negociaciones con distintas formaciones y un intento fallido de tramitación parlamentaria, ha salido adelante el mecanismo que, en la práctica, modificará la ley para sacar adelante un sistema de reparto que abre la puerta a que las comunidades que acojan a un número de menores que multiplique por tres su capacidad de acogida. Para establecer el número de menores que tendrá que recibir cada autonomía, el real decreto marca como criterios la población, la tasa de paro o el esfuerzo en la acogida establecido por la dimensión de las plazas creadas en los últimos años y la atención a menores extranjeros no acompañados.
