El informe del órgano de gobierno de los jueces avala algunos puntos de la reforma que propone una reforma integral de las oposiciones a juez y fiscal, aunque cree que otros aspectos clave generan “dudas” sobre su “falta de idoneidad”
El Gobierno propone una reforma integral de las oposiciones a juez y fiscal
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá en su pleno de este miércoles un informe que avala algunas de las medidas de la reforma del Gobierno que propone un cambio integral de las oposiciones a juez y fiscal, aunque sostiene que otros aspectos clave generan “dudas” sobre su “falta de idoneidad”. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, alude a la voluntad del Ejecutivo de poner en marcha un registro público de jueces que ejercen como preparadores de opositores, así como la obligación de que tengan que pedir autorización en todos los casos para ejercer esta actividad.
En este punto, el órgano define la preparación de oposiciones como “una obligación moral/deontológica” y sostiene que, en muchas ocasiones, obedece a “fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos” a pesar de que se trata de un trabajo por el que cobran a cada opositor entre 200 y 300 euros al mes. El dictamen afirma que esta actividad es “una manera de trasladar los conocimientos y amplia experiencia profesional en el ejercicio de la jurisdicción a las nuevas promociones que integrarán la Carrera Judicial” y que no siempre tiene “fines mercantilistas”.
La complejidad de la preparación de estas oposiciones provoca que, mayoritariamente, quienes opositan no lo lleven a cabo en solitario. Lo habitual es “preparar” con jueces y fiscales en activo que ejercen de tutores durante esos años de estudio, orientan y van evaluando a los aspirantes hasta que se sienten listos para presentarse al examen.
En el régimen actual sólo deben pedir esta autorización si esta actividad les ocupa más de 75 horas anuales. Además, nadie vigila a quien no solicita ese permiso. El anteproyecto prevé exigir “en todo caso” la concesión de compatibilidad por parte del CGPJ a los jueces que preparen oposiciones (también a los que imparten charlas o conferencias). E impone al órgano el deber de poner en marcha un registro público de jueces y magistrados que actúan también como preparadores de oposiciones.
La intención es acabar con el actual mercado negro de preparadores, en el que los profesionales cobran por alumno hasta 200 euros mensuales, generalmente en sobres que no pasan por los controles de Hacienda. La tarifa sube hasta los 300 euros al mes cuando el preparador está en los peldaños más altos de los tribunales. Hay magistrados que preparan a la vez hasta una quincena de alumnos, según reveló una investigación de elDiario.es. La obligación de pedir la compatibilidad y formar parte del registro también conecta con las becas públicas —que la reforma también blinda por ley— y que requieren acreditar los pagos al preparador.
