El PSOE anuncia que investigará los contratos adjudicados por Madrid Digital mientras el presidente de la comisión de Digitalización impide que un diputado de Más Madrid lea el artículo legal que prohíbe a cualquier empleado de la Administración “invocar” en su actividad privada el puesto público que desempeña
El Gobierno de Ayuso mantuvo a dos altos cargos que tenían una asesoría para que empresas optasen a contratos públicos
El PP tensó este martes todos sus resortes de poder para impedir que la directora de la agencia Madrid Digital se viera obligada en el Parlamento autonómico madrileño a explicar a Más Madrid y PSOE por qué el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantuvo hasta la semana pasada a dos directivos del ente aun conociendo desde hace un año que ambos asesoran a terceros sobre contratos públicos desde una empresa de su propiedad, Aqualex Boutique SL.
Uno de ellos, Antonio Carrasco, desempeñaba desde noviembre de 2019 el cargo de subdirector general de la agencia y se presentaba en la web de su mercantil –cerrada desde hace una semana– como quien “dirige” la “contratación pública” de la agencia. El segundo destituido y socio de Aqualex, Ramiro Salamanca, ejercía como director de los servicios jurídicos de Madrid Digital. Según la versión oficial de la directora de la agencia, Elena Liria, ninguno de los dos eran altos cargos ni directivos. Tan solo, simples empleados.
Tras una sesión que la propia Liria definió como “un poco revuelta”, tanto Más Madrid como PSOE se declararon decididos a investigar si entre los contratistas de la agencia se cuentan clientes de Aqualex Boutique. “Vamos a seguir contrato a contrato a ver qué ha pasado”, anunció durante la comparecencia de Liria la diputada socialista Marta Bernardo.
El presidente de la comisión de digitalización, Gustavo Eustache, del PP, se centró en cerrar la puerta a las intervenciones y preguntas sobre ese asunto bajo el argumento de que no figuraba en el orden del día: “¡No hay debate, no hay debate, no hay debate!”, repitió con disciplina perseverante. Desde su asiento central en la mesa que dirige la sesión, Eustache censuró a un diputado de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, cortándole el micrófono cuando intentaba leer el artículo de la Ley de Incompatibilidades –el 15– que prohíbe a los empleados del sector público “invocar” en sus actividades privadas el puesto que ocupan en la administración, aunque le dio tiempo a disparar su pregunta a la protagonista de la comparecencia: “¿Señora directora, ¿cree que se ha tolerado la infracción del artículo 15 de la ley?”.
Eustache vetó también que otro diputado, Santiago Rivero, del PSOE, ejerciera su derecho a réplica a Luis Pelegrina, parlamentario del PP. En una especie de driblaje político, Pelegrina citó una intervención en la que hace un mes Rivero calificó de “chanchullo” la situación de Carrasco y Salamanca. “Lo que es un chanchullo es Begoña [Gómez, la esposa del presidente del Gobierno]”. El presidente de la comisión también lo mandó callar.
Al final, la directora de Madrid Digital dio una escueta respuesta que deja en el limbo la pregunta clave: por qué el Gobierno de Madrid mantuvo a ambos directivos en sus puestos para cesarlos un año después de conocer el choque de trenes entre sus actividades públicas y privadas y solo después de que elDiario.es trasladase a sus portavoces que ya hace un año trascendió el doblete público-privado de Carrasco y Salamanca y que la ley de incompatibilidades prohíbe de forma taxativa que el personal al servicio de cualquier administración “invoque” su posición pública para desarrollar actividades privadas.
La jefa de la agencia digital, Elena Liria, se limitó a decir que ni Carrasco ni Salamanca han sido altos cargos de Madrid Digital porque la única con ese rango es ella. Y que la concesión de compatibilidades no es cosa suya sino de la Consejería de Hacienda. Carrasco y Salamanca “no son –fue su afirmación literal– alta dirección ni altos funcionarios, no existe esa categoría, son empleados públicos con contrato laboral y derecho a pedir compatibilidad”.
Funcionarios del Cuerpo de letrados de la Comunidad de Madrid, Antonio Carrasco fue escalando a partir de 1997 en la administración autonómica y llegó a ser durante cuatro años -con Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González- interventor general de la Comunidad de Madrid. Su socio en Aqualex, Ramiro Salamanca, ha llevado en distintas consejerías y empresas públicas las riendas de la dirección jurídica.
Liria añadió algo en lo que la oposición ya ha anunciado que hurgará: que es ella la única que firma los contratos adjudicados por Madrid Digital.
Tras la sesión, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez, experto en contratación pública, aseguró a este medio que su grupo solicitará información sobre las compatibilidades concedidas a Carrasco y a Salamanca para ejercer trabajos privados.
