Los jueces avalan la condena del Brigada del Ejército de Tierra arrestado en 2012 en su casa de Alcalá de Henares con miles de cartuchos, varias pistolas, rifles de asalto AK-47 y piezas para montar todas estas armas de fuego
El sector privado acelera los fichajes de militares en pleno auge del gasto en defensa
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cinco años de cárcel impuesta a un militar del Ejército de Tierra que guardaba en su casa armas de guerra como fusiles de asalto, pistolas, granadas y miles de cartuchos de munición. Los jueces confirman que gastó miles de euros en armerías de varios países y que acumuló el material bélico en su domicilio sin ningún tipo de autorización. Además de la condena firme de prisión también tiene prohibido gestionar armas durante otros ocho años más.
La Guardia Civil entró en su casa de la localidad madrileña de Alcalá de Henares a finales de 2012. Los agentes habían recibido varias alertas de la Policía de Alemania y del servicio de aduanas sobre un tráfico inusual de piezas de armas, munición y rifles y pistolas completas con destino Madrid. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta la casa de este brigada de Infantería del Ejército de Tierra, donde encontraron un arsenal de guerra mucho mayor del que habían imaginado hasta ese momento.
En el juicio, el militar encausado dijo que “no sabía por qué estaban allí” todas esas armas y municiones: pistolas, granadas de mano, fusiles de asalto AK-47, y más de 15.000 cartuchos. Posteriormente reconoció que las armas eran “su afición y su pasión” pero que no tenía ninguna intención de usarlas para delinquir. Los investigadores de la operación bautizada como ‘Barrel’ sospechaban que la realidad era muy distinta: gastaba miles de euros en armas y sus componentes para montarlas en su casa y después venderlas en el mercado negro en España.
El caso ha tardado más de una década en ser resuelto por los tribunales. La Audiencia de Madrid celebró un primer juicio que terminó en una sentencia de siete años de cárcel pero que tuvo que repetirse porque no se le permitió hacer uso de la última palabra. En el segundo proceso judicial se le consideró igualmente culpable de un delito de depósito de municiones de guerra pero apreciando una atenuante de dilaciones indebidas por los diez años que tardó en ser sentenciado.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de este militar, que a lo largo del proceso alegó que se había jubilado de las Fuerzas Armadas por padecer un “trastorno adaptativo mixto”, aunque nunca pidió que se le rebajara la condena por ello. Los jueces han destacado que, a lo largo del proceso, ha cambiado varias veces de versión sin dar una explicación convincente a por qué tenía todas esas armas en su taller personal.
Los jueces de la Sala de lo Penal rechazan todos sus argumentos de defensa al entender que se respetó la cadena de custodia de las armas intervenidas y que una parte relevante era munición de guerra. Destacan los magistrados su condición de “militar profesional” y la “experiencia” que afirmó haber tenido “en misiones internacionales”. “Conocía que parte de la munición que tenía en su vivienda y que fue intervenida era munición de guerra”, concluyen.
La Audiencia Provincial de Madrid también aseguró que el militar “sabía” que tenía material de guerra en su taller y que almacenarlo “constituía una conducta antijurídica dada su condición de militar profesional, concretamente de Suboficial del Ejército de Tierra”. Las pruebas, sin embargo, no permiten acusarle de haber fabricado y vendido en el mercado negro algunas de estas armas aunque se pueda “inferir”. La Fiscalía había llegado a pedir ocho años de presión por depósito de armas de guerra pero también por su fabricación y tráfico.
