Los estudiantes discapacitados o económicamente desfavorecidos sufrirán el grueso del recorte, que representa el 10% de la inversión educativa del país
Trump dice que detendrá los fondos federales para las universidades que permitan “protestas ilegales”
Era una de las grandes promesas de campaña: cerrar el Departamento de Educación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva en la que instruye a la nueva secretaria del ramo, Linda McMahon, para que tome las medidas necesarias para “empezar a eliminar” el Departamento. En realidad, el Ejecutivo no puede cerrarlo —necesita hacerlo vía parlamentaria con una supermayoría—, pero sí puede asfixiarlo. Los principales damnificados van a ser los alumnos más vulnerables.
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, reconocía por la mañana a los medios que el Ejecutivo por sí solo no puede cerrar el Departamento y ya avanzaba que una versión reducida gestionaría “funciones críticas”. Entre ellas, según la portavoz de la Casa Blanca, estarían el programa de préstamos estudiantiles, las becas Pell de ayuda al estudio, la protección de los derechos civiles y los principales programas de subvenciones del Título I y la IDEA, que ayudan a cubrir el costo de la educación de estudiantes con discapacidades. En conjunto, estos programas representan la gran mayoría de las actividades del Departamento.
La acción de Trump hará que el Departamento de Educación sea mucho más pequeño de lo que es hoy, pero seguirá gestionando los préstamos estudiantiles federales y las becas Pell, ha dicho Leavitt. Otras funciones críticas del Departamento, como controlar que se respeten los derechos civiles, se mantendrán, según señaló, pero no especificó cómo se llevarán a cabo.
La reducción llega después que la semana pasada ya se despidieran a unos 1.300 trabajadores del Departamento de Educación. Este primer recorte ya supuso una reducción de casi la mitad de la plantilla de Educación, que empezó el año con 4.133 empleados. A esto hay que sumarle otros 572 funcionarios que aceptaron el plan de bajas incentivadas por Trump y 63 trabajadores en período de prueba que fueron despedidos el mes pasado.
Tras estos despidos, muchos trabajadores y extrabajadores del departamento ya expresaron preocupación sobre si realmente se podría seguir gestionando algunos de los programas básicos, como los préstamos estudiantiles.
El Congreso creó el Departamento de Educación en 1979 para que se encargara de supervisar los fondos públicos educativos, creara políticas y sobre todo se asegurara de garantizar la igualdad educativa. En el programa electoral, Trump prometía cerrar el Departamento para devolver las competencias educativas a los estados, lo cual vuelve a ser una distorsión intencionada de la realidad. El grueso de las competencias educativas ya está en mano de los estados y en ningún caso el Departamento de Educación dicta el currículum escolar.
La Biblia en las escuelas
Un 90% de la financiación la aportan los mismos estados. Un ejemplo de ello es como el superintendente de Oklahoma, Ryan Waters, pudo anunciar el pasado noviembre que su estado será el primero en “haber devuelto la Biblia a las escuelas” como un avance ante “la izquierda radical”. El 10% que el Departamento aporta a los estados vía fondos públicos es importante, especialmente para los alumnos con menos recursos.
Entre los programas que financia Educación, y que con la orden corren el riesgo de ser finiquitados, está el Título l, que forma parte del corpus legislativo federal de educación y está destinado a atender a los estudiantes en situación de pobreza o desventaja económica. Educación también se encarga de supervisar que los fondos destinados al IDEA (Ley educativa sobre personas con discapacidad, según sus siglas en inglés) se utilicen para su finalidad: atender a los alumnos con discapacidades.
Si se recorta la financiación para el Departamento de Educación y estos programas, los estados serán los que deberán encontrar una manera de financiarlos. Actualmente, los ingresos estatales ya son problemáticos y “no están generando suficientes fondos para cubrir las necesidades educativas adecuadamente”, explicaba el pasado noviembre la directora de políticas educativas del Center For American Progress (CAP), Weadé James. La desaparición de los fondos públicos para estos programas, sumada a las dificultades que ya tienen los estados para encontrar financiación, podría suponer su fin, ya que los estados podrían decir que no tienen los recursos para seguir manteniéndolos.
De hecho, la anulación práctica del Departamento podría tener graves consecuencias en el sistema de educación pública estadounidense, pues el objetivo básico por el cual se creó Educación era garantizar que las escuelas públicas recibieran financiación y asegurar un acceso equitativo a una educación de calidad para todos los niños.
El cierre del Departamento es un paso más en la guerra cultural que está librando Trump en las instituciones. En su programa electoral no solo decía que iba a desmantelarlo, sino que también prometía “recortar la financiación federal a cualquier escuela que promueva la teoría crítica de la raza, ideologías de género radicales u otros contenidos raciales, sexuales o políticos inapropiados” para los niños. Por el contrario, se comprometía a garantizar “libertad para orar” en las escuelas, concretamente “rezar y leer la Biblia”, además de “hacer frente a quienes violen las libertades religiosas de los estudiantes estadounidenses”.
