PP y Vox se desmarcan del resto de grupos parlamentarios en una reforma del reglamento con normas de comportamiento y sanciones tras las quejas de los periodistas por el aumento de las amenazas y campañas de linchamiento
Los grupos parlamentarios negocian un régimen sancionador frente a la ofensiva de los agitadores ultras en el Congreso
Todos los grupos parlamentarios excepto PP y VOX inician la modificación del Reglamento del Congreso para “establecer unas normas de convivencia y garantizar la labor de las y los profesionales de la información”, según las fuentes parlamentarias consultadas. El texto, firmado por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria y al que Podemos también ha anunciado su adhesión, según esas mismas fuentes, recoge por primera vez unas reglas para que los medios de comunicación puedan desarrollar su trabajo “en función de criterios deontológicos y de respeto”.
En concreto se trata de la reforma del artículo 98, impulsada por los grupos de trabajo que estableció la Presidencia del Congreso y que da respuesta a la petición de regulación expresada por cientos de profesionales que cada día hacen su trabajo en dependencias de la Cámara. El texto de la proposición, al que ha tenido acceso elDiario.es, incluye un régimen sancionador que distingue entre infracciones leves, graves y muy graves que pueden llevar desde apercibimientos a la retirada definitiva de la credencial.
En esa propuesta, se plantean como infracciones leves: la omisión de información requerida en la solicitud de la credencial y el acceso a espacios de uso común del recinto parlamentario ajenos a los acotados para los representantes de los medios de comunicación sin la preceptiva autorización.
Como infracciones graves: la inclusión de información falsa en la solicitud de la credencial, la grabación de imágenes o audios sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados para ello, el acceso a espacios reservados, tales como despachos o zonas de reunión, del recinto parlamentario ajenos a los acotados para los representantes de los medios de comunicación sin la preceptiva autorización; interrumpir el orden de las ruedas de prensa o demás encuentros de los miembros de la Cámara con los representantes de los medios de comunicación; la publicación en medios y redes sociales de imágenes obtenidas en contra de la normativa aplicable; cualesquiera otros comportamientos que perjudiquen la actividad de la Cámara o el trabajo de otros representantes de los medios de comunicación.
Entre las infracciones estipuladas como muy graves, por su parte, se detallan: la falta de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso al mismo. “Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara y en los accesos a la misma”, se señala.
También serán infracciones muy graves “la grabación de imágenes o audios mediante el uso de dispositivos ocultos o en los despachos de los miembros de la Cámara y en las zonas reservadas a los grupos parlamentarios y la grabación de imágenes o sonidos sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados para ello que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas”.
El régimen sancionador detalla que las infracciones leves se sancionarán con un apercibimiento y, en su caso, una suspensión de la credencial de hasta diez días hábiles. Que las infracciones graves se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre diez días y tres meses. Y que las infracciones muy graves se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre tres meses y cinco años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial.
La Proposición de reforma del Reglamento del Congreso, que incluye además la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, se compromete a “regular el procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios y fijará los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara”. Aunque en ele texto no se detallan esos requisitos, se apunta que se “tendrá en cuenta, en todo caso, la existencia de anteriores vulneraciones de lo dispuesto en este artículo, así como de las directrices y acuerdos de la Mesa”.
A finales de febrero, decenas de profesionales de medios de comunicación de toda ideología o línea editorial se manifestaron a las puertas del Congreso para exigir la implementación de medidas que garanticen el desarrollo de su actividad profesional con plenas garantías, como ocurrió siempre hasta la concesión de las acreditaciones a los agitadores a sueldo de portales de internet ultras. “Los periodistas que trabajamos en el Congreso sufrimos descalificaciones, insultos y señalamientos por parte de personas acreditadas que trabajan junto a nosotros y no respetan unas elementales normas de convivencia. Incluso nos amenazan con dar a conocer nuestros domicilios”, denunciaron portavoces de la Asociación de Periodistas Parlamentarios durante la lectura de un comunicado.
En ese mismo comunicado le pusieron deberes a los políticos al alertar de “la necesidad de que las Mesas del Congreso y el Senado adopten las medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo, sin que ello conlleve, en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía”.
En realidad, la Mesa del Congreso lleva meses de trabajo al respecto. Tras numerosas reuniones con distintas asociaciones de periodistas para conocer de primera mano sus demandas, (con la Asociación de Periodistas Parlamentarios y con la FAPE, principalmente), el vicepresidente primero de la Mesa, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha coordinado por encargo de la presidenta, Francina Armengol, una comisión específica dentro del órgano de gobierno de la Cámara (en el que hay representantes del PSOE, de Sumar y del PP), que ha abordado la necesidad de impulsar una reforma del reglamento que incluya una regulación del ejercicio de los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados que hasta hoy no existía.
