El alto tribunal entiende que es una función exclusiva del Estado y que «no caben traspasos de funciones y servicios a las comunidades autónomas»
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El Tribunal Supremo ha anulado “en su totalidad” la transferencia a Euskadi de la competencia de homologación de títulos académicos universitarios obtenidos en el extranjero. Los Gobiernos central y vasco la acordaron en 2024, al final del mandato de Iñigo Urkullu, y fue recurrida por varias plataformas. Euskadi había logrado gestionar estas autorizaciones para paliar, entre otras cuestiones, la escasez de facultativos.
En el fallo, se explica que el Supremo estima que “la competencia, aun siendo ejecutiva, es del Estado” e indelegable. “Por tanto, no caben traspasos de funciones y servicios a las comunidades autónomas”, incide. Se pone como contexto sentencias del Constitucional que inciden en el matiz de que las titulaciones “superiores” son “competencia exclusiva del Estado”. No sirven como precedentes traspasos a Catalunya o Galicia porque hacen mención a documentación “no universitaria”.
La sentencia pone de manifiesto la “incidencia” de estos títulos en el ejercicio de determinadas profesiones. Es algo que “trasciende” a las competencias educativas que sí tiene Euskadi. Hay una “afectación” al “principio de igualdad” en España. El acuerdo pasaba por permitir que el Gobierno vasco tramitase estas peticiones con la misma validez que cuando lo hacía el Estado. De hecho, muchos extranjeros se quejaban de que la ventanilla estatal estaba colapsada y apoyaban este cambio.
¿Quién recurrió? Hay varios pleitos. Por un lado, se ha resuelto de modo conjunto el interpuesto por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. Además, hay “otros cinco recursos que se deliberaron en la misma fecha, que están pendientes de sentencia”. Son del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, la Unión Profesional, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y el Consejo General de la Abogacía Española.
La sentencia fue emitida el 19 de marzo con el magistrado Pablo Lucas como ponente. Su hermano, Enrique, fue responsable de los servicios jurídicos del Gobierno vasco y propuesto por el PNV como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Los letrados tanto del Ejecutivo vasco como del central habían defendido la viabilidad del acuerdo.
Este traspaso, como otros que se están produciendo estos meses, se enmarca en el compromiso adquirido por Pedro Sánchez con el PNV para dar cumplimiento al Estatuto de 1979. Se prevé que para 2025 se hayan formalizado todas las transferencias. Además de la ahora paralizada se han acometido las de Cercanías, algunas relacionadas con inmigración o costas. Está a punto de ser firmada la de Meteorología y se negocia la Seguridad Social.
