La Ley de Vivienda, en vigor desde hace año y medio, reduce los precios del alquiler y aumenta la estabilidad de los contratos. Cuesta entender que haya quien insista en boicotear por puros intereses partidistas una norma que funciona
Hace apenas año y medio entró en vigor la primera Ley de Vivienda de la democracia, que ha puesto punto final a la anomalía de no haber desarrollado en 45 años el artículo 47 de la Constitución Española. Esta ley ha puesto el sello de defunción de una política fracasada que ha durado demasiado tiempo, basada en recortes, desregulación y privatización de millones de viviendas protegidas, que ha convertido el acceso a la vivienda en la nueva división de clases: un privilegio de pocos, en lugar de un derecho de todos.
Revertir esta situación se ha convertido en la absoluta prioridad del Gobierno que preside Pedro Sánchez. No son palabras, son hechos: se creó un ministerio específico, se aprobó la Ley de Vivienda y se están exprimiendo todas las competencias estatales, poniendo todos los recursos del Estado al servicio del derecho a la vivienda.
