El romance roto de Prisa y Moncloa

Hace una semana, comenzaba este boletín con la idea de que la televisión pone muy nerviosos a los políticos. No es que quiera repetirme, pero hace unos días lo volvimos a comprobar. Alberto Núñez Feijóo inició su pregunta a Pedro Sánchez en la sesión de control del miércoles planteándole si estaba al tanto de un supuesto intento de presión de su Gobierno a una empresa francesa que es accionista de Prisa. El típico asunto que un votante de Cuenca se muere por saber. Sánchez pasó de responderle, una mala costumbre que ha cogido y que desvaloriza el debate parlamentario al convertirlo en una sucesión de monólogos sin gracia.

Tampoco ayuda mucho la apuesta permanente por las insinuaciones que es habitual en las intervenciones de Feijóo. Pasó de acusar al Gobierno de gastarse 2.000 millones en “controlar” Telefónica a afirmar como si fuera un hecho que “parece que la usa para extorsionar a los medios de comunicación”. Como medida de conducta, es bueno no fiarse de los políticos que utilizan el ‘parece’ con la intención de atacar al adversario. En este caso aún más, porque recuerda a lo que hizo José María Aznar tanto con Telefónica como con los medios. Si Sánchez se decidiera a ir por ese camino, debería saber que está en segundo de carrera como mucho, mientras Aznar hace tiempo que se sacó el doctorado.

La pelea entre los accionistas de Prisa es real y ha ocasionado varios cambios recientes en el organigrama de la compañía, incluido el cese del consejero delegado y el nombramiento del principal accionista del grupo, Joseph Oughourlian, como presidente de El País (ya es presidente no ejecutivo de Prisa). En el origen del conflicto está el proyecto para que Prisa aspire a obtener una licencia de TDT pendiente de conceder por el Gobierno con la que montar un canal televisivo informativo. Ahí es donde entra el interés de los políticos por dejar su sello. Un nuevo canal televisivo es otro campo de batalla por el que luchar.

Antes de dejarnos llevar por las intrigas, conviene ser conscientes del mundo real. La televisión generalista ha sido en España un negocio sumamente rentable hasta niveles increíbles. Sólo hay que comprobar los beneficios de Mediaset y Atresmedia, empresas que recibieron el mayor premio que podían desear cuando Zapatero decidió que TVE debía prescindir de la publicidad. Pero las demás apuestas televisivas a través de licencias de TDT sólo han servido para acumular pérdidas millonarias para los que pensaban que con tener un canal con una determinada adscripción ideológica era suficiente para nadar en dinero. Con la única excepción de aquellos que compraron una licencia para revenderla o alquilarla a otro incauto que pasaba por allí.

Ese proyecto televisivo de un sector del accionariado de Prisa dirigido por José Miguel Contreras y cercano a Moncloa es de los que están condenados al fracaso o a que alguien que no es la empresa como tal salga beneficiado. La capacidad de rentabilizarlo es inversamente proporcional al aprovechamiento político que algunos puedan desear. Como ocurre a veces en el capitalismo, parece increíble que algunos puedan creer que van a ganar dinero con la misma idea con la que otros perdieron hasta la camisa, pero ocurre. Ya lo creo que ocurre.

El plan partía de una inversión inicial de unos veinte millones de euros y fue presentado a los responsables de la redacción de El País como si fuera una oportunidad que no se podía dejar escapar. Además, tenía el aval del entonces consejero delegado. Como periodista, uno sólo puede aspirar a que los que lo escucharon albergaran grandes dosis de escepticismo. 

El problema, que no era menor, es que contaba con la oposición del principal accionista de Prisa. Hasta que el comandante Oughourlian mandó parar. Su prioridad es reducir la deuda de la corporación, no iniciar un proyecto televisivo con una inversión insuficiente y escasas perspectivas de rentabilidad. En definitiva, no incurrir en los mismos errores del pasado que hicieron que el valor de la empresa cayera tanto que Maruja Torres sólo pudo comprar unas bragas con lo que sacó vendiendo sus acciones. Míticas bragas, todo hay que decirlo, que deberían aparecer en todos los manuales universitarios sobre la empresa periodística en España.

Auge y caída de Prisa en forma de las bragas que compró Maruja Torres. Un millón de pesetas de inversión (6.000 euros al cambio inicial) convertido en 47 euros.

Es en este momento en que hay que valorar la posible intervención del Gobierno, que adquirió rango de titular con un artículo en el semanario francés Le Point publicado el 15 de marzo. El texto era bastante especulativo, pero contaba con un titular tajante: “El País: la gran ofensiva de Pedro Sánchez para hacerse con el primer diario español”. Contaba que el Gobierno había presionado a Vivendi, accionista de Prisa con el 11,9%, para que colaborara en la destitución de Oughourlian. Debía hacerlo con la venta de su participación a los accionistas enfrentados a Oughourlian y a los que se considera cercanos al Gobierno. Había algo extraño en esta maniobra, porque el Gobierno ya había impedido que Vivendi aumentara su participación en Prisa, con lo que se estaba sugiriendo que la empresa francesa podría estar dispuesta a hacer un favor a Sánchez a cambio de ciertas contraprestaciones. El autor alentaba la rumorología afirmando que Vivendi “parece dispuesta a retirarse de Prisa en las próximas semanas”. Otro ‘parece’ que hay que poner entre comillas.

Como argumento principal, Le Point informaba de una reunión celebrada un mes antes durante una conferencia internacional sobre Inteligencia Artificial en París a la que asistieron Óscar López, ministro de Transformación Digital, el nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, y el presidente de Vivendi. Según la revista, López no sólo presionó, sino que amenazó a Vivendi si no daba el visto bueno.

El ministro ha negado totalmente esa versión. Afirmó en un programa de La Sexta que se trató de un contacto breve de unos minutos, como los que mantiene con los responsables de otras empresas de comunicación. “En ningún caso, dicho encuentro tuvo lugar para presionar ni interferir en la composición accionarial de Prisa, como falsamente han alimentado algunas informaciones interesadas”, han dicho esta semana fuentes de su Ministerio a este medio.

Nadie más interesado en conservar su puesto que Oughourlian, que tomó una decisión poco frecuente entre los dirigentes empresariales que tienen que estar atentos al Gobierno y también a sus accionistas. Plantó su bandera en público para que todos se dieran por aludidos, y en primer lugar el Gobierno.

Publicó un artículo en El País cuyo mensaje consistía en destacar una y otra vez que se ocupará de preservar la independencia del periódico. Después de aludir a las “injerencias gubernamentales” en la prensa que existen en todo el mundo, insertó un párrafo que provocó una sacudida en los muros de Moncloa: “En este contexto, sería inaceptable que, cuando estamos recordando que hace ya 50 años murió el dictador Francisco Franco, alguien cayera en la tentación de tratar de adueñarse de un medio de comunicación independiente desde el poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento”. Si alguien quiere identificar a esa empresa como Telefónica, seguro que Oughourlian no se molesta.

Feijóo se refirió a ese artículo en la sesión de control. Otros dirigentes del PP entraron en combustión. “Franco tenía su NODO y Sánchez quiere a toda costa su TelePedro”, dijo el siempre exaltado Miguel Tellado. “El asalto a Telefónica y Prisa es parte del proceso de mutación de España hacia una democracia fallida”, clamó Cayetana Álvarez de Toledo, experta en anunciar el fin de la democracia en España.

Pocos han perdido su dinero en este país al apostar a que un Gobierno del PSOE o del PP está intentando controlar la televisión. Que ahora los dirigentes del PP se muestren escandalizados revela cómo la amnesia es el rasgo más común en la clase política. Después de colocar a su amigo Juan Villalonga al frente de Telefónica, Aznar la utilizó para cargar contra los negocios televisivos de Prisa. “Telefónica, con el cash flow de un día, a vosotros os arruina”, dijo Pedro Arriola, asesor de Aznar, a un periodista de El País. El Gobierno llegó a crear un polo mediático a través de la cadena Vía Digital con la que perjudicar a Canal Satélite Digital, propiedad de Prisa. Hubo hasta un frente judicial de la ofensiva en la Audiencia Nacional dirigido a obtener una condena contra Polanco y Cebrián. Esta última maniobra acabó con la condena por prevaricación de un magistrado.

Quien más destacó en las presiones de esa época fue, cómo no, Miguel Ángel Rodríguez, entonces portavoz del Gobierno, que amenazó a Antonio Asensio si no rompía un acuerdo con Canal+, propiedad de Prisa, para gestionar los derechos de la Liga de fútbol. En los mensajes que enviaba a los colaboradores de Asensio, era aún más explícito: “Que tu jefe, cuando vuelva de vacaciones, o rompe eso o va a la cárcel”.

La lista de periodistas que han visto segada su cabeza por las presiones del PP es alta, y en muchas ocasiones la televisión está de por medio. La víctima más relevante fue José Antonio Zarzalejos al que echaron de la dirección de ABC por órdenes de Esperanza Aguirre un mes antes de las elecciones de 2008. Es curioso cómo la definición que Zarzalejos hizo de Aguirre se acerca bastante a lo que muchos opinan ahora de Isabel Díaz Ayuso: “Una mujer intervencionista, intolerante, que encaja mal las críticas, impertinente y con aquella especie de chulería que ella tiene”. Aguirre también se cargó al presentador de Telemadrid Germán Yanke por una entrevista que le pareció impertinente. Ayuso sufrió una entrevista con Silvia Intxaurrondo en Telemadrid y su reacción fue de más calado. Cambiar la ley para poner a dedo a un equipo directivo que supiera tratarle como se merece. Ana Pastor en TVE y Jesús Cintora en Cuatro también padecieron las consecuencias del gran interés del PP por los informativos televisivos. La última en pasar por ese potro de tortura es Intxaurrondo en TVE. 

Todo esto no sonará extraño a Fejóo, que se ocupó de asegurarse de que la TVG fuera una cámara de resonancia perfecta de las necesidades políticas del PP durante los doce años que presidió la Xunta.

Feijóo, monarca absoluto de la TVG, en un programa de 2016.

La obsesión de los políticos por televisión no es pura paranoia. Su influencia como medio siempre ha sido imposible de subestimar. Eso no quiere decir que cada cadena o programa sea decisivo para ganar unas elecciones. Un nuevo canal de noticias promovido por Prisa necesitaría mucho más que veinte millones anuales para consolidarse en la parrilla. Si fuera una sucesión de programas enlatados y tertulias en directo, su nivel de audiencia ya tendría bastante con situarse en torno al 1%, eso siendo optimistas. Esa es la media mensual más frecuente en el Canal 24 Horas. La idea de que pueda recibir ingresos publicitarios de un cierto nivel que lo hagan rentable con ese porcentaje sencillamente no es realista. Esa es una moto que Oughourlian no está dispuesto a comprar. 

Cada televisión tiene una historia diferente, aunque algunas cifras son muy reveladoras. Trece, propiedad de la Conferencia Episcopal, ha perdido 110 millones de euros desde su fundación hace catorce años. Nunca ha tenido beneficios. En 2023, sus perdidas ascendieron a 3,7 millones. Su audiencia actual media está por debajo del 2%.

Las relaciones entre el PSOE y Prisa dan para varios libros sobre la psicología del poder. En el pasado, formaron una familia en la que a veces era complicado saber quién era el padre y quién era el hijo. La polinización mutua fue evidente en los tiempos de Felipe González y Juan Luis Cebrián, pero comenzó a agrietarse después con Zapatero y acabó en un divorcio total cuando la etapa derechista de El País se convirtió en una agresión permanente contra Sánchez. Todo eso acabó precisamente con el control de la empresa por Oughourlian, que resumió el conflicto con una frase: “Intentamos ser de derechas, pero no funcionó y regresamos a la izquierda”. Quizá ahora el PSOE piense que lo de “la izquierda” lo decía en sentido figurado. 

Si Moncloa estuviera interesada en que exista otro canal televisivo que le sea favorable y estuviera dispuesta a todo con tal de conseguirlo, debería saber que ya no estamos en los 80 ni en los 90. Ya no existe un solo medio de comunicación que condicione la agenda informativa desde primera hora de la mañana. El papel que cumplieron El País y El Mundo en épocas diferentes ya es historia. Las tertulias radiofónicas y televisivas no necesitan que un gran medio les diga cuál es el tema del día. A veces, el titular de un medio pequeño y no muy fiable –con una noticia falsa, como ha ocurrido en múltiples ocasiones– les vale para alimentar a la bestia. Cuando hay tantos medios que dependen de la ayuda que prestan con intereses los gobiernos autonómicos del PP, empezando por el de Ayuso en Madrid, la competencia les empuja a elevar la apuesta cada día.

Por encima de todo ello está un hecho que los políticos nunca aceptarán. El apoyo mediático no es un remedio infalible. Alfredo Urdaci no consiguió que el PP ganara las elecciones de 2004. TVE no impidió que la crisis económica abrasara a Zapatero y pusiera fin a su presidencia. El País de Antonio Caño no pudo frenar a Sánchez en las primarias del PSOE (y mira que lo intentó). Ana Rosa Quintana y Pablo Motos no llevaron al PP a la victoria en las elecciones de 2023 y ahora sangran por la herida.

Todo eso está muy bien, responderá un político, pero esta vez será diferente.