El Tribunal establece que la medida es »imprescindible» para corregir la situación de hacinamiento en los centros de las islas, »incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger»
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El Tribunal Supremo requiere al Estado que se haga cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo acogidos en la red de protección de Canarias. En un plazo »improrrogable» de diez días, el Gobierno central tendrá que garantizar el acceso y la permanencia al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a los jóvenes que hayan solicitado la protección internacional o que hayan manifestado su voluntad de hacerlo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha adoptado esta medida cautelar positiva que afecta a unos 1.000 menores no acompañados que hasta ahora forman parte de la red de protección del Archipiélago. El auto ha sido dictado a instancia del Gobierno de Canarias, que había requerido previamente al Ejecutivo central la adopción de estas medidas.
En el auto al que ha tenido acceso este periódico, la Sala concluye que el sistema estatal de acogida de los menores que solicitan protección internacional »no ha sido puesto a disposición» de los jóvenes acogidos en Canarias a pesar de ser un sistema al que tienen »pleno derecho». Según el documento, el acceso de los jóvenes a este servicio permitiría corregir el hacinamiento en el que conviven los menores en Canarias »abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger».
En octubre de 2024, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias requirió al Ministerio de Migraciones que los jóvenes solicitantes de asilo fueran derivados a recursos del Estado. Sin embargo, según indicó la responsable del área, Candelaria Delgado, en diciembre del año pasado todavía no habían obtenido respuesta.
Con la resolución del Supremo y el acuerdo para reformar la Ley de Extranjería parece estar más cerca el fin del hacinamiento de menores en los dispositivos de acogida de Canarias. Con la modificación legal aprobada el pasado martes en el Consejo de Ministros, se prevé que sean reubicados 4.000 niños que ahora viven en las islas.
El real decreto ley no solo recoge los criterios que determinarán la cifra de menores que acogerá cada comunidad. También establece la obligación de las autoridades de escuchar a los jóvenes en todo el proceso.
