El Tribunal Superior regional pregunta al Tribunal de Justicia de la UE si debe aplicar una resolución en pleno conflicto entre el Constitucional y la Audiencia de Sevilla por las sentencias de los ERE de Andalucía
La Audiencia de Sevilla cuestiona las sentencias del Constitucional y plantea llevar los ERE a Europa como pide el PP
Un tribunal madrileño ha llevado a Europa el debate sobre si, en la práctica, los jueces españoles están o no obligados a obedecer al Constitucional. En un auto, el Tribunal Superior de Madrid ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al entender que una sentencia del Constitucional sobre un laudo empresarial “parece contradecir abiertamente la doctrina del TJUE”. La cuestión va camino de Luxemburgo pocos días después de que la Audiencia de Sevilla también haya planteado la posibilidad de no aplicar las sentencias del Constitucional sobre los ERE de Andalucía.
El TSJM explica que su duda viene de una sentencia del Constitucional de finales del año pasado. La sala primera del tribunal, con unanimidad de conservadores y progresistas, anuló una resolución del tribunal madrileño relacionada con un laudo arbitral entre empresas del sector del transporte VTC entre Cabify y otras empresas del sector. El TSJM entiende que la decisión del Constitucional es contraria a la doctrina europea y ha decidido acudir directamente al TJUE para que explique, en la práctica, hasta qué punto está obligado a cumplir a ratajabla con el dictamen.
Los jueces creen que el Constitucional estableció una “restricción en el enjuiciamiento sobre la validez de los laudos por infracción de orden público” y eso, añaden, “parece contradecir abiertamente la doctrina del TJUE”. Es necesario que el TJUE se pronuncie, añade el TSJM, porque la decisión del Constitucional “no parece” que “se acomode al nivel de protección que demandan” los textos europeos y adolece de “una incompatibilidad racional con la doctrina del TJUE”.
La pregunta de este tribunal pide al Tribunal de la Unión un pronunciamiento sobre la sentencia del Constitucional y si es compatible con la normativa europea. La decisión no ha sido unánime: uno de los tres magistrados, el presidente Celso Rodríguez, ha votado en contra. Este juez, en su momento portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cree que la doctrina del Constitucional está clara: “No se trata de una materia novedosa sino minuciosamente tratada en numerosas ocasiones”.
Para este magistrado, lo que están haciendo sus compañeros es “sortear el pronunciamiento del Tribunal Constitucional promoviendo la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión”, algo que según su criterio “no se acomoda al inequívoco mandato” de la Ley Orgánica del Poder Judicial española.
Conflicto por los ERE de Andalucía
La pregunta del TSJM a Luxemburgo llega en un momento de máxima tensión entre el Constitucional y la Audiencia de Sevilla a cuenta del caso de los ERE de Andalucía. El tribunal sevillano, encargado de ejecutar las sentencias del Constitucional sobre este caso que anularon buena parte de las condenas, ha abierto la puerta a dirigirse a Europa para preguntar lo mismo: si debe aplicar esas sentencias al entender que van en contra de la doctrina judicial comunitaria.
En el Constitucional se analiza desde hace días si es necesario poner en marcha algún movimiento ante decisiones de tribunales territoriales que consideran “inauditas”. En su reunión del pleno de este martes, el presidente del organismo, Cándido Conde-Pumpido, realizó “una primera aproximación” sobre estas cuestiones prejudiciales en el proceso de ejecución de las sentencias del Constitucional. Está previsto que se encargue un informe interno al respecto.
En el caso de los ERE de Andalucía, el caso todavía no ha puesto rumbo a Luxemburgo. En el supuesto del conflicto en torno a las empresas VTC, el TSJM ya ha activado los mecanismos para que los jueces del TJUE se pronuncien y revisen, en la práctica, la sentencia del Constitucional.
