Los equipos de María Jesús Montero y Yolanda Díaz apuran los plazos para evitar el choque en el Congreso y encallan en la fórmula técnica que permitirá que los trabajadores sin convenio no vean reducido el IRPF en su nómina
El Gobierno da por perdidos los presupuestos de este año y asume la prórroga hasta 2026
Hacienda y Trabajo no terminan de encontrar una salida pactada al choque frontal por los impuestos que pagan los trabajadores que cobran el salario mínimo. Después de semanas de tensiones internas, el departamento de María Jesús Montero autoenmendó su postura. De cerrarse en banda a que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) supusiera un año más la frontera entre las rentas que deben pagar IRPF y las que no, a sentarse con el equipo de Yolanda Díaz en busca de una fórmula que permita a ese grupo de asalariados deducirse la fiscalidad. A última hora de este jueves, ambas partes confirmaban que no se había concretado una solución técnica y que las conversaciones continuaban in extremis para evitar que el enfrentamiento escalara un poco más en la vía parlamentaria.
Este viernes se cumple el límite legal que tiene el Gobierno para registrar en el Congreso el veto a las propuestas de Sumar, PP y Podemos que buscan tumbar la decisión adoptada en su día por Hacienda de que este año, tras la nueva revalorización, sí tributaran los receptores del salario mínimo. Al tratarse de una medida que tiene impacto en las cuentas públicas, la Constitución concede al Ejecutivo la potestad de bloquear esas propuestas, aunque la idea era llegar a un acuerdo en el seno de la coalición antes de que expire el plazo y así ahorrarse una foto de ruptura complicada de digerir para PSOE y Sumar.
“Esperamos llegar al acuerdo en los próximos días. Nosotros nos hemos movido, pero no podemos elevar hasta el infinito y permanentemente el ahorro de las rentas bajas porque haría que la recaudación cayera en su totalidad, ya que vamos acercando el salario mínimo a los salarios más frecuentes”, respondió este jueves María Jesús Montero a preguntas de la prensa. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda explicó que el planteamiento con el que se trabaja pasa por “compensar” al 20% de trabajadores que cobran el mínimo, lo que implicaría “algo más de 200 millones” de impacto en las arcas públicas, según los cálculos de la propia Montero.
“Nos pusimos a negociar desde el martes y seguimos negociando”, explicaba Díaz el jueves por la mañana en una entrevista en RNE. La vicepresidenta segunda mantiene en público y en privado desde que estalló el conflicto que no permitirá que se mantenga lo que considera una “tremenda injusticia fiscal”. “No estamos cumpliendo con la Carta Social Europea porque de los 50 euros que el Ministerio de Trabajo ha implementado 22 euros están en la Agencia Tributaria”, argumentaba después en el evento de elDiario.es sobre Fondos Europeos.
Tras la reunión del Consejo de Ministros de esta semana se produjo un encuentro entre las titulares de Hacienda y de Trabajo. El propio presidente del Gobierno había trasladado a ambas su preocupación sobre la disputa entre las dos alas de la coalición en un asunto de tanto impacto en la opinión pública. El resultado de ese encuentro en la Moncloa entre Montero y Díaz fue el compromiso de sentar a los equipos de sus respectivos departamentos hasta encontrar una salida pactada que, a última hora de este jueves, continuaba sin cerrarse.
Después de esa reunión, uno de los primeros choques, ahora ya encauzado, pasaba por la forma de lograr esa exención. Trabajo siempre ha defendido –así figura en el texto que registró hace un mes en el Congreso– una modificación del IRPF para que las personas que cobran el SMI vean reflejada directamente en la nómina la exención. Hacienda ha optado por la vía de la compensación: que los trabajadores paguen el impuesto mensualmente, pero luego puedan deducirlo de manera específica en la declaración de la renta.
“El 60% del salario medio neto”
Aunque esta opción no es la ideal para Sumar es un punto intermedio que estaban dispuestos a aceptar, puesto que finalmente el trabajador se ve beneficiado de esta exención aunque no lo haga de forma automática. El problema que ha sobrevolado las conversaciones en las últimas horas tiene que ver, en realidad, con uno de los puntos del acuerdo de investidura que firmaron PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez.
Ese texto establecía que el Gobierno debía cumplir con la Carta Social Europea, que entre otras cosas establece que el salario mínimo debe situarse en el 60% del salario medio neto. Esa última palabra es importante porque los planes de Trabajo pasan porque con esta exención esté garantizado que el salario mínimo llegue a ese porcentaje del salario medio después de impuestos.
“No estamos cumpliendo con la carta social europea porque de los 50 euros que el Ministerio de Trabajo ha implementado de subida, 22 están en la Agencia Tributaria. Este es el debate que tenemos hoy. Por tanto, el cumplimiento del acuerdo de Gobierno es el salario medio neto. A día de hoy, en marzo, no estamos en el 60% del salario medio neto por la tributación que tenemos en estos momentos”, defendió Díaz en el evento de elDiario.es sobre Fondos Europeos. Es una forma de contrarrestar los argumentos de Hacienda para defender que el salario mínimo en España ya ha llegado a ese 60% del salario medio que marca la carta europea.
Por el momento, ninguna de las dos partes se ha levantado de la mesa y aunque quedan escasas horas para que venza el plazo del que Hacienda dispone para imponer un veto a la ley de Sumar registrada en el Congreso para eximir de tributación al SMI, los dos ministerios están dispuestos a llegar a un acuerdo.
Una situación radicalmente diferente a la de hace una semana. Montero permanecía desde el principio enrocada en su negativa a que los salarios mínimos queden exentos mientras Sumar estaba dispuesta a llegar hasta el final para levantar en el Congreso de los Diputados el veto que el Gobierno puede imponer a su ley, bajo el argumento de que modifica partidas presupuestarias.
Es algo que puede seguir ocurriendo si ambas partes no llegan a un acuerdo este viernes y el choque vuelve a apuntar al Parlamento. Yolanda Díaz ha advertido en varias ocasiones que está dispuesta a levantar el veto en el Congreso con los votos del PP, que también registró una ley en el mismo sentido y que ha aceptado asociarse con Sumar para cambiar el paso del PSOE. Pero ese es el último escenario, porque la prioridad desde el martes es encontrar un acuerdo en el seno del Gobierno y evitar una nueva imagen en la Cámara Baja que muestre la división interna de la coalición.
