Anticorrupción le atribuye delitos de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad por unas prácticas que habrían causado un perjuicio de 4,5 millones de euros a la entidad federativa
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La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años y medio de cárcel y una pena de multa de 966.000 euros para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar por la obtención de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado un perjuicio de 4,5 millones de euros al ente federativo. Entre ellos, varios partidos amistosos de la selección con los que habría beneficiado a su hijo. El Ministerio Público le atribuye delitos de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad, según el escrito que ha adelantado la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es.
Se trata de la pieza principal del denominado caso Soule, una investigación que se inició en 2017 y en la que se ha indagado si Villar y el entonces vicepresidente económico Juan Antonio Padrón se aprovecharon de sus cargos para beneficiar a personas de su entorno. Lo hicieron, según la Fiscalía, “bien con la consecución de contratos a su favor en condiciones económicas perjudiciales para la RFEF, bien mediante el pago con cargo a fondos de la RFEF de retribuciones que o no se correspondían con ninguna prestación de servicios o no en las condiciones que se retribuían”.
La Fiscalía sostiene que desde al menos el año 2009 “Villar decidió la celebración de algunos de los partidos amistosos de la Selección Absoluta de Fútbol de acuerdo con lo convenido con su hijo” —Gorka, también acusado— “en perjuicio de la RFEF y con el fin de beneficiar a éste personalmente y a través de su sociedad Sport Advisers mediante la obtención de contratos entre ellos y las federaciones que resultaban favorecidas con su selección para esos partidos”.
Con ello, Gorka Villar y su sociedad obtuvieron unos ingresos de 366.583,08 euros y la la RFEF sufrió un perjuicio de al menos 3.830.000 euros, según los cálculos de la Fiscalía. Anticorrupción sostiene también que hubo también un pago indebido de retribuciones al abonar servicios no prestados a una empleada, por un importe total de 684.441,72 euros.
