El pacto entre el Gobierno y el Vaticano para resignificar el lugar y la resolución judicial que permite las exhumaciones tumban años de oposición en España de los grupos ultras, sectores de la Iglesia y los partidos de la derecha a dar un nuevo sentido al monumento franquista
La Justicia da luz verde a las exhumaciones de Cuelgamuros
El Valle de Cuelgamuros dejará de ser definitivamente el Valle de los Caídos en los próximos años. Los acuerdos del Gobierno con el Vaticano para resignificar hasta la basílica se suman a la sentencia que recientemente ha dado luz verde a seguir exhumando restos de víctimas de la dictadura de sus criptas. Pactos y resoluciones judiciales que neutralizan la oposición que distintos sectores de la Iglesia, las asociaciones fascistas y ultracatólicas y la derecha política han ejercido desde la retirada del cadáver de Francisco Franco.
El conjunto monumental del Valle de los Caídos se levantó en las primeras dos décadas de dictadura usando presos políticos republicanos como mano de obra. Sus 152 metros de altura hacen de ella la cruz más alta de Europa y su misión siempre ha sido la misma: acoger la sepultura del dictador y homenajear el régimen autoritario que cada 20 de noviembre acudía a la sierra de Madrid para conmemorar la muerte de José Antonio Primo de Rivera.
El PSOE ya explicaba en su programa electoral de 2016 que uno de sus objetivos era convertir el Valle en “un espacio para la cultura de la reconciliación”. Ese año había llegado una decisión pionera de un juzgado de Madrid que reconocía el derecho de los descendientes de los hermanos Ramiro y Manuel Lapeña, delatados por el cura de su pueblo y fusilados durante la guerra, a recuperar los restos de sus familiares de las criptas. Y en 2018, poco después de la llegada al poder de Pedro Sánchez a través de la moción de censura, el Gobierno anunció su intención de sacar los restos de Franco para llevárselos a Mingorrubio.
La extrema derecha activó entonces una maquinaria de recursos judiciales que ha retrasado durante años la mayor parte de las medidas emprendidas por el ejecutivo para resignificar el Valle. La primera fue la exhumación del cadáver de Franco, que se ejecutó casi medio año después de lo previsto porque un recurso de los descendientes del dictador consiguió paralizar cautelarmente el proceso en el Tribunal Supremo.
Los jueces terminaron rechazando todas las alegaciones de los descendientes de Franco, que iban desde el urbanismo hasta quejas de carácter religioso. Y la exhumación se llevó a cabo en la mañana del 24 de octubre de 2019 con un helicóptero Superpuma llevando el féretro y los familiares y seguidores de Franco manifestándose en El Pardo. Ante los ojos de Antonio Tejero, entre gritos de “¡Viva Franco!” de sus descendientes y ante los vaticinios de un enfrentamiento social que nunca llegó a producirse.
La lucha judicial para sacar a Franco del Valle fue relativamente rápida en comparación con la que soportan desde hace años los descendientes de un centenar de víctimas de la dictadura que quieren sacar los restos de sus familiares de las criptas de la Basílica. La primera sentencia que reconoció ese derecho en el caso de los hermanos Lapeña llegó en 2016 pero el camino no ha quedado judicialmente despejado hasta 2025: cuando el Tribunal Superior de Madrid ha avalado la licencia urbanística que, en la práctica, sostiene los trabajos necesarios para las exhumaciones.
Los autos, sentencias y decisiones judiciales del caso permiten seguir el rastro de quiénes son los autores de los recursos que han propiciado años de bloqueo a las exhumaciones de víctimas. La Fundación Franco, la ultra Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, un descendiente de José Utrera Molina y un empresario franquista que llegó a ser mano derecha de Villar Mir en OHL, entre otros. Y la última sentencia del caso, además de rechazar sus argumentos urbanísticos para avalar las exhumaciones, pone fin a una estrategia que ha servido para ralentizar el proceso durante años: primero con unas medidas cautelares que fueron finalmente tumbadas por el Supremo y ahora, una década después, sobre el fondo del asunto.
Las decisiones judiciales han terminado por avalar unas iniciativas de memoria histórica que desde el principio se han encontrado con una oposición firme tanto por parte de la derecha como por parte de grupos franquistas y ultracatólicos y algunos sectores de la Iglesia. Una oposición que ahora se ha encontrado con otro obstáculo: el propio Vaticano ha dado el visto bueno a que el Valle deje de ser, definitivamente, de los Caídos para ser Cuelgamuros.
Gobierno e Iglesia, “de la mano”
Desde asociaciones ultracatólicas como Abogados Cristianos o HazteOir pasando por Partido Popular y Vox y el prior Santiago Cantera. Todos han mostrado, en mayor o menor medida, su oposición o desprecio a cualquier intento del Gobierno por resignificar la mayor cruz de Europa y que deje de ser un homenaje a la dictadura. Con argumentos similares a los que han rechazado los tribunales: cumplir las leyes de memoria histórica y democrática no constituye la profanación de una Iglesia.
El último espaldarazo a la estrategia del ejecutivo central ha llegado, precisamente, de un estamento reticente en España a todo el proceso: el Vaticano. Tal y como reveló elDiario.es, el ministro Félix Bolaños se reunió en Roma a finales de febrero con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y desbloqueó una negociación clave. Los benedictinos se quedan en el Valle y la Iglesia participará en el concurso para modificar el interior del templo, que no será desacralizado.
Todo se materializará a través de un concurso de ideas con una inversión de 31 millones de euros a consumar en mayo de 2026. El altar mayor y las bancadas de la basílica, pase lo que pase, seguirán dedicándose al culto católico. El concurso se lanza en una triple dirección: una transformación en clave paisajística y artística, la construcción de un centro de interpretación y un proceso de ‘musealización’ para explicar a partir de paneles u otro tipo de elementos qué es Cuelgamuros.
La derecha parlamentaria española no ha tenido grandes comentarios para los acuerdos con el Vaticano después de años quitando importancia a la existencia del monumento y dejando las medidas de memoria histórica, en el mejor de los casos, a la altura de una cortina política de humo. Isabel Díaz Ayuso, desde la Comunidad de Madrid, también ha movido sus propias fichas para boicotear la memoria histórica sin entrar en la retórica abiertamente nostálgica de Vox: declarando la escolanía como Bien de Interés Cultural o, ya en el kilómetro cero de la capital, oponiéndose a que la Casa de Correos donde tiene su gobierno sea reconocido como uno de los epicentros de la tortura policial franquista en Madrid.
El Gobierno, mientras tanto, expone un escenario de difícil gestión para la derecha al haber acometido el proyecto con el visto bueno de Roma: “Es una gran noticia para la democracia española que Gobierno e Iglesia vayan a trabajar de la mano para resignificar un monumento de homenaje al dictador y que lo va a ser a la democracia y la memoria”, dijo Bolaños en el foro sobre Fondos Europeos de elDiario.es. A la espera de que los actores habituales de los últimos años lleven, de nuevo, el proceso de resignificación a los juzgados.
