El decreto de 2021 que imponía más requisitos no ha frenado la aprobación de campus que no alcanzan los mínimos de la norma por, entre otras cosas, la moratoria de cinco años para cumplir tras empezar a funcionar que les concede la regulación y que los informes previos del ministerio no son vinculantes
El Gobierno obligará por decreto a las universidades privadas a tener alojamiento para sus estudiantes
Una universidad en un edificio de oficinas en un polígono industrial. Otra en un antiguo concesionario de coches. Una tercera en un local de un centro comercial.
Los centros privados de dudosa calidad proliferan por todo el estado en los últimos años. Lo hacen pese a que varios de ellos cuentan con informes desfavorables del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y también pese al Real Decreto que redactó el exministro Manuel Castells para endurecer los requisitos de lo que debe considerarse una universidad. Esta norma no ha surtido el efecto que su impulsor habría deseado: en los cuatro años largos que han pasado desde que se aprobó numerosos proyectos han salido adelante pese a no llegar a los mínimos que exige la nueva ley.
La clave, cuentan expertos universitarios, está en la moratoria de cinco años incluida en la norma para que los nuevos centros se ajusten al decreto una vez obtenida la aprobación, y por esa rendija se están colando proyectos que no cumplen. Los centros juegan a los hechos consumados: una vez aprobados, la pelota pasa a estar en manos de los gobiernos regionales. Los mismos ejecutivos que los aprobaron pese a los informes desfavorables deberían cerrarlos –quitarles la condición de universidad, y con ella su capacidad de expedir títulos oficiales– si no se han adaptado, una medida que se antoja difícil aunque solo sea por lo improbable que se antoja que dejen al estudiantado a mitad de grado.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, es consciente de los agujeros del decreto de Castells y se prepara para actualizarlo. Está previsto que en los próximos días se anuncien las medidas por las que se endurecerá la normativa. Porque el propio ministerio admitió a finales del pasado año que en este casi lustro se han aprobado nueve universidades privadas nuevas, y que al menos tres de ellas pasaron el filtro contra el criterio de los técnicos del ministerio y de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), órgano que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas y que debe valorar la calidad de cada proyecto y si se ajusta o no a la normativa. Y estos informes son obligatorios, pero no vinculantes. Los Ejecutivos regionales los pueden ignorar, como ha sucedido varias veces en los últimos años.
Tres de estos centros aprobados recientemente sin reunir ya los requisitos marcados por el decreto (y por lo tanto que están consumiendo la prórroga para ponerse al día) son la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo en Málaga (Utamed), la universidad online de Andalucía impulsada, entre otros, por el exconsejero de la Junta Javier Imbroda, la madrileña Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (Udit) en Madrid, y la Universidad Tecnológica de Canarias (TECH). A este grupo se sumarán otras si no hay un giro de guión radical: Madrid ya tramita la aprobación de la Universidad Abierta de Europa y Extremadura lo mismo con Uninde.
Negocio de alta rentabilidad
La enseñanza superior privada se ha convertido en los últimos años en un negocio de alta rentabilidad con una clientela más o menos asegurada por la demanda cada vez más alta de formación especializada (los másteres son la guinda del pastel, y en ese apartado la privada ya ha tomado la delantera por primera vez en la historia). Y al calor de unos beneficios millonarios se han asomado iniciativas de todo tipo, con más o menos éxito. Según fuentes de CCOO el Ministerio de Universidades tiene en este momento unas 30 peticiones de creación de nuevos centros y en este momento se están tramitando ya al menos siete (cuatro en Madrid, dos en Extremadura y uno en Galicia). Desde que el PSOE accedió al Gobierno en 2018 los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han emitido 21 informes desfavorables, cinco positivos y otros dos condicionados a cambios, según El País.
Esta eclosión ha provocado que sea ya cuestión de (poco) tiempo que haya en España más universidades privadas que públicas, cuando hace solo 25 años la relación era de 50 públicas frente a 16 de iniciativa empresarial o de la iglesia. Hoy las públicas siguen siendo las mismas, pero las privadas ya suman 46.
Buenas intenciones, peor ejecución
El paso de Castells por el ministerio se centró en dos cuestiones: actualizar la ley de Universidades, medida que finalmente completó su sucesor, Joan Subirats, y regular qué se considera una universidad y qué requisitos deben cumplir los centros para serlo. Para esto último, el exministro endureció una normativa que hasta entonces apenas planteaba exigencias a las universidades privadas.
Castells, un académico de reconocido prestigio internacional en su campo, puso el foco en las actividades básicas de lo que debe ser una universidad, que en su opinión –compartida por mucha gente en el sector– pasa principalmente por la formación básica y la investigación, la pata que más flojea en lo privado. Para ello, dejó negro sobre blanco que las universidades deben tener una oferta mínima de enseñanzas conducentes a la obtención de diez títulos oficiales de grado, seis títulos oficiales de máster y dos programas oficiales de doctorado y con presencia de tres de las cinco grandes ramas del conocimiento; que el grueso de sus estudiantes deben ser de grados oficiales y no de máster; que deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto a un programa o programas propio de incentivación de la investigación, entre otras medidas.
Pero incluyó el periodo de adaptación de cinco años, en vez de obligar a que los nuevos proyectos cumplieran desde el principio, y por ahí fracasó el decreto, según coinciden varias fuentes consultadas. La información conocida –en unos procesos altamente oscuros sobre los que ministerio y comunidades no informan con transparencia– parece darles la razón: sin necesidad de escarbar demasiado, de las nueve universidades aprobadas entre 2020 y 2024 solo dos (la Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, en Málga, y el CEU Fernando III, también en Andalucía y en este caso pendiente de su publicación definitiva) tienen programas de doctorado, un requisito imprescindible por el que flojean muchas privadas.
La otra omisión del decreto de Castells fue, añaden las fuentes, no darles carácter vinculante a los informes de idoneidad que realizan el ministerio o las propias comunidades autónomas. Si estos dictámenes fueran definitivos, varios de los proyectos aprobados en los últimos años no existirían hoy.
Sobre estas dos cuestiones se espera que actúe el Ministerio de Universidades cuando actualice la norma, según ha anunciado que hará. El departamento que dirige Morant no ha querido avanzar por dónde irá la normativa, pero se prevé que se presente en los próximos días.
Mientras, las universidades han ido buscando “maneras de esquivar” la normativa, explican desde CCOO. Muchas de las exigencias que impone la ley para abrir nuevos centros, aunque sea en diferido, desaparecen cuando en vez de solicitar una nueva licencia lo que se pide es un permiso para instalar un centro de una universidad que existe en otra comunidad. Es por ejemplo el caso del Instituto Empresa (IE), que prepara su desembarco en Madrid desde Castilla y León de esta manera. Otro movimiento habitual recientemente es que un centro que funcionaba adscrito a una universidad se escinda para pasar a ser un organismo propio. En estos casos, hay varios ejemplos en Madrid, como su oferta académica ya está aprobada por las agencias reguladoras de la calidad, el trámite se hace más sencillo y, sobre todo, más corto.
