Según Jaibi, este modelo de externalización no es nuevo sino que la Unión Europea ya aplicó estrategias similares con países como Turquía, al que consideró «seguro», a pesar de la vulneración de los derechos humanos
Von der Leyen presume del acuerdo con Túnez para el control migratorio pese a las denuncias por vulneración de derechos humanos
El caso tunecino refleja la tendencia en políticas migratorias de la Unión Europea, donde la externalización del control migratorio a terceros países se ha priorizado sobre la garantía de los derechos fundamentales, según la profesora Neïla Dorra Jaibi, especialista en Derecho Europeo y Derecho de Migración en la Universidad de Túnez. “Lo que busca la UE es la eficacia de su objetivo en detrimento de los derechos humanos”, afirmó la profesora en una conferencia que impartió en Casa Árabe en Madrid el miércoles.
Su intervención se centró en el impacto de las políticas migratorias en cooperación con UE y la falta de garantías y protección de los derechos de las personas migrantes que pasan por Túnez para poder llegar a Europa a través del mar Mediterráneo. “Lo que importa es la lucha contra la inmigración ilegal”, señaló.
La jurista tunecina destacó la manera en la que la UE ha promovido la aplicación de normas flexibles que quedan en manos de los Estados miembros. “Túnez ha sido clasificado como lugar seguro por la Unión Europea. Sin embargo, las instituciones de la Unión Europea son muy criticadas por su falta de respeto a los derechos humanos”. Eso plantea serias dudas sobre su eficacia a la hora de proteger los derechos humanos. La académica consideró que la aplicación de estas normas, “en particular las celebradas por Frontex y terceros países, representa una amenaza grave, muy grave, para la protección de los derechos humanos”.
La profesora advirtió de que las normas, “si bien permiten una armonización procedimental, otorgan a los Estados un margen discrecional significativo en la aplicación de las normas de asilo y migración”. “La UE está allanando el camino hacia la vulneración de los derechos humanos”, agregó.
Las políticas migratorias europeas han dado lugar a acuerdos en materia migratoria con Túnez, a pesar del retroceso en las libertades y derechos básicos en el país árabe en los pasados años. En la recién aprobada directiva de retornos, la Comisión Europea abre la puerta a la apertura de centros de retorno fuera de la UE, similares a los que propone el Gobierno italiano de Giorgia Meloni en Albania. Según la directiva, los países de la UE podrán llegar a acuerdos con países extracomunitarios para establecer centros de deportación a los que se enviará a las personas migrantes a las que se le haya denegado el asilo o que no cumplan los requisitos para estar en suelo europeo.
“Es una externalización pura y simple de las políticas migratorias, y se hace en un sentido preciso”, dijo la académica, quien recordó el caso del acuerdo de Europa con Turquía, sellado en marzo de 2016, para deportar a ese país toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas.
Jaibi señaló que Túnez, a pesar de haber ratificado la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados, no ha adoptado legislación nacional alguna que garantice su aplicación. La ausencia de un marco legal claro para las personas refugiadas genera una situación de vulnerabilidad extrema, que se agrava por la discriminación a nivel social y la falta de recursos institucionales.
“Túnez no está preparado para ser un país ni de destino ni de acogida, debido a la ausencia de medios financieros y por la falta aceptación de la diversidad, sobre todo cuando paradójicamente [los migrantes] vienen del Sur; se han producido ataques masivos por parte de la población local”, advirtió la experta. En 2023, se registró una ola de discriminación y violencia racista contra los migrantes residentes en Túnez o que se encontraban en el país a la espera de zarpar hacia Europa. A eso se suma la persecución por parte de las autoridades, que han sido acusadas de expulsar a los migrantes subsaharianos y abandonarlos en el desierto en las fronteras con Argelia o Libia.
Como concluyó Jaibi, “la situación actual exige un cambio de enfoque que priorice la dignidad y los derechos de los migrantes”. En este contexto, se hace imperativo que la cooperación entre la UE y Túnez en materia migratoria no implique un control basado en acuerdos y mecanismos que carecen de garantías legales reales.
