Los expertos dan la voz de alarma ante el ataque del Gobierno a los medios y la cultura y el rechazo a aceptar las decisiones judiciales
‘The Atlantic’ publica los planes que el jefe del Pentágono compartió en Signal para demostrar que era información clasificada
Cuando entró en el suntuoso vestíbulo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Donald Trump se detuvo un momento para admirar su retrato y luego subió a un estrado especialmente construido para la ocasión. Dos estatuas art déco, que representan al Espíritu de la Justicia y a la Majestad de la Justicia, habían sido cuidadosamente ocultadas tras una cortina de terciopelo azul.
El presidente de Estados Unidos, que en enero se convirtió en el primer delincuente convicto que llega a la Casa Blanca, procedió a airear agravios, referirse en términos vulgares a sus adversarios políticos y acusar a los medios de comunicación de corrupción y de hacer cosas “completamente ilegales”, sin aportar pruebas. Trump se dirigió a los funcionarios del Departamento de Justicia para pedirles “que velen” por revertir esta situación, que “es completamente ilegal”.
Hacía 10 años que ningún presidente de Estados Unidos visitaba el Departamento de Justicia. A pesar de que el discurso de Trump supuso una ruptura con la tradicional independencia del departamento ejecutivo federal, no causó ni sorpresa ni conmoción.
Su discurso se desvaneció rápidamente en el veloz y frenético ciclo de las noticias. Sin embargo, es probable que los historiadores del futuro consideren que esta comparecencia fue un punto de inflexión en el giro de la democracia estadounidense hacia un destino antaño impensable. Debilitar al gobierno federal y subyugar al Congreso; desafiar las órdenes judiciales y deslegitimar a los jueces; deportar a migrantes y detener a manifestantes sin el debido proceso; reprimir la libertad de expresión en universidades e instituciones culturales; acobardar a los medios de comunicación con el “divide y vencerás”. A todo ello se le suma un ecosistema mediático de derechas que le garantiza al presidente el consentimiento y la obediencia más absoluta, junto con una oposición débil y dividida que ofrece una débil resistencia. Según los expertos, si unimos todos los puntos, Estados Unidos camina sonámbulo hacia el autoritarismo.
Tara Setmayer, exdirectora de comunicación republicana convertida en crítica de Trump señala que “las señales de alarma son claras”. En su opinión, la democracia de Estados Unidos se está acercando a un “Defcon 1”; un acrónimo que en lenguaje militar significa “condición de defensa” y que en su nivel 1, el de mayor gravedad, se refiere a un ataque inminente. Según Setmayer, “los medios de comunicación y la oposición política no han sabido transmitir al pueblo estadounidense la gravedad de la situación: ”Este es el mayor peligro del momento en el que estamos ahora, que esta situación se normalice“.
Durante la campaña presidencial del año pasado, periodistas y demócratas no se cansaron de repetir que si Trump volvía a la Casa Blanca podía poner en peligro una democracia con 240 años de historia. Recordaron que tras su derrota electoral en 2020, no aceptó el resultado e instigó un golpe de Estado contra el Gobierno estadounidense el 6 de enero de 2021. En una entrevista televisiva, prometió ser “un dictador”, a partir del “primer día en la Casa Blanca”. Sesenta días después de su toma de posesión, la única pregunta es si estas advertencias se quedaron cortas.
Trump, que es el 45º y 47º presidente de Estados Unidos, no ha perdido el tiempo en lanzar un esfuerzo concertado para reforzar el poder ejecutivo, socavar los controles y equilibrios y desafiar las normas legales e institucionales establecidas. Y no oculta su ambición de convertirse en un caudillo. El presidente, de 78 años, ha declarado: “Nosotros somos la ley federal” y ha publicado en las redes sociales una imagen suya con una corona que reza: “Larga vida al rey”. También ha publicado una frase que se atribuye a Napoleón: “Quien salva a su país no viola ninguna ley”. JD Vance, el vicepresidente, ha afirmado que “a los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del Ejecutivo”.
Tras su toma de posesión, Trump no tardó en indultar a las personas que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, y en colocar a personas de su círculo en puestos clave del FBI y del Ejército. También inició una purga en el Departamento de Justicia con el despido de empleados que consideraba desleales. La decisión del Departamento de Justicia de retirar los cargos de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, a cambio de su cooperación con las medidas represivas que Trump está implementando contra la migración, desencadenó una serie de dimisiones en cascada.
Trump tiene ahora en su punto de mira el poder judicial. El pasado fin de semana, la Casa Blanca desafió la orden verbal de un juez que le impedía invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 pensada solo para ser utilizada en tiempos de guerra, para justificar la deportación de 250 presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, donde serán recluidos en una megaprisión para 40.000 reos. Trump acusó a James Boasberg, el juez de distrito de Washington que dictó la resolución, de “corrupto”, dijo que debería ser “destituido” y lo calificó de “juez lunático de la izquierda radical”. El exabrupto llevó al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, a reprender al presidente y subrayar que “durante más de dos siglos, se ha establecido que el impeachment, o proceso de destitución, no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”.
En una entrevista en la cadena conservadora Fox News, Trump negó haber desafiado una orden judicial y dijo que no lo haría en el futuro. Pero añadió en tono amenazador: “Tenemos jueces nefastos y no deberíamos consentir esta situación. Creo que, en cierto punto, tienes que empezar a ver qué haces cuando tienes un juez rebelde”.
En un post publicado en la red social X, David Frum, exredactor de discursos del expresidente republicano George W Bush, señaló que “casi todas las acciones importantes de Trump son intencionadamente ilegales. La estrategia de Trump es conseguir que el sistema democrático estadounidense esté demasiado roto para detenerle. Da por sentado que todo lo que tiene que hacer es ‘es patear la puerta para que todo el edificio se venga abajo’. Ha llegado la hora de la verdad”.
La Casa Blanca aún no ha dado a conocer los nombres de los venezolanos deportados ni ha aportado pruebas de que fueran efectivamente miembros de bandas criminales. En otro incidente reciente, envió a 40 migrantes indocumentados al tristemente célebre centro de detención de la base naval de Guantánamo en Cuba, solo para que un juez interviniera y forzara su regreso al continente.
El sadismo como espectáculo
Algunos observadores apuntan que la administración Trump está explotando el poder del espectáculo sádico. Afirman que está preparando al público para futuras medidas represivas y poniendo a prueba el nivel de tolerancia de la ciudadanía para un momento en el que, por ejemplo, pueda invocar la Ley de Insurrección para reprimir a las personas que se manifiesten en contra del presidente.
Steve Schmidt, estratega político y exmiembro de las campañas de George W. Bush y John McCain, afirma que “Donald Trump está produciendo un programa de televisión desde el Despacho Oval y es de naturaleza autoritaria. Entras en TikTok y ves las deportaciones puntuadas con música de canciones y los vídeos que lanza la administración. Es un teatro del absurdo. Es un espectáculo de la maldad. Todo ello está insensibilizando a la gente ante el abuso de la autoridad y del poder”.
Las vulneraciones de las libertades civiles se suceden casi a diario. Incluyen incidentes que, de haber ocurrido en cualquier otro lugar del mundo antes de 2025, Estados Unidos habría sido de los primeros en condenar. Jasmine Mooney, empresaria canadiense y actriz de la saga cinematográfica American Pie, fue retenida durante casi dos semanas en condiciones “inhumanas” por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos porque tenía un visado incompleto. Escribió en The Guardian: “Me llevaron a una celda de cemento diminuta y helada, con luces fluorescentes brillantes y un retrete. Había otras cinco mujeres tumbadas en colchonetas y envueltas en sábanas de aluminio, parecían cadáveres. El guardia cerró la puerta detrás de mí”.
Fabian Schmidt, de nacionalidad alemana y residente permanente en Estados Unidos, fue detenido y, según su madre, “interrogado violentamente”. Los agentes fronterizos estadounidenses lo desnudaron y lo metieron en una ducha fría. Según el Gobierno francés, a un científico galo se le denegó la entrada a Estados Unidos después de que los funcionarios de inmigración de un aeropuerto registraran su teléfono y encontraran mensajes en los que había expresado críticas a la administración Trump (Estados Unidos ha desmentido que este fuera el motivo de la denegación de entrada y ha señalado que el científico tenía de forma irregular en su dispositivo electrónico información confidencial de un centro de investigación estadounidense).
Rasha Alawieh, experta en trasplantes de riñón que anteriormente trabajaba y vivía en el estado de Rhode Island, fue deportada a pesar de tener un visado estadounidense. Badar Khan Suri, becario postdoctoral en la Universidad de Georgetown y ciudadano de India casado con una palestina, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que le comunicó que su visado había sido revocado. El activista estudiantil de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil, residente legal en Estados Unidos sin antecedentes penales, fue detenido por su participación en manifestaciones propalestinas y se enfrenta a un proceso de deportación ante un tribunal federal. Chris Murphy, senador demócrata, reaccionó en las redes sociales: “En las dictaduras llaman a esta práctica ‘hacer desaparecer’. No hay cargos, no se alega conducta delictiva. La Casa Blanca no afirma que haya hecho nada delictivo. El joven está en la cárcel por su discurso político”.
Otra señal de alarma es la estrecha relación de Trump con los oligarcas tecnológicos, muchos de los cuales le hicieron donaciones durante la campaña y asistieron a su toma de posesión. El llamado “departamento de eficiencia gubernamental” (DOGE), liderado por el hombre más rico del mundo, el jefe de Tesla y SpaceX, Elon Musk, está aplicando una motosierra a la burocracia federal, despidiendo a miles de trabajadores de forma indiscriminada. Sus despidos serán revisados por jueces de todas las instancias.
La red X de Musk repite como un loro la propaganda pro-Trump. Jeff Bezos, propietario de Amazon y del Washington Post, ordenó recientemente que el periódico redujera los temas tratados en su sección de opinión a las libertades individuales y el libre mercado. Varios periodistas y columnistas estrella de este medio de comunicación han presentado su dimisión en los últimos meses.
Sin cuartel con los medios díscolos
Trump ha intensificado los ataques contra los medios de comunicación cuya cobertura no le gusta, incluso prohibiéndoles la entrada a lugares de trabajo y actos. Ha presentado demandas contra medios de comunicación y ha afirmado falsamente que el programa 60 Minutes admitió su culpabilidad en relación con una demanda.
El nuevo presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, designado por Trump, ha ordenado que se abra una investigación sobre la Radio Pública Nacional de Estados Unidos (NPR) y la cadena Public Broadcasting Service (PBS). El pasado fin de semana, la administración Trump puso en excedencia a casi toda la plantilla de Voice of America —la emisora internacional más antigua financiada por el gobierno federal de Estados Unidos, que comenzó a emitir en 1942 para combatir la propaganda nazi— y también puso fin a las subvenciones a Radio Free Asia y otros medios con una programación informativa similar.
Los movimientos de Trump en política exterior reflejan su visión interna. Sus insinuaciones en torno al compromiso de Estados Unidos con la OTAN han inquietado a sus aliados europeos más históricos y se ha alineado con Rusia en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Incluso llamó “dictador” al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski y le reprendió en el Despacho Oval.
Trump ha mostrado a lo largo de su carrera política afinidad con autócratas como Vladímir Putin, Xi Jinping de China y Kim Jong-un de Corea del Norte, y sus acciones han sido comparadas con las de Viktor Orbán para consolidar el poder en Hungría, incluyendo la remodelación del poder judicial, el fraude electoral y la represión de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.
Esta semana, en el centro de estudios Center for American Progress de Washington, JB Pritzker, gobernador demócrata de Illinois, declaró a The Guardian: “Si aún no han leído sobre Orbán en Hungría, lean lo que ha hecho, no tan lentamente, para poner la soga al país. Donald Trump admira a Orbán y creo que él y su equipo han sacado conclusiones de esa experiencia y la están reproduciendo”.
Lo que a algunos les parece más aterrador de todo es la relativa falta de oposición hasta ahora. Según una reciente encuesta de NBC News, el índice de aprobación de Trump iguala su mejor marca como presidente, con un 47%, aunque la mayoría —un 51%— desaprueba su actuación. Un 55% de los votantes aprueba su gestión de la seguridad fronteriza y la migración, mientras que un 43% la desaprueba. Setmayer, que ahora dirige el Proyecto Séneca, un supercomité de acción política liderado por mujeres, ha señalado: “El hecho de que el índice de aprobación de Donald Trump siga estando sobre el 45% debería asustar muchísimo a todos los estadounidenses que entienden el valor de nuestra república constitucional, las libertades de las que disfrutamos y el Estado de derecho, porque lo que está haciendo va categóricamente en contra de los valores fundacionales de este país”.
Esto se refleja en el Congreso, donde el partido republicano es más leal e incondicional de Trump que nunca. Pocos miembros se han atrevido a alzar la voz contra el apoyo del presidente a Putin, la azarosa política arancelaria o el acoso al país vecino, Canadá. Saben que disentir probablemente les acarrearía una humillación pública en las redes sociales y un desafío en las elecciones primarias financiadas por Musk.
El partido Demócrata, noqueado
Los demócratas, por su parte, luchan por estar a la altura de las circunstancias ante las crecientes protestas en todo el país, hambrientas de liderazgo. La semana pasada, Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, dio marcha atrás y votó a favor de aprobar un plan presupuestario republicano que introducirá recortes en vivienda, transporte y educación, al tiempo que facultará a Trump y Musk para recortar más programas.
Ante la perspectiva de un bloqueo del Gobierno, Schumer argumentó que estaba eligiendo el menor de dos males, pero provocó una furiosa reacción de los demócratas en la Cámara de Representantes y de activistas de base.
Según la encuesta de NBC, solo el 27% de los votantes afirma tener una opinión positiva del partido Demócrata, su índice más bajo desde que se hizo la pregunta por primera vez en 1990. En opinión de Meagan Hatcher-Mays, asesora principal de United for Democracy, una coalición de 140 organizaciones cuyo objetivo es reformar los tribunales, los demócratas no han interpretado correctamente la ajustada victoria de Trump en el voto popular nacional en los comicios de noviembre del año pasado: “Han hecho una lectura equivocada del resultado electoral y piensan que Donald Trump es mucho más popular de lo que realmente es. Ya partían del miedo, pero su lectura del resultado electoral ha hecho que tengan más miedo de oponerse o resistirse a algunos de los peores impulsos de Donald Trump. Se sienten más seguros cediendo y eso es lo que han estado haciendo”.
La analista añade: “No han sido capaces de organizar una oposición duradera a Donald Trump o a los republicanos del Congreso. No puedes limitarte a no ser Donald Trump. Tienes que estar a favor de algo y tienes que presentar un ideario de lo que quieres para el pueblo estadounidense. En lugar de eso, han optado por tener un perfil bajo, callar y limitarse a esperar que los vientos les sean favorables y eso no les va a hacer ganar ningún escaño en 2026”.
La judicatura planta cara a los excesos
Los jueces son potencialmente la última línea de defensa. De hecho, los jueces federales han bloqueado docenas de iniciativas de Trump, incluidos los intentos de eliminar agencias, poner fin a la nacionalidad por derecho de nacimiento y congelar la financiación federal. Esta semana, un juez dictaminó que probablemente el departamento liderado por Musk haya vulnerado la Constitución de Estados Unidos “de múltiples maneras” al desmantelar la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID.
Jamie Raskin, representante demócrata por Maryland, subraya que los demócratas y sus aliados han presentado más de 125 demandas contra diversos ataques al Estado de derecho y han obtenido más de 40 órdenes de restricción temporal y requerimientos judiciales preliminares.
En declaraciones a The Guardian, Raskin afirma que los estadounidenses están librando la lucha de sus vidas. “No estamos en una lucha de dos semanas, dos meses o incluso dos años. Nos va a llevar muchos años derrotar a las fuerzas de la reacción autoritaria, y los demócratas están a la altura de las circunstancias”, asegura.
“Si nos fijamos en la forma en que las sociedades democráticas respondieron al fascismo hace un siglo, la gente necesita tiempo para reorientarse y movilizar una respuesta concertada y unificada. ¿Hemos llegado ya a ese punto? No, pero ¿llegaremos a un punto en el que podamos permanecer unidos y derrotar al autoritarismo en nuestro país? Sí”.
Norm Eisen, abogado y fundador de State Democracy Defenders Action, ha recurrido con éxito decisiones que impidieron que Trump se dirigiera a miles de empleados del FBI y bloquearon el acceso de Musk a datos sensibles en el departamento del Tesoro. Eisen afirma que “sin lugar a dudas Donald Trump va camino del autoritarismo. Prometió ser un dictador desde el primer día y no ha parado. Esa es la mala noticia. La buena es que se ha encontrado con la enérgica oposición de litigantes como yo y muchos otros, y de tribunales de todas las instancias. Hasta ahora, se ha contrarrestado su conducta ilegal más escandalosa”.
Si la administración Trump ignora esas órdenes, Estados Unidos podría enfrentarse a una crisis constitucional en toda regla. Pero Eisen conserva un optimismo mesurado: “Es un error no contar con nosotros. Nos hemos sorprendido a nosotros mismos y al mundo una y otra vez en nuestra historia y hay motivos para la esperanza al observar el enérgico contraataque legal de los abogados”.
El jurista concluye: “Hay motivos para la esperanza, pero el futuro es incierto. ¿Seguiremos el camino de Brasil, Polonia o la República Checa, donde fui embajador, que han expulsado a regímenes autocráticos en los últimos años? ¿O seguiremos el camino de Hungría y Turquía, que no lograron derrocar a los autócratas? Está por ver, pero yo, al menos, mantengo la esperanza”.
Traducción de Emma Reverter
