Los partidos confían en poder aprobar antes del verano la reforma de los aspectos más lesivos de la norma que simbolizó la respuesta del Gobierno del PP al descontento social tras la crisis
La batalla de un jubilado para tumbar una multa por la ‘ley mordaza’: “Hay que derogarla porque es pura represión”
“La Ley Mordaza y la reforma del Código Penal han sido aprobadas por el rodillo del PP. Las derogaremos cuando gobernemos”. Así se expresó el 26 de marzo de 2015 el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez. Una de las normas más representativas del mandato del PP de Mariano Rajoy cumple una década. La derogación prometida de la ley no se realizará al 100%, aunque el PSOE y parte de sus socios han logrado, tras años de desencuentros, un acuerdo para reformar sus aspectos más lesivos, cuya aprobación está pendiente en el Congreso.
“La ley ha tenido efectos devastadores en las libertades civiles, en especial el derecho a la protesta”, denuncia Cèlia Carbonell, miembro del Centro Irídia. “Es incomprensible que la ley todavía no se haya derogado ni se haya realizado una reforma profunda”, constata el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Maria Tamarit.
La experiencia de esta década, destaca el catedrático, ha mostrado “un uso bastante arbitrario de los poderes de la policía, con un amplio margen de tolerancia hacia ciertas conductas, sin poderse prever cuándo harán uso de sus poderes y por qué motivos”. “Y con el COVID, se realizó un uso injustificado de la ley para aplicar un control desmedido a la población”, denuncia Tamarit.
El empleo de la norma durante el estado de alarma y la posterior desescalada del COVID ha hecho que, tal y como muestran los datos del Ministerio del Interior analizados por elDiario.es, 2020 fuera el año récord en recaudación de multas por la ‘ley mordaza’, con un total de 252 millones de euros.
El siguiente año con mayor recaudación fue 2023, con 175 millones de euros, mientras que en los años restantes, las multas se sitúan en alrededor de los 150 millones anuales. Entre 2016 y 2023 (último año con cifras disponibles), las sanciones ascendieron a un valor de 1.250 millones de euros. El número de multas no presenta grandes variaciones tanto bajo Gobiernos del PP como del PSOE y sus socios a la izquierda.
Por motivos de sanción, tres artículos suponen el 90% de las multas de la ‘ley mordaza’: la más repetida fue el consumo de drogas en la calle, que ha acarreado multas por valor de 803 millones de euros. Le siguen la resistencia o la desobediencia a la autoridad (246 millones) y la exhibición de armas prohibidas (104 millones de euros).
“Hay aspectos de la ley, como el control de armas, que tienen un sentido y deben ser una prioridad”, apunta Tamarit, que recuerda además que la norma fue avalada casi en su totalidad por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el catedrático también denuncia que la norma ha consagrado sanciones administrativas más graves “y con menos garantías” que las que antes imponían los tribunales con las antiguas faltas.
“Las sanciones previstas en la ley son desproporcionadas: puedan llegar hasta 600.000 euros”, recuerda Tamarit, que añade que las infracciones “no están definidas de forma suficientemente taxativa, se usa un concepto tan indeterminado y peligroso como ‘alarma social’ (o la ‘seguridad ciudadana’ en sí) y llegan a castigarse actos cuyo impacto en la seguridad no está claro si la entendemos en un sentido restrictivo, como el mero consumo de drogas”.
Uno de los aspectos más polémicos de la norma es la sanción administrativa por faltar al respeto a los agentes de la autoridad, inexistente en otros colectivos de funcionarios. Ello ha comportado sanciones tanto a jubilados anónimos que protestaron por una actuación racista como a premios Pulitzer como Javier Bauluz, multado por la ley mordaza mientras fotografiaba la llegada de migrantes a Canarias.
El camino político para la reforma
Durante estos diez años, los grupos de izquierda y las fuerzas nacionalistas han intentado hasta en cuatro ocasiones dar forma a un texto que modifique los aspectos más lesivos de la norma. El intento que más se acercó se produjo durante la legislatura pasada, a partir de un texto del PNV, pero entonces las tensiones entre el PSOE y partidos independentistas como ERC y EH Bildu dieron al traste con las negociaciones.
Esas conversaciones chocaron en cuatro puntos: el uso de las pelotas de goma –que no regula esta norma–, las devoluciones en caliente, las multas por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. ERC y EH Bildu exigían la eliminación de esos cuatro puntos, los más “lesivos”, según sus argumentos, y el PSOE desestimaba esas demandas que consideraba “excusas”.
En octubre del año pasado, el Gobierno alcanzó con EH Bildu un acuerdo para reformar la ley. Ese texto hablaba de sustituir las pelotas de goma por un material menos lesivo e incluye una disposición para que en el plazo de seis meses se aborde una modificación en la ley de extranjería. Este acuerdo sirvió para acercar también a ERC al acuerdo y facilitó su toma en consideración.
Los partidos debaten ahora sobre ese acuerdo como base para la reforma que todos esperan que esté aprobada por el Congreso antes de que termine el periodo de sesiones. Para Carbonell, del Centro Irídia, ese pacto es “una oportunidad que presenta avances”, aunque resulta “insuficiente para la garantía total de los derechos y libertades”, y advierte de que las organizaciones por derechos humanos presionarán para que los cambios en la ley “sean una garantía y no una represión de los derechos y libertades”.
El 1 de julio, fecha en el calendario
Fuentes parlamentarias confirman que ha habido algunos encuentros entre los grupos para empezar a negociar un texto a partir de las enmiendas que registraron a finales del año pasado. Esos encuentros se han dado de forma bilateral entre algunos de los grupos que conforman el bloque de la investidura, aunque la sensación general es que apenas se han movido las cosas por ahora.
Todas las partes tienen en la cabeza como límite el 1 de julio, cuando se cumplen diez años de la fecha en la que entró en vigor oficialmente la ley. Fuentes de Sumar hacen un llamamiento a la responsabilidad al resto de grupos para no permitir que se llegue a esa “ignominiosa fecha” sin acuerdo para derogar la ley y piden a algunas formaciones que no antepongan sus “intereses partidistas por encima de los generales”. Más aún, ante la posibilidad de que esta legislatura sea la última oportunidad para abordar esa reforma ante la perspectiva de una mayoría de derechas en unas próximas elecciones.
Los partidos que han puesto más pegas al texto en sus enmiendas son Podemos, Junts y el BNG. El partido de Ione Belarra dio su apoyo en octubre a la toma en consideración de la proposición de ley, pero ha reclamado que la prohibición de las pelotas de goma y de las devoluciones en caliente sea efectiva. En una de las enmiendas, a las que tuvo acceso este diario, incluyen una prohibición expresa de las balas de goma “o de cualquier otro instrumento o producto análogo que pueda producir para las personas graves lesiones, pérdidas, inutilidad o deformidad de órganos o miembros, pérdida de un sentido o incluso la muerte”.
Junts y el BNG también registraron enmiendas que van en la misma línea. Los independentistas catalanes establecen que con fecha 31 de diciembre de este año “sea efectiva la prohibición total” de esos proyectiles y se establezca un nuevo modelo que “deberá garantizar en cualquier caso la disponibilidad de herramientas robustas que permitan un abanico de opciones tácticas diferenciadas”.
La ley que ha empezado a tramitar el Congreso recoge sin embargo buena parte de los acuerdos que se alcanzaron en la fase de ponencia en la legislatura pasada y añade además dos aspectos que formaron parte del choque que rompió las negociaciones. Por ejemplo, objetiva lo que antes se consideraban faltas de respeto para que ahora se refieran a “insultos o injurias” que no sean delito.
Además, la desobediencia a los agentes pasará de una infracción grave a leve y se añade un criterio para que sea “manifiesta, clara y objetivable”. El PSOE ha asumido con esta redacción una posición prácticamente idéntica a la que defendían durante la legislatura pasada EH Bildu y ERC. Eso sí, esos puntos pueden suponer un choque en los próximos meses con el PNV, que ha registrado enmiendas para mantener como graves esas faltas.
