Una investigación académica da la vuelta a las principales críticas a la sostenibilidad del sistema de pensiones y calcula que el consumo de los pensionistas genera más actividad de lo que gasta la Seguridad Social en ellos
Cómo las pensiones y el Estado reducen la pobreza en España (y no solo de los jubilados)
Este lunes, las pensiones públicas se enfrentan a un examen importante tras la última gran reforma en nuestro país. La AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) emite los informes “sobre la regla de gasto de las pensiones” y “la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo”. La propia reforma del primer Gobierno de coalición se “autoimpuso” este “control”. Los analistas de la Autoridad fiscal “independiente” ofrecerán su proyección de cuánto pesará el gasto del Estado en pensiones respecto al PIB (Producto Interior Bruto) en las próximas décadas, como principal medida de si el actual sistema público es asumible o si se necesitan más ingresos (principalmente con subidas de las cotizaciones sociales).
La cifra clave del informe de la AIReF es el 15% del PIB de gasto medio de las pensiones de aquí a 2050 que no se puede superar. El fuerte crecimiento económico de los últimos años y la creación de empleo récord permiten adelantar que esta ratio se quedará por debajo, aunque las características de esta estimación, basada en el ‘Aeging report’ de la Comisión Europea, dan cabida a las voces más críticas con las pensiones actuales. Expertos y centros de análisis cuya solución prioritaria pasa por la congelación o incluso los recortes.
Hay tres evidencias. La primera, el gasto en pensiones es el mayor esfuerzo que hace el Estado (roza ya un 13% del PIB). La segunda, es un gasto que va a aumentar en los próximos años porque se está jubilando la generación más amplia en nuestro país, la del ‘baby-boom’, con mejores carreras profesionales en promedio, y, por tanto, pensiones más altas. La tercera, se trata de un derecho conquistado y de todos que protege a un colectivo vulnerable y que combate frontalmente la desigualdad.
Entonces, ¿y si se mira al revés el gasto en pensiones? Un estudio de los economistas Eladio Febrero y Fernando Bermejo señala que, “sin obviar el seguimiento de los costes del sistema que caracteriza la ‘metodología Ageing’, parece ser sustancialmente recomendable avanzar complementariamente desde una concepción centrada en el peso en el PIB del gasto público en pensiones hacia una que, además, integre el peso en el PIB del consumo privado de los pensionistas”.
Estos investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha llevan trabajando algunos años en este enfoque sorprendentemente novedoso. “Siendo las métricas [del Aeging y la AIReF] relevantes, en esa evolución se computan exclusivamente los gastos que representa el sistema, pero no los impactos macroeconómicos eventualmente positivos que sobre el PIB puede poseer el gasto de los pensionistas (vía demanda directa de consumo y derivada)”, defienden.
“El actual debate sobre las pensiones y su evolución, especialmente en el ámbito de la UE, se centra casi exclusivamente en la perspectiva el aumento potencial de los desequilibrios fiscales [deuda pública] fruto del envejecimiento”, lamentan estos economistas, quienes identifican “un sistema de transferencia de rentas entre grupos sociodemográficos heterogéneos y, además, con destino hacia un colectivo, el de los pensionistas, generalmente de alta propensión al consumo”.
Eladio Febrero y Fernando Bermejo observan que, aunque “los efectos sobre el consumo privado de los pensionistas deben considerarse expansivos, también se han de computar los potencialmente contractivos, fruto de la detracción salarial que puedan constituir las cotizaciones sociales”.
Integrando todas las perspectivas, estos economistas expanden el análisis del gasto de los pensionistas: a la “relación consumo privado-facturación empresarial; a los puestos de trabajo tanto generados (directa, indirecta e inducidamente) como eventualmente perdidos (dadas las cotizaciones sociales); a la inversión empresarial en sectores vinculados al flujo de consumo; y, especialmente, a la recaudación fiscal y por cotizaciones derivadas de estos impactos económicos”.
Con datos de 2021, la principal conclusión del estudio es que el nivel de autofinanciación del sistema de pensiones es del 41,8%. Un dato al que la investigación llega a partir de los ingresos fiscales derivados de: “IRPF e IVA pagado por los pensionistas en virtud de la cuantía de su pensión y la composición de su cesta de consumo representativa; IRPF, IVA y cotizaciones pagados por los trabajadores directos (empleados en producir la cesta de consumo de los pensionistas), indirectos (inputs requeridos en la producción de dicha cestas de consumo) y, especialmente, inducidos (derivados de los efectos multiplicadores de este conjunto de impactos sobre la demanda agregada)”.
Este empleo se calcula en 1.223.000 puestos a tiempo completo durante 2021. “La previsión a 2050 es de 2.292.000 considerando un incremento de 85.598,3 millones en el gasto en pensiones de jubilación (debido a un incremento de 5,2 millones de pensionistas) bajo supuestos conservadores para la productividad de los bienes y servicios asociados a esta cesta”, explican los economistas de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Su estudio obtiene un efecto multiplicador de la conversión del gasto en pensiones en gasto de los pensionistas del 1,1, si se calcula esta ratio como “la relación entre el PIB generado por la demanda en consumo de los pensionistas (107.313,5 millones, que es PIB a precios de mercado) y el gasto en pensiones de jubilación de la Seguridad Social (97.334,7 millones)”.
Por último, Eladio Febrero y Fernando Bermejo resaltan “el efecto estabilizador del gasto en pensiones” y afirman que “evitó en torno a 5 y 5,5 puntos adicionales de desempleo en entre 2009 y 2024”.
El crecimiento, el empleo y los inmigrantes
El crecimiento económico (el avance del PIB) de España ha superado todas las expectativas desde 2021, incluso las optimistas del Gobierno. La transformación es evidente tras la creación histórica de empleos, la caída en picado de la temporalidad por la reforma laboral, la reducción de la precariedad por el aumento del salario mínimo y las políticas de protección de rentas (de los trabajadores y también de las empresas) ante un shock como la pandemia, y también tras la invasión rusa de Ucrania, junto a medidas cruciales en el sector energético (como el tope al gas y las inversiones en renovables), que están favoreciendo nuestra competitividad en el exterior.
En este contexto, “el ‘problema’ de la metodología utilizada en el ‘Ageing report’ es que tiende a infraestimar el PIB (que es lo que va en el denominador del gasto en pensiones: gasto/PIB)”, avisa Eladio Febrero. “Sobre todo, tiende a infraestimar la inmigración, que depende del grado de prosperidad de la economía: si la economía va bien, entran más inmigrantes, y eso hace que haya que revisar las estimaciones del PIB futuro”, continúa.
“Los análisis están anclados antes de la pandemia. El paro en España ya no a volver a acercarse a niveles de la crisis financiera, y eso supone por ejemplo un menor gasto en prestaciones por desempleo”, introducen otras fuentes conocedoras que prefieren no ser citadas.
El ejemplo de la proyección de Fedea en 1995, uno de los centros de análisis más críticos con el actual sistema de pensiones, apoya estos argumentos. José A. Herce y Víctor Pérez-Díaz dirigieron entonces el estudio ‘La reforma del sistema público de pensiones en España’. Su estimación a 20 años (desde 1995 para este 2025) afinó mucho con el número de pensionistas en este año, cerca de 11 millones. Sin embargo, cometió un grave error al vaticinar algo menos de 17 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, cuando actualmente superamos los 21 millones.
