El juez Pedraz exige que la UDEF acredite la calificación de confidencial que debería haber acordado el Consejo de Ministros sobre las indagaciones a los líderes del partido en plena guerra sucia de 2016
Operaciones Bolívar y Venus: el testimonio de una jefa de la Policía sobre la guerra sucia a Podemos
La investigación judicial de las maniobras policiales contra Podemos durante el último Gobierno del PP avanza con dificultades. La Policía Nacional se resiste a entregar los informes alojados en sus bases de datos sobre las indagaciones que sufrieron los políticos de la formación incluso cuando eran diputados. La última respuesta de la Policía ha sido alegar que dos de las operaciones que el propio cuerpo reconoció a la Audiencia Nacional, bautizadas como Venus y Bolívar, tienen la calificación de “pasivas secretas”, esto es, que su contenido es confidencial pese a que están cerradas de forma provisional desde hace ocho años.
Una inspectora jefe de la UDEF reconoció ante el juez en un informe del pasado noviembre los trabajos policiales sobre Podemos en dos frentes durante 2016, cuando la formación tenía posibilidades de integrar un Gobierno de coalición con el PSOE. Explicaba que recibieron el encargo de desarrollar el contenido del denominado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un dosier sin firma ni sello que los tribunales rechazaron de plano, y pusieron en marcha la operación Venus. Y un segundo encargo para profundizar en la línea abierta por la brigada política en su viaje a Nueva York, con el que intentaron obtener información contra el partido de un exministro de Hugo Chávez, la operación Bolívar.
Tras ese informe de la inspectora de la UDEF, Podemos, que ejerce la acusación particular en la Audiencia Nacional, solicitó el contenido completo de esas investigaciones policiales de 2016. El juez acordó la medida, pero la Policía ha respondido que es documentación clasificada “secreta”.
Para que un documento adquiera esa categoría debe haber un acuerdo previo del Consejo de Ministros. Este es el motivo que ha alegado la representación legal del partido y que ha asumido el juez Pedraz, que en una providencia del pasado 13 de marzo requiere a la UDEF de la Policía para que remita “la resolución que declara materia clasificada la documentación que se le requiere”. Está por ver qué obstáculo presenta ahora la UDEF con el beneplácito de la actual dirección de la Policía.
La causa que se sigue en la Audiencia Nacional es el único instrumento que ofrece alguna posibilidad de aclarar el frente de la guerra sucia contra Podemos en el Ministerio del Interior del PP. Así lo evidencian las últimas comparecencias en el Congreso de los responsables políticos de la época, como el expresidente Mariano Rajoy, quien fuera su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, o la secretaria general del PP de entonces, María Dolores de Cospedal. Todos niegan conocer actuación irregular alguna de la Policía contra la oposición y en el caso de Fernández Díaz y Cospedal ambos rechazan incluso la evidencia de sus afirmaciones en los audios publicados. Fernández Díaz llegó a atribuirlo a la “inteligencia artificial” y Cospedal dijo que estaban “editados”.
La causa en la Audiencia Nacional abre unas puertas que, en ocasiones, vuelven a cerrarse. Ocurrió recientemente con la providencia del juez Pedraz solicitando a la Policía, a petición de Podemos y con el acuerdo de la Fiscalía, para que le enviara “cuantas notas, actas, diligencias, oficios, comparecencias, atestados o informes que se hayan elaborado” sobre diputados y exdiputados de Podemos.
La orden del juez establecía la salvaguarda de que aquellos informes clasificados secretos no se adjuntaran a la respuesta. Y a ello se han sumado nuevas trabas que llegan de los imputados en la causa, como es el caso del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien recurrió para que la información sobre la Fundación CEPS quedara fuera, como estableció el auto de admisión a trámite de la querella. El juez aceptó y ahora Podemos pretende que Pedraz rectifique alegando que esa línea de investigación afecta a los entonces diputados Pablo Iglesias, Alberto Montero e Íñigo Errejón, entre otros, y que las investigaciones contra ellos sí son objeto del procedimiento.
Por ahora, la Policía ha enviado al juzgado centenares de folios donde prevalecen indagaciones sobre el partido y sus miembros referentes a asuntos de seguridad, tales como informes de riesgo sobre tipos de amenazas terroristas u otras que pudieran sufrir la formación política. También gestiones sobre riesgos que detectaba el jefe de seguridad del partido y que ponía en conocimiento del Ministerio del Interior.
Órdenes a la UDEF
La operación Venus que reclama Podemos parte del viaje a Estados Unidos de varios mandos policiales en abril de 2016. La inspectora jefe informó al juez que a su regreso consultó bases de datos reservadas para descubrir posibles viajes de Pablo Iglesias a Venezuela y que la Fiscalía rechazó después abrir una investigación con unos indicios tan endebles. Aquella operación fue bautizada por la UDEF como Bolívar y decayó a los tres meses. Para entonces, el diario ABC había publicado las acusaciones contra Podemos, a tan solo seis semanas de las elecciones generales.
La inspectora jefe también desveló que uno de sus subordinados y ella misma también hicieron otras consultas sobre Pablo Iglesias a partir de otra investigación, la que intentó blanquear el informe PISA, sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Irán y Venezuela. Aquel dosier, cuya autoría nadie reconoce, fue entregado por la propia Policía a la UDEF para que arrancara una investigación que también fracasó. Diez meses estuvieron investigando los agentes de la unidad especializada, entre febrero y diciembre de 2016.
La dinámica se repite. El Confidencial y Okdiario publicaron el contenido del dosier en enero de 2016, coincidiendo con el inicio de las negociaciones entre PSOE y Podemos para formar un Gobierno de izquierdas. La investigación de la UDEF fue bautizada en este caso como Operación Venus.
