La vasca es la única comunidad autónoma sin una norma de esas características junto con Ceuta y Melilla y Urkullu fracasó en tres legislaturas en su intento de aprobarla
Pradales anuncia una ponencia de “calidad democrática” y acelerar el cuarto intento de tener ley de transparencia
El Gobierno de Imanol Pradales aprobará este martes el anteproyecto para dotar a Euskadi de una ley de transparencia, según explican tres fuentes. La vasca es la única comunidad sin un texto de esas características junto con Ceuta y Melilla, como se puede corroborar en la web del Gobierno central. En la etapa anterior de Iñigo Urkullu naufragaron tres intentos, uno por legislatura. El propio lehendakari aludió al asunto en la última sesión de control del Parlamento y se han acelerado los trámites para enviar a la Cámara una propuesta del Gobierno. Si en esta legislatura no se aprueba no será por falta de tiempo porque quedan tres años de mandato y el Ejecutivo de PNV y PSE-EE goza de mayoría absoluta.
Será la portavoz, María Ubarretxena, que es también la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, la que presente los contenidos concretos de esta propuesta a los periodistas. La de transparencia se convertirá así en la primera gran ley de la legislatura. El Parlamento ha aprobado en estos meses desde la llegada de Pradales media docena de leyes. Salieron adelante los presupuestos, una modificación de las cuentas del 2024 para dotar de fondos adicionales por valor de 67 millones a las patronales de la concertada, un ajuste de la ley de caza de 2011 para que los menores puedan ir a batidas -en ambos casos votaron a favor PNV, PSE-EE, PP y Vox-, una revisión exprés de la normativa de cooperativas para ayudar a las afectadas por las inundaciones de otoño en Valencia y dos trámites, la disolución del colegio de aduaneros de Bilbao y el texto refundido de la ley de tasas.
La consejera Ubarretxena ya anunció que se intentaría sacar adelante esta ley en su primera comparecencia en el Parlamento. Asimismo, está incluida en el calendario legislativo. Se dio como fecha genérica 2025 pero, a la luz del discurso de Pradales, se han acelerado todos los trámites. De hecho, el lehendakari habló también de una ponencia parlamentaria paralela para analizar otras posibles medidas. “Están en juego el modelo y los valores fundacionales de la Europa moderna […]. Nadie los defenderá si no somos nosotros. Por eso, plantearemos en este Parlamento abrir un debate público para poner en marcha la ponencia para la mejora de la calidad democrática de Euskadi. El objetivo es que Euskadi cuente con un marco normativo amplio y de vanguardia para fortalecer la democracia ante los ataques que está sufriendo en un mundo en el que ganan cada día más fuerza los totalitarismos y autoritarismos. La democracia exige hoy, más que nunca, adhesión y compromiso. Personal y colectivo. Hago un llamamiento para que recorramos juntos este camino”, solemnizó.
El camino de la ley de transparencia en Euskadi no ha sido sencillo. En el mandato de Patxi López se fueron aprobando algunas medidas, como la creación de Irekia como portal institucional o de las webs de datos abiertos. Después, entró en vigor la normativa estatal de 2013, que ejerce de marco supletorio para cuestiones como las peticiones de información. Sin embargo, Urkullu no consiguió incorporar este hito a su legado a pesar de haber habido intentos en cada una de las legislaturas, la última con mayoría absoluta.
En el primer calendario legislativo de Urkullu, de 2012 a 2016, no constaba ninguna propuesta en este sentido. Eso sí, se prometió un capítulo sobre ello dentro de la norma general sobre Administración Pública. Sin embargo, en 2015 el Ejecutivo -entonces del PNV en solitario y en minoría- la retiró del Parlamento en vista de la falta de apoyos y el rechazo en bloque de la oposición. Acto seguido, uno de los planteamientos fue separar el texto en dos, creando uno ‘ad hoc’ para transparencia. Pero no dio tiempo en lo que quedaba de legislatura, ya que todas las propuestas legislativas -salvo contadas excepciones- decaen cuando se convocan elecciones.
En la legislatura de 2016 a 2020 se hizo una promesa para el “primer cuatrimestre de 2018” que nunca se sustanció. Sin embargo, un año antes, PNV y PSE-EE presentaron como partidos una proposición no de ley en la Cámara con la intención de “agilizar” la tramitación de la norma. Era, en esencia, la propuesta pendiente del mandato anterior. Se presentaron enmiendas y se reunió varias veces la ponencia legislativa, pero dejó de hacerlo en marzo de 2019. El acuerdo estaba casi listo pero había discrepancias al unir en un mismo texto puntos de información pública y otros de participación. Nada se hizo en el tramo final de aquella legislatura a pesar de una oferta de Elkarrekin Podemos al Gobierno para cerrarla. En 2020 volvió a decaer.
La portavoz de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, bromeando con la consejera Olatz Garamendi del PNV
En el tercer mandato, de 2020 a 2024, la promesa era que el Ejecutivo la enviase a la Cámara en el “segundo semestre de 2022”. No fue así. La consejera predecesora de Ubarretxena, Olatz Garamendi, la presentó en el primer Consejo de Gobierno después de que se conociera que Urkullu no iba a continuar como lehendakari. Eso sí, era noviembre de 2023 y el último plazo que había planteado era diciembre. La Cámara se disolvió en febrero y, antes, en diciembre y enero, se centró en los presupuestos y otras leyes más avanzadas como las de educación o cambio climático. La propuesta volvió a quedar en nada. La oposición, particularmente EH Bildu, pero antes también la extinta Elkarrekin Podemos, habían lanzado algunas propuestas que fueron bloqueadas por el Gobierno para materias como la protección de denunciantes de corrupción o la puesta en marcha de organismos reguladores independientes.
Se desconoce cuánto de la base del último texto se mantendrá ahora. Garamendi, por ejemplo, explicó que la última versión recogía ya algunas aportaciones para extender el ámbito de aplicación también a organismos como el Parlamento Vasco, el Ararteko o el Tribunal de Cuentas y no solamente al Gobierno. Incluso se barajó que algunas disposiciones incluyeran a las instituciones forales y municipales. La base de esa norma era la creación de un organismo llamado Gardena para gestionar estas políticas.
