El presidente anuncia un endurecimiento de la normativa para crear nuevas universidades tras constatar que en los últimos años se han aprobado centros que incumplían los mínimos pese a que el exministro Castells intentó dificultarlo; la aprobación de los centros oline dependerá del Congreso
La ‘burbuja’ de universidades privadas de dudosa calidad obliga al Gobierno a volver a endurecer los requisitos
El exministro Castells lo intentó, pero su propuesta fue fallida y el Gobierno le va a dar una vuelta a la normativa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que va a endurecer las condiciones para crear universidades privadas ante la eclosión de centros de dudosa calidad en los últimos años. “La universidad no puede ser una fábrica [de títulos] sin garantías”, ha sostenido Sánchez durante el acto ‘En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social’.
El presidente ha anunciado tres líneas de acción principales: se va a instaurar un informe de viabilidad y calidad que será obligatorio y vinculante –a diferencia del que realiza ahora el ministerio– y elaborará la Aneca (la agencia que evalúa la calidad universitaria), se exigirá a los nuevos centros que tengan al menos 4.500 estudiantes en cinco años y se dará carácter nacional a las universidades online, lo que significa que tendrán que ser aprobadas por el Congreso en vez de las comunidades autónomas.
Sánchez ha sido contundente contra “algunas, no todas”, las universidades privadas. El presidente ha hablado de “chiringuitos” pensados con el único objetivo de hacer negocio, de poca calidad y de un ataque sistemático al sistema público basado en “el método de siempre”: degradar lo público a base de recortar la inversión, desprestigiarlo y acto seguido presentar lo privado como solución.
Técnicamente, el Gobierno lo que va a hacer es modificar el Real Decreto de creación de universidades, que ya intentó endurecer en 2021 la normativa para evitar lo que finalmente ha acabado pasando. El Ejecutivo planteará el trámite de urgencia este mismo miércoles para acortar plazos y su idea es que la nueva normativa entre en vigor en mayo.
La eclosión de lo privado
En los últimos años, al calor de un floreciente negocio que ofrece una alta rentabilidad, ha habido una eclosión de universidades privadas en España. Esta burbuja ha provocado que sea ya cuestión de (poco) tiempo que haya en España más universidades privadas que públicas, cuando hace solo 25 años la relación era de 50 públicas frente a 16 de iniciativa empresarial o de la iglesia. Hoy las públicas siguen siendo las mismas, pero las privadas ya suman 46. Esta burbuja llevó al exministro Manuel Castells a endurecer en 2021 la normativa que regula la creación de centros para imponer requisitos más exigentes. Pero su decreto no ha funcionado.
La eclosión de centros privados va a ir a más. Según fuentes de CCOO el Ministerio de Universidades tiene en este momento unas 30 peticiones de creación de nuevos centros y ya están en trámites al menos siete (cuatro en Madrid, dos en Extremadura y uno en Galicia). Desde que el PSOE accedió al Gobierno en 2018 los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han emitido 21 informes desfavorables, cinco positivos y otros dos condicionados a cambios, según El País. El epítome de este florecimiento es la Comunidad de Madrid, que en pocos años ha más que duplicado el número de universidades privadas (sin contar siquiera centros adscritos, etc.) y ya son 13 frente a las seis públicas.
Con la normativa de Castells ya aprobada, en el casi lustro que lleva vigente se han aprobado nueve universidades privadas nuevas, según datos del ministerio. Se han aprobado centros ubicados en polígonos industriales, en bajos comerciales o alojados en oficinas de alquiler. Al menos tres de ellas pasaron el filtro contra el criterio de los técnicos del ministerio y de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), el órgano que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas y que debe valorar la calidad de cada proyecto y si se ajusta o no a la normativa.
Los centros aprobados recientemente sin reunir ya los requisitos marcados por el decreto son la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo en Málaga (Utamed), la universidad online de Andalucía impulsada, entre otros, por el exconsejero de la Junta Javier Imbroda, la madrileña Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (Udit) en Madrid, y la Universidad Tecnológica de Canarias (TECH). A este grupo se sumarán otras si no hay un giro de guion radical: Madrid ya tramita la aprobación de la Universidad Abierta de Europa y Extremadura lo mismo con Uninde.
El (fallido) decreto Castells
Obsesionado con la calidad del sistema universitario, especialmente en su pata privada, el exministro Castells aprobó en 2021 un nuevo real decreto que actualizó la normativa existente sobre lo que debe ser una universidad. Entre otras cuestiones, el texto establece que las universidades deben tener una oferta mínima de enseñanzas conducentes a la obtención de diez títulos oficiales de grado, seis títulos oficiales de máster y dos programas oficiales de doctorado y con presencia de tres de las cinco grandes ramas del conocimiento. También que el grueso de sus estudiantes deben ser de grados oficiales y no de máster; que deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto a un programa o programas propio de incentivación de la investigación o que al menos el 50% del profesorado deben ser doctores.
Pero el texto de Castells tenía al menos dos problemas, según expertos universitarios. Uno de ellos es que el informe que debe realizar la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades cuando una comunidad autónoma presenta un proyecto –un informe técnico, basado en la propuesta y su encaje en la ley– no es vinculante. Aunque los funcionarios del ministerio concluyan que un proyecto no vale, su dictamen es meramente consultivo y la decisión de aprobar o no un centro nuevo depende de la comunidad autónoma en la que se quiera instalar.
El otro agujero es que el real decreto aprobado en 2021 y todavía vigente da una moratoria de cinco años para que las nuevas universidades se adapten a los requisitos que impone en vez de obligarlas a cumplir de inicio, una rendija que han aprovechado muchos centros para implantarse y esperar acontecimientos. Las nuevas universidades saben que si están en marcha, impartiendo grados, será difícil que una comunidad autónoma (la misma que le ha dado la licencia para funcionar sabiendo que incumplía) la cierre y deje al alumnado a mitad de estudios.
Otra cuestión es que cuando se habla de la normativa de creación de universidades se tiende a pensar en los centros privados y de nueva creación, pero la normativa afecta a todas. También a las públicas y también a las ya existentes. Todas deben cumplirlo, y un estudio del Observatori del Sistema Universitario de Catalunya concluyó cuando Castells aprobó su decreto que solo 12 de las entonces 81 universidades existentes cumplían con los postulados de la norma.
Por último, esta iniciativa del Gobierno anticipa una batalla legal cuando se materialice. Ya pasó con el decreto Castells, pero por el momento la justicia ha validado las iniciativas del Ministerio en esta línea.
El anuncio de Sánchez llega en medio de una cierta ofensiva del Gobierno contra ciertos privados. Es habitual que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, discuta con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por sus políticas universitarias. Lo ha hecho este lunes también, cuando ha criticado durante su intervención a algunas comunidades autónomas, con mención velada a la de Madrid, por su escasa financiación a las universidades. “Nos preocupa la asfixia a la que están sometiendo a las universidades en algunas comunidades autónomas”, ha dicho hablando de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que está en guerra abierta con los centros públicos de la región.
Antes de ella, el domingo fue la vicepresidenta María Jesús Montero la que cargó contra los centros privados, a los que definió como “principal amenaza de la clase trabajadora”. Ayuso se debió dar por aludida, porque este lunes respondió vía X calificando de “inaceptables” y “rayando la ilegalidad” las palabras de Montero.
