CCOO y CSIF, por un lado, y CGT, por otro, mantienen sendas convocatorias de huelga para retomar una reivindicación histórica que el PP apoyó en su momento
Trabajadores bajo el convenio de ‘telemarketing’ para llamadas entre la vida y la muerte
Los 469 trabajadores y trabajadoras del servicio de atención telefónica del 112 de Andalucía están nuevamente llamados a la protesta. En esta ocasión, por partida doble. CCOO y CSIF mantienen desde el 21 de marzo una huelga de una hora al final de cada turno de fin de semana, mientras que CGT acaba de convocar el paro total para Semana Santa, del 12 al 19 de abril. Sobre la mesa en ambos casos está una reivindicación histórica que ningún Gobierno autonómico ha asumido hasta ahora: integrar a ese personal, ahora trabajadores de la contratista Ilunion Emergencias, en una agencia autonómica como trabajadores públicos.
Esta demanda ya motivó una huelga el pasado diciembre, en vísperas de la entrada en vigor de la nueva Agencia de Emergencias de Andalucía. Entonces, el SERCLA (el sistema de intermediación para conflictos laborales) recomendó a los sindicatos y a la Junta que se reunieran a partir de enero para “tratar los asuntos” objeto de la mediación: es decir, el posible paso a lo público del servicio.
Con la huelga, los sindicatos también aspiran, al menos, a una mejora de las condiciones laborales. A los trabajadores se les aplica el convenio de los teleoperadores sin tener en cuenta las particularidades del servicio que prestan, y los sindicatos denuncian que se incumplen los pliegos de la concesión en materias como formación.
“La verdadera realidad del trabajo poco tiene que ver con contratar seguros, cambiar de compañía de electricidad o vender ollas, dedicándose a salvar vidas y garantizar la presencia inmediata de efectivos para ayudar en siniestros, catástrofes o devenires particulares de la ciudadanía andaluza”, señalan desde CGT.
Una nueva agencia de emergencias desde el 1 de enero… sin el 112
Ilunion no ha respondido a las preguntas de este periódico. Tampoco la Consejería de Presidencia ha querido valorar la huelga, alegando que el conflicto laboral es entre la empresa y los trabajadores. “La Junta no tiene nada que ver”, señalan desde el Gobierno andaluz. La huelga se produce en el seno de una empresa privada, pero afecta de lleno a un servicio público esencial.
Hasta ahora, la Consejería de la Presidencia (de la que depende el servicio) ha rechazado la integración y ha asegura a los sindicatos que no entra en sus planes. La Junta de Andalucía justifica la contratación de una empresa externa en que en la administración no existe la figura de “tele-operador o gestor telefónico”, y en ocasiones pasadas ha expuesto las dificultades jurídicas de subrogar al personal contratado por las empresas sin violentar las normas de acceso al empleo público.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno no ha dado el paso ni siquiera ahora, cuando acaba de crear la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) con la vocación de integrar en ella todos los servicios de emergencias. “Ha perdido una ocasión única”, lamenta José Antonio Frejo, secretario de Acción sindical de la federación de Servicios de CCOO-A. Habla de una “frustración histórica”, fruto de años de promesas incumplidas. Su sindicato, mayoritario en el 112, exige desde hace 20 años la integración del personal. “El primer compromiso que obtuvimos fue de Rosa Aguilar”, recuerda. Sin embargo, los gobiernos autonómicos (antes del PSOE y luego con el PP) han mantenido el servicio externalizado desde su creación.
Desde que empezó a funcionar, en 2001, el servicio telefónico del 112 andaluz ha sido operado por una entidad privada. La actual concesionaria del servicio, Ilunion Emergencias, S.A. (del Grupo Social ONCE), recibirá 16.698.000 euros por cada uno de los tres años de la concesión (uno más dos prorrogables, hasta 2026). En total, más de 50 millones. Ilunion asumió el servicio que antes prestaron Serveo, Ferrovial y con anterioridad ONCE.
Para la última licitación la Junta de Andalucía calculó un beneficio industrial del 6%, lo que arrojaría un beneficio neto de un millón anual, pero CGT cree que es muy superior, de hasta cinco millones al año, porque el gasto de personal es prácticamente el único que asume la empresa.
“Quienes prestan servicio son trabajadores y trabajadoras y quien da el servicio es la Junta: los ordenadores, las salas, las líneas telefónicas… Todo lo paga la Junta”, observa Miguel Montenegro, secretario de organización de CGT-A: “Lo único que hacen es recaudar una cuantía aberrante”.
Dictamen favorable del Consejo Económico y Social
Cuando alguien sufre un percance grave (un accidente de tráfico, un robo en la calle, un incendio en la vivienda) llamará, muy probablemente, al 112. Un número de teléfono fácil de recordar, implantado en toda la Unión Europea, disponible 24 horas al día durante 365 días al año. En Andalucía, la persona al otro lado de la línea que gestionará la llamada de emergencia, muchas veces de vida o muerte, es personal de una subcontrata al que se le aplican las condiciones laborales de un contact center.
Si hubo un momento propicio para integrar al personal fue con la creación de la EMA 112 y así se señaló desde organismos oficiales. “Es necesario que la actual plantilla del centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía, catalogado por la propia Junta de Andalucía como servicio esencial para la ciudadanía, esté integrado plenamente en aquella”, recoge el dictamen del Consejo Económico y Social, el órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica, ahora presidido por el exvicepresidente Juan Marín.
Pero el Gobierno andaluz no hizo caso de esta opinión y mantuvo las cosas como estaban. Es decir, el personal del 112, primer eslabón de la cadena de respuesta ante emergencias, fuera del sistema público de emergencias.
El PP estaba a favor… en 2016
No ha sido siempre la posición del PP. En la oposición, votó a favor de que el servicio telefónico de atención de urgencias sea “prestado directamente por la Administración andaluza”, como demuestra un repaso a la hemeroteca del Parlamento. Ocurrió durante la última legislatura del PSOE, con Susana Díaz en San Telmo. Podemos presentó una Proposición No de Ley en la que se pedía la “dignificación” de las condiciones laborales del personal y adoptar las “medidas necesarias” para que el servicio telefónico de atención de urgencias del GREA y 112 sea prestado directamente por la Administración “a través de una de las agencias públicas existentes” una vez vencidos los contratos en vigor y a través de los procedimientos legales establecidos.
El texto fue aprobado por el Parlamento andaluz el 17 de marzo de 2016 precisamente por una transacción con el PP, cuya diputada Rosalía Espinosa, reclamó “que se rescate el servicio, no más gasto. Y, luego, vemos lo que hacemos con el servicio”.
Por aquel entonces se aprobó una PNL similar para los trabajadores del 061 y de Salud Responde, que se lograron su integración gradual en el SAS, culminada en 2023. La Junta dijo que pretendía así “mejorar la asistencia al ciudadano y lograr una coordinación más eficaz de las urgencias”.
Los sindicatos lamentan que no se aplique la misma doctrina con el 112. “Tienen un mantra de que lo privado se gestiona de manera más eficiente que lo público, que no compartimos”, señala Frejo, quien resalta el carácter de “servicio público esencial”: “Atienden en momentos dramáticos: un infarto, un incendio, un atraco… Y manejan información sensible, que a día de hoy está en manos de una empresa privada”, advierte.
Las condiciones laborales de estos trabajadores, sometidos a niveles de estrés muy altos, han sido motivo recurrente de protesta en los últimos años. Frejo admite que las condiciones mejoraron en el último pliego, aunque denuncia que algunas siguen sin cumplirse.
4,2 millones de incidencias atendidas
El Centro de Coordinación de Emergencias 112-Andalucía está encargado de la gestión y coordinación integral de las emergencias de la ciudadanía en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Tiene dos sedes regionales, en Sevilla y Málaga, que coordinan el sistema y desarrollan el primer escalón de atención y gestión de llamadas; ocho sedes provinciales en las capitales provinciales; y un conjunto de organismos dotados de terminales de interconexión.
El servicio no ha dejado de crecer desde que se creó, en 2001. Hoy es el teléfono más conocido por los andaluces, según las últimas encuestas de Realidad Social de Andalucía. En 2023, el 112 de Andalucía atendió 4.238.778 incidencias y coordinó 808.662 incidencias coordinadas, un 1,55% más que el año anterior, según su memoria anual. El servicio está muy bien valorado por la ciudadanía, y obtuvo una la nota global de 9,04 sobre 10 en 2023.
