Las comunidades autónomas tenían hasta este lunes para enviar al Gobierno el número de menores extranjeros no acompañados que acogen, un paso clave para concretar la cifra de niños y adolescentes migrantes que les corresponerá recibir a cada una de ellas desde Canarias y Ceuta tras la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería
Las comunidades autónomas tenían hasta este lunes para enviar al Gobierno, entre otros datos, el número de menores extranjeros no acompañados que acogen, un paso clave para concretar la cifra de niños y adolescentes migrantes que les corresponerá recibir a cada una de ellas desde Canarias y Ceuta tras la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería. Superado el plazo, todas las autonomías excepto Aragón han respondido a la solicitud de información, aunque algunos de los gobiernos regionales, como el madrileño, han enviado datos distintos a los requeridos, lo que obstaculiza la tarea de aplicar los criterios de reparto sobre una radiografía fiable de los sistemas de acogida, según ha confirmado este martes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
“Nos han llegado datos hasta última hora del día de ayer y los servicios técnicos están cribando datos. La mayor parte de las comunidades nos han transmitido la información de manera fiable con los requisitos marcados”, ha detallado Rego. Sin embargo, otros gobiernos regionales no han contestado o no lo han hecho en los términos necesarios para calcular el reparto: “Alguna comunidad no ha mandado datos concretos sino que ha hecho una interpretación de carácter general, lo que dificulta el cálculo de la cifra global tal y como venía dispuesta en el Real Decreto”.
El Ministerio envió hace dos semanas a todos los gobiernos autonómicos un requerimiento en el que pidió al menos cuatros datos específicos: plazas habilitadas en el sistema de acogida de menores (sean extranjeros o no), plazas ocupadas, cifra total de menores acogidos (migrantes o no) y número de menores extranjeros no acompañados acogidos, según confirmaron fuentes de Infancia a elDiairo.es. Pero mientras unas han respondido con la información desglosada tal y como se solicitaba, o incluso con un mayor nivel de detalle, otras autonomías lo han hecho de forma parcial.
Mas allá del silencio de Aragón, entre los gobiernos autonómicos que han presentado datos incompletos o distintos a los solicitados se encuentra la Comunidad de Madrid, según ha destacado Rego. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha contestado a ninguna de estas cuatro categorías de datos, ni siquiera el más básico: el número de niños y adolescentes extranjeros que acoge actualmente (como si lo han hecho la mayoría) sino que se ha limitado a aportar la cifra total de niños y adolescentes migrantes atendidos en algún momento del año pasado y a aportar el porcentaje de “sobreocupación”, que el Ejecutivo madrileño sitúa en el 132%.
Según ha confirmado elDiario.es, la Comunidad de Madrid ha notificado al Ministerio que su sistema de acogida atendió en todo 2024 a 2.442 menores extranjeros acompañados, pero ese no era el dato que el Gobierno pedía. “Si hablásemos del sistema hospitalario, hemos pedido camas ocupadas. Pero el dato que nos da la Comunidad de Madrid no sería ese, sino el de todas las personas que han hecho uso en consultas externas y en camas ocupadas. Nosotros pedimos el número niños migrantes que tiene una plaza acogida”, ejemplifica Rego con un símil.
Aunque es la única comunidad mencionada por la titular de Infancia, la ministra confirma que hay más gobiernos regionales que han respondido de manera asimétrica, aunque no ha concretado cuáles. Las consultas realizadas por elDiario.es a los distintos gobiernos regionales apuntan a una gran disparidad en la presentación de estos datos. Por ejemplo, mientras unas administaciones solo mencionan el número de plazas habilitadas para menores extranjeros no acompañados, otras aportan el total de las plazas estructurales de su sistema de acogida, sean inmigrantes o no. En otros casos, las comunidades no han detallado la cifra específica de plazas ocupadas, sino que presentan un porcentaje de sobreocupación díficil de verificar, etc. No obstante, la mayoría sí aporta el número de niños y adolescentes migrantes albergados actualmente por su administración.
Para tratar de organizar tal enjambre de datos, el Ministerio se ha dado “unos días” para aclarar detalles de la información presentada con las comunidades autónomas para, después, elaborar una propuesta. “La mayoría nos ha dado bien los datos, pero si no tenemos todos, es complicado dimensionar la situación del sistema”, ha recalcado Rego.
No obstante, la negativa de algunas comunidades a facilitar la información requerida no acarreará la paralización del proceso del reparto. En caso de carecer de datos verificados por parte de alguna autonomía, la reforma de la Ley de Extranjería establece un ‘plan b’: utilizar los últimos datos “contrastados” de los que dispone el Gobierno, que corresponden a un informe elaborado por el Ministerio de Infancia en 2023.
Todo este largo proceso de recogida de datos y verificación anterior a la activación de los traslados se debe a que el Gobierno central no cuenta con una cifra actualizada de menores extranjeros no acompañados en España, dado que el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, el único sistema existente a nivel estatal para contabilizarlos, no es lo suficientemente fiable.
El Real Decreto aprobado por el Gobierno daba de plazo hasta el 31 de marzo para que las comunidades autónomas aportasen el número de menores acogidos y el “número de plazas estructurales” con las que cuenta el sistema. Solo entonces, en base a esos datos, que deben ser certificados se definirá el número de menores que recibirá cada territorio.
El Ejecutivo lleva meses trabajando con varias tablas de proyecciones en sus negociaciones con Junts, documentos con los que el Gobierno ha calculado provisionalmente cómo quedaría el reparto en base a las últimas cifras de las que disponen, que deben ser actualizadas con la información enviada por las autonomías. La última tabla de proyecciones, a la que ha accedido elDiario.es, evidencia en cifras el mayor peso que tendrá el “esfuerzo previo de acogida”. Dichos cálculos apuntan a que las regiones que más menores tendrán que recibir serán la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y Comunidad Valenciana (478). Mientras que otras como Catalunya (27), Baleares (59) y País Vasco (88), serán las que menos chavales alberguen debido a ese “esfuerzo previo” realizado en la acogida.
La reforma garantizaba la aprobación de un crédito extraordinario en 2025 con el que Hacienda financiará una parte de los costes derivados del traslado de menores, en este caso, desde Canarias y Ceuta. Las autonomías solo recibirán financiación para sufragar las plazas que deban crear por encima de un mínimo de espacio que el Gobierno asume que debe tener cada territorio, lo que denomina “capacidad ordinaria”. Es decir, el decreto creará un mecanismo para redefinir el sistema de acogida de menores, con la introducción de un mínimo de plazas de acogida de niños y adolescentes, como el que actualmente existe en otros ámbitos como, por ejemplo, el sanitario donde cada comunidad debe tener un número mínimo de camas de hospital.
Si las comunidades autónomas no se ponen de acuerdo de forma unánime para impulsar otra vía, el Gobierno calculará el número de plazas mínimas con de cada territorio con la siguiente fórmula: “La capacidad se obtendrá de dividir la población total de cada comunidad autónoma a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año anterior entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español”. Para ello, el Ejecutivo se basará en la información actualizada presentada por las Comunidades Autónomas antes del 31 de marzo de 2025.
Esa cifra de plazas de “acogida ordinaria” será clave tanto para solicitar financiación del fondo extraordinario estatal como para, en caso de crisis humanitaria, justificar la saturación del sistema de acogida para pedir un nuevo traslado. Para que la ocupación presentada y el número de plazas estructurales se consideren válidos, los chavales acogidos deberán haber sido incluidos en el registro de menores de Interior y las plazas abiertas deberán haber sido certificadas por el Ministerio de Juventud e Infancia.
