No les dejan robar tranquilos

La ultraderecha internacional está indignada con la condena a su colega francesa Marine Le Pen por malversación de fondos públicos. No pueden creerlo: no les permiten robar tranquilos. Porque usar ilícitamente el dinero de los ciudadanos es igual que sustraerlo. Ni robar, ni a este paso dar golpes de Estado, dañar a los débiles hasta la muerte, ni mezclar las instituciones con asuntos turbios personales, nada: la condena a Le Pen podría indicar que no les van a dejar delinquir como tantas veces han hecho, al menos con la impunidad habitual. Podría ser. Ya veremos. En Francia, ya hubo en el pasado condenas por corrupción en localidades gobernadas por la ultraderecha. Y recordemos que dos expresidentes fueron condenados: Chirac, también por malversación de fondos públicos aunque no ingresó en prisión por ser muy anciano cuando se produjo la sentencia. Y Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias y tampoco ha ido a la cárcel sustituida, se dijo, por un año de arresto domiciliario.

Pero no es frecuente, tienen razón. Graves fallos del sistema han permitido a Donald Trump, condenado por 34 delitos, presentarse y ser elegido presidente de Estados Unidos. Y ver cómo, lleno de soberbia y de ira, se lanza  con total impunidad  a destruir la democracia de su país y avasallar al resto del mundo. Es precisamente la justicia la que intenta pararle los pies -como ya hemos comentado- y es la justicia francesa y no Emmanuel Macron o Bruselas -como dicen algunos- quien ha dictado sentencia contra Marine Le Pen. Que a tantos les suene raro explica en gran medida la poca confianza que tantas personas tienen en la justicia de sus propios países. Y desde luego la laxitud extrema de muchas conciencias.

Claman, pues, Trump, Putin, Orban, Abascal, Salvini o Elon Musk: se está queriendo acallar “la voz del pueblo”, dicen. ¿Del pueblo? Y no se va a conseguir, añaden. Le Pen y otros miembros de su partido han sido condenados por malversar fondos públicos y les han detectado una serie de contratos ficticios. Un clásico. Llevan años con estas prácticas. Los fieles a Le Pen protestan por la condena y por la aplicación inmediata de la sentencia que conlleva 5 años de inhabilitación para cargo público: la candidata de la extrema derecha no podrá presentarse a las presidenciales de 2027 que una vez más esperaba ganar.  La legislación francesa no permite que un condenado por corrupción permanezca en el cargo. Habrá que ver que consiguen los recursos. Serían ya dos los países que contarían con delincuentes convictos en la presidencia. Dos de la envergadura de Estados Unidos y Francia y parece que, de momento, a este lado del Atlántico no se admite tamaña aberración.

Es preocupante el desmoronamiento de la ética en la sociedad actual, de la decencia, de la honestidad. No plenamente aún. Pero la derecha-ultraderecha política, sus canales de propaganda y numerosos ciudadanos no rechazan tener presidentes corruptos. Con cuanto implica. Corruptos a todos los niveles. Moralmente también. Es indivisible. Y ha ido creciendo a un ritmo constante.

Buscando esto en mis archivos he encontrado cómo fuimos contando el engrosamiento de los fascismos. Había y hay -y esa es la clave- mucho dinero detrás para apoyar que así sea. Es rentable. La ultraderecha no anda con demasiados miramientos en la inversión en los ciudadanos, lo que llaman no por casualidad “gasto social”. Ya avisan en EEUU que Trump y Musk van a por la ya exigua Seguridad Social de su país. Es en todos. Lean los programas y, como suele decirse, los labios.

Que miles de imbéciles -sin -escrúpulos, eso sí- estén apoyando esta degradación de la sociedad explica el éxito de este trabajo que se incrementa ya casi por décadas. La UE estuvo dando vueltas a si sancionaban e incluso expulsaban al húngaro Orban, el germen que ha terminado siendo metastásico en la UE. Y no hicieron prácticamente nada. Por cierto, el PP español fue uno de los que votó en contra de que le echaran.  Orban estaba atacando primordialmente la justicia húngara. Siempre es lo mismo. Ahora la ultraderecha es la tercera fuerza política del Parlamento de Estrasburgo repartida en tres grupos.

Y esperen porque acaban de sancionar al agitador ultra Alvise por no haber completado la obligatoria declaración de intereses. “Impresionante” ha sido la pena: dos días sin dietas.

Cuando la operación es del signo contrario -para atacar gobiernos en ejercicio- hay sectores de la justicia que se posicionan a favor de los desestabilizadores. Ocurrió con Lula y Dilma Roussef en Brasil, por ejemplo. Por cierto, Feijóo dice que ya no aguanta más, que prepara la caída del gobierno y pide unidad frente al sanchismo. Los demócratas lo hacen en las urnas, pero no es el caso.

En España ya saben como tenemos la justicia. Por fin asociaciones de fiscales y jueces saltan en airada protesta conjunta, tras tanto silencio. Ha sido contra la vicepresidenta María Jesús Montero por criticar el cambio de sentencia del futbolista Alves. La algarabia que ha montado la derecha política también ha obligado a Montero a pedir disiculpas. Y no es de recibo. El PP insulta a lo grande casi a diaro. Y jueces y fiscales parece que no ha habido mejor oportunidad que ésta para pronunciarse. Y ahí tenemos a Hurtados y Peinados trabajando por lo suyo. Y a todo un jefe de Estado de España denunciando a un expolítico por calumnias. Ha difamado, dice, a Juan Carlos I de Borbón, ese gran ciudadano ejemplar. Y ha contratado como abogada a una de las que le lleva sus asuntos al novio de Ayuso.

Habrán observado que en todas partes esta ultraderecha con tan amplísimas tragaderas para todo tipo de corrupciones hace una particular profesión de fe religiosa. El sátrapa de Donald Trump inicia las reuniones oficiales del gabinete con un telepredicador que les bendice. Está en plantilla con una Oficina de la Fe en la Casa Blanca. Y así son todos.

Es verdaderamente admirable que cuele la desvergonzada hipocresía de esta gente que van rezando y con el mazo dando. Los más ultras españoles también hacen profesión de fe católica que denigran con sus actos. La última de Ayuso, tras el maltrato fatal a los ancianos de las residencias, ha sido abandonar a 250.000 familias monoparentales. Para ella no son mujeres como “Dios manda”, denuncia la portavoz de Igualdad del PSOE en la Asamblea de Madrid. Con su propio baremo, Ayuso sí que no lo es. Ni el novio que no pasaría el corte de la justicia francesa con ella de partenaire. La lista es larga en similares condiciones y ese es el problema. La justicia francesa nos ha puesto las pilas de lo posible y marca la diferencia. Con la deriva común a otros muchos países, todavía sus ciudadanos son lo bastante valientes para defender sus derechos. En una proporción suficiente, porque seguro que en España como en EEUU también los hay.