El borrador del Real Decreto que endurece las condiciones para la creación de centros explicita que los que no cumplan pasado ese trienio perderán la licencia
El Gobierno pone más requisitos a las universidades privadas: un informe vinculante y un mínimo de 4.500 estudiantes
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades va a dar tres años a las universidades ya existentes para que se adapten a los nuevos requisitos so pena de perder la condición de universidad. Los campus ya activos deberán, entre otras cuestiones, ofrecer tres programas de doctorado, dedicar el 5% de su presupuesto a la investigación o contar con 4.500 estudiantes en ese periodo sin excepciones, hitos que muchas iniciativas privadas no están cerca de alcanzar en este momento pese a que la investigación es “consustancial al hecho universitario” y “diferencian una universidad de una academia”.
Así figura en el borrador del Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades que el Ministerio se dispone actualizar y al que ha tenido acceso este periódico. El texto, que el departamento que dirige Diana Morant está dispuesto a negociar, entra ahora en fase de exposición pública para comenzar su tramitación, que será por la vía de urgencia. Universidades espera que esté aprobado en mayo o, a más tardar, junio.
La normativa aún vigente, que impulsó el exministro Manuel Castells en 2021, daba cinco años a las universidades para adaptarse a los requisitos que entonces se plantearon, pero el plazo no ha llegado a cumplirse aún y el Ministerio ya ha visto necesario endurecer la normativa.
Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y experto en gestión universitaria, cree que las medidas son adecuadas, aunque lamenta que “el mal ya está hecho al aprobarse en los últimos años varias universidades privadas que claramente no reúnen los requisitos mínimos de calidad”. Ahora deberán adaptarse a los nuevos requisitos, pero el problema que observa Ramió es que la competencia para quitarles la licencia universitaria la tiene el mismo Gobierno regional que la aprobó sin que cumpliera los mínimos.
Los informes
El texto explicita cómo va a funcionar una de las principales novedades que introducirá la normativa, el informe preceptivo y vinculante que deberán realizar la Aneca (la agencia estatal, pero independiente, que evalúa la calidad universitaria) o sus homólogas autonómicas allá donde existan. Este informe complementará al que ya realiza la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) del Ministerio, pero este último no es vinculante; aunque salga negativo, las comunidades autónomas lo pueden obviar y aprobar igualmente el proyecto, una circunstancia que se ha repetido en los últimos años al menos en Madrid y Andalucía.
Explica el borrador que la Aneca se encargará de evaluar que el proyecto presentado se ajusta a la normativa, con un enfoque más bien técnico. “En especial, analizará: la calidad de la oferta docente; la disponibilidad, características y adecuación de la plantilla de profesorado que sustenta esa actividad docente e investigadora y que se compromete la entidad promotora del proyecto universitario a contratar; la dotación de equipamientos e instalaciones para la docencia, la investigación y la transferencia, de servicios y de gestión; y la solvencia de la programación plurianual de la investigación y la transferencia de la universidad”.
Si este informe es negativo –y Ramió augura que las agencias no tendrán fácil dar su visto bueno si las propuestas no cumplen– “concluye el procedimiento administrativo”, explica el decreto. Si es positivo, el Ministerio realizará su propia evaluación, centrada en “la sostenibilidad económica de la propuesta; y la experiencia previa en gestión de proyectos universitarios de los responsables de la iniciativa”.
Esta es otra de las novedades que recoge la propuesta normativa de Universidades. El Ministerio explicita en el borrador que muchas propuestas recientes “han sido a iniciativa de grupos o consorcios sin ningún tipo de conexión previa con la realidad académica universitaria, ni en España ni en el extranjero”. Según el Ministerio, “esto es significativo, en tanto que el desarrollo de la docencia y la investigación, así como del resto de funciones que desempeña la universidad, requiere evidentemente de conocimiento y experiencia de gestión”.
Para evitarlo, dice el borrador, la solicitud de creación de universidad “deberá incluir en la Memoria la justificación de la experiencia en actividades docente e investigadores y gestión de la educación universitaria de la persona física o jurídica que promueve la universidad, y de las personas que conformarán el equipo directivo de la futura universidad en el inicio de su actividad”.
“Es absolutamente necesario”
El borrador no aporta grandes novedades respecto a la información que adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado lunes, pero dedica la parte inicial a describir la evolución del panorama universitario en los últimos años y justificar que resulta “absolutamente necesario” actualizar la normativa vigente, que se ha revelado ineficaz para cortar la “eclosión” en los últimos años de lo que el presidente calificó de “chiringuitos” o “academias”.
El texto habla de “una expansión sin precedentes en la historia de España de las iniciativas de universidades privadas, con un volumen y rapidez que no tiene comparación con ningún otro de los grandes países europeos”. Una eclosión que no se ha detenido: “En este inicio de 2025 se están analizando en el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades un total de seis nuevas propuestas de creación de universidades privadas [fuentes del Ministerio explicaron el lunes que son nueve], y se constata igualmente en el número creciente de propuestas que se han presentado, y se están presentando”. CCOO calcula que hay unas 30 propuestas presentadas, aunque no se estén tramitando aún.
El resultado de esta expansión de la oferta de formación universitaria privada es que el número de estudiantes matriculados en universidades privadas, y en centros privados adscritos a universidades públicas, alcanza ya un 31% del total, “si bien en el caso de los Másteres Universitarios este indicador alcanza el 51%, mientras que significativamente solo llega al 8% en el caso de los programas de Doctorado”, matiza el texto. Estas cifras, además de no tener parangón en Europa, “denotan perfectamente las prioridades de buena parte de esas universidades”.
Esta afirmación alude al hecho, explican fuentes conocedoras del sistema universitario, de que los másteres son la etapa formativa más rentable para las universidades y en la que están poniendo el foco muchos nuevos centros. El Gobierno quiere evitar esta especialización obligando a las universidades a tener más estudiantes de grado que de máster y a ofrecer programas de doctorado. Incluir que la oferta académica abarque al menos tres grandes áreas de conocimiento –un aspecto que ya recogía el anterior decreto– busca evitar que las universidades se centren exclusivamente en los estudios con más demanda, como pueden ser los relacionados con ciencias de la salud.
El texto también se esmera en aclarar que el Gobierno distingue entre centros privados, como han tratado de hacer tanto Sánchez como algunas ministras estos días. La reforma no va de “públicas contra privadas”, explicó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sino de “buenas contra malas”.
En esa línea, el texto recuerda varias veces recuerda que “hasta ahora” el sistema español universitario se basaba en la universidad pública, compaginada con campus privados con “una calidad homologable, similar en sus niveles a los alcanzados en las universidades públicas”. “Hasta este momento, la ciudadanía, las administraciones públicas y el tejido productivo tenían la certidumbre de que todas las universidades españolas contaban con niveles elevados de calidad, indistintamente de naturaleza jurídica, tamaño, especialización o localización”, concluye el borrador.
