Insta al juez a que tome declaración como investigados a Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo en su calidad de integrantes del consejo de administración de la empresa que gestiona la hacienda
La Casa de Alba esgrime que sus pozos ilegales junto a Doñana han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua
La Fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado al juez que instruye la causa por los nueve pozos ilegales de la Casa de Alba en una finca de Sevilla que impute a tres hermanos del actual duque, al formar parte del consejo de administración de la empresa (Eurotécnica Agraria) que gestiona estas tierras. Los tres afectados serían Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, que figuran como consejeros junto a su sobrino Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como investigado ante el magistrado.
Se da la circunstancia de que Eugenia Martínez de Irujo fue la primera imputada en esta causa, en la que se investiga un posible delito contra el medio ambiente por la utilización de nueve pozos sin licencia en la finca Aljóbar, en la misma puerta de Doñana en término del municipio sevillano de Aznalcázar. Finalmente, el magistrado aceptó la petición de la empresa de Eurotécnica Agraria de excluir a la duquesa de Montoro con el argumento de que no está en el día a día de la gestión de la hacienda, lo que acabó con Luis Martínez de Irujo ante el juez.
La fiscal hace esta nueva petición en un oficio en el que también solicita que se investigue a la persona jurídica Eurotécnica Agraria. Asimismo, pide al juez que prolongue la instrucción de la causa durante otros seis meses, ya que está próxima a expirar una primera prórroga que ya concedió el pasado octubre.
“Indicios suficientes”
En su escrito, la Fiscalía considera que “concurren indicios suficientes” para continuar la instrucción de la causa, que aborda hechos que serían “cuanto menos” constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente. De hecho, apostilla que esto es así “vista la extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años”. Esto, subraya, ha supuesto un “grave perjuicio para el medio natural”.
Igualmente, insta al magistrado a que solicite a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los permisos de riego) que aporte una relación de cuántos expedientes sancionadores puedan haberse interpuesto a Eurotécnica Agraria. Junto ello, también requiere que en este listado se haga “expresa referencia” a las sanciones que se puedan haber impuesto.
La CHG, por cierto, está elaborando un estudio por encargo del juez para determinar el impacto que los nueve pozos sin permiso han podido tener en el acuífero del que extraen agua, el Aljarafe Sur. Asimismo, el organismo tiene que analizar las masas de agua y ecosistemas “dependientes, relacionados o asociados”, para establecer su posible conexión con el entorno de Doñana, algo que niega la empresa que gestiona Aljóbar.
Informe y contrainforme
La Guardia Civil ya aportó a la causa en diciembre un informe que concluía que las extracciones sin licencia han provocado un daño ambiental que cifra en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante una década. En uno de sus últimos autos, el magistrado apuntó por primera vez que además estas instalaciones ilegales pueden tener un “impacto colateral en Doñana”, de ahí el análisis reclamado a la CHG.
Por su parte, la defensa jurídica de la Casa de Alba ha encargado un contrainforme en el que acusa a los agentes del instituto armado de “tergiversar datos” para imputarle un daño ambiental “inexistente”. En esta línea, y aunque reconoce la existencia de los pozos sin permiso, insiste en que nunca se ha sacado más agua de la que tiene concedida la finca, llegando a afirmar que estas extracciones ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua.
