El Ministerio Público recoge cómo el jefe de OCON-Sur habría sobonado a un agente de Asuntos Internos para que le facilitara la información que sus compañeros tenían de él por su presunta relación con un grupo de narcos
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La Fiscalía ha pedido seis años y medio de cárcel para el que fuera jefe de Antidroga para el Estrecho de Gibraltar David Oliva, teniente coronel de la Guardia Civil. por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho. En concreto, por tratar supuestamente de obtener información sobre una investigación de Asuntos Internos en su contra por estar favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero.
En su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, la Fiscalía Antidroga pide que también se sienten en el banquillo de los acusados un subordinado y un teniente del Instituto Armado. Para el teniente solicita cinco años de cárcel por cohecho y revelación de secretos, mientras que para el subordinado pide tres años y seis meses de prisión únicamente por revelación de secretos.
El Ministerio Público sostiene que Oliva y el teniente trabajaron entre 2018 y 2022 en el Órgano de Coordinación contra el narcotráfico (OCON Sur), la unidad especial de la Guardia Civil creada en el año 2018 con la finalidad de luchar contra el especial incremento de la actividad de narcotráfico que en los últimos años se había detectado en la región del Campo de Gibraltar, en Cádiz.
“A partir del año 2011, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil empezó a recibir diversas informaciones que ponían de manifiesto que los acusados pudieran estar favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero”, apunta la Fiscalía.
“Con la finalidad de comprobar las informaciones referidas”, continúa el escrito, “el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil inició el 15 de noviembre de 2019 una investigación al respecto bajo el nombre ‘Operación Varea’”.
“Buscaba su impunidad”
La Fiscalía sostiene que “con el fin de conocer el contenido de la investigación y articular su defensa para lograr la impunidad”, Oliva contactó con el teniente, que “prestaba sus servicios en la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil y estaba buscando la forma de obtener un destino profesional en la provincia de Cádiz por motivos familiares”.
Oliva, según el relato del fiscal, le ofreció “conseguirle un destino profesional en el OCON SUR, con sede en Castellar de la Frontera (Cádiz), a cambio de que” éste “le proporcionara toda la información que, sobre él, pudiera existir en las investigaciones que venía desarrollando el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que estaba destinado”.
Antidroga asegura que ambos acusados eran “plenamente conscientes de la ilegalidad del ofrecimiento y de la contraprestación”. “La posibilidad de conseguir el traslado al OCON SUR, radicado en la provincia de Cádiz, estaba dentro de las facultades profesionales de Oliva quien, como comandante al mando del OCON SUR, podía proponer el destino en comisión de servicios de cualquier miembro de la Guardia Civil que reuniera las condiciones para el puesto”, añade.
Para cumplir su parte del acuerdo, relata la Fiscalía, el teniente del Instituto Armado “se descargó de los ordenadores centrales y bases de datos del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil toda la información que pudo encontrar sobre los otros dos acusados, a pesar de ser en todo momento consciente de la ilegalidad de su actuación, por tratarse de información reservada y secreta”.
Un puesto a cambio de información
“Una vez sustraída la información sensible y reservada, el teniente, ya en las primeras semanas del año 2022, hizo entrega de la misma, en un soporte digital, a Oliva y este, en cumplimiento del compromiso asumido”, propuso a su subordinado “para la comisión de servicios que habría de desarrollar en el OCON SUR, en Castellar de la Frontera (Cádiz), comisión de servicios que finalmente se aprobó y fue efectiva a partir del día 27 de enero de 2022 y que suponía una mejora en sus condiciones económicas”.
Oliva, según Antidroga, “hizo entrega de una copia de la información reservada y secreta recibida” a su subordinado, “a quien también afectaba la ‘Operación Varea’, siendo ambos acusados plenamente conscientes del carácter secreto y reservado de esa información y de la ilegalidad de su obtención y difusión”.
“Como consecuencia de la filtración y transmisión de la información reservada y secreta existente en las bases de datos sobre las posibles actividades delictivas desarrolladas en el ejercicio de sus funciones” por Oliva y su subordinado, “quedó frustrada toda investigación sobre los mismos”.
Eso, concluye el Ministerio Público, provocó el cierre de la ‘Operación Varea’ en enero de 2022, lo que supuso un grave perjuicio para el adecuado funcionamiento de la Guardia Civil.
La Ley establece que los delitos de cohecho en funcionarios públicos deben pasar por un tribunal del jurado. Los guardias civiles han planteado multitud de recursos pero la jueza de Parla que les investiga los ha rechazado. Falta que la Audiencia Provincial haga lo propio con el último para despejar la vía a la celebración de la vista oral.
Los agentes del instituto armado denunciaron un montaje de la Policía Nacional para vincularles con el denominado ‘clan de los Ariza’ que operaba en la Playa de Bolonia, en Cádiz. La Audiencia Nacional rechazó investigar esos supuestos indicios y los guardias civiles presentaron una querella contra el policía al frente de la investigación en un juzgado de Madrid. El magistrado la archivó pero con posterioridad, la Audiencia Provincial le obligó a reabrirla. Por el momento, esa causa sigue su curso.
