Dos peones agrícolas que habían trabajado más de una década en la finca que la familia tiene junto a Doñana destaparon ante la Guardia Civil la existencia de instalaciones sin permiso, dando lugar a una acusación por un posible delito ambiental que se sigue investigando dos años después
La Fiscalía pide imputar a tres miembros de la Casa de Alba por sus pozos ilegales junto a Doñana
Esta historia arranca en la primavera de 2023, cuando dos jornaleros del campo acudieron a la Guardia Civil para denunciar que sabían de unos pozos sin licencia en una finca en Aznalcázar, un municipio sevillano que se adentra en Doñana. Habían trabajado en esas tierras como peones agrícolas durante más de una década, así que insistían en que sabían de qué hablaban. La hacienda resultó ser Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba, y el agua de aquellas extracciones ha salpicado ahora a personajes principales de la mayor familia terrateniente de España, como los mediáticos Eugenia y Cayetano Martínez de Irujo, así como a su hermano Fernando, cuya imputación pide la Fiscalía.
Que esto se materialice queda ahora en manos del juez que instruye la causa, en la que se investiga un posible delito contra el medio ambiente por la utilización de nueve pozos que carecían del obligatorio permiso. Y para ello tendrán un peso fundamental tres informes: uno demoledor elaborado por la Guardia Civil (cifra en hasta seis millones de euros el daño ambiental) y un contrainforme encargado por la defensa para intentar desmontar el anterior, en el que se defiende que nunca se han sacado más recursos de los permitidos y en el que se llega a afirmar que estos bombeos ilegales le han venido bien al acuífero del que expolian agua.
El tercero lo encargó recientemente el propio magistrado, y lo tiene que elaborar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de dar los permisos de riego. El objetivo es analizar el impacto de los pozos sin permiso en el acuífero del que sacan agua, el Aljarafe Sur. Asimismo, tiene que detallar las masas de agua y ecosistemas “dependientes, relacionados o asociados” al mismo, para establecer su posible conexión con la cercana Doñana.
Peones agrícolas que habían trabajado en la hacienda
“Que no ha tenido problemas con la propiedad, que se vino de forma voluntaria sin tener enfrentamientos”, declaró uno de los dos peones agrícolas en su denuncia ante la Guardia Civil. Había trabajado de forma intermitente en Aljóbar, por temporadas, durante 14 años, mientras que el segundo denunciante lo hizo durante 18 años, hasta que se jubiló. “Que no tuvo problemas con la propiedad en todo ese periodo”, recoge el acta de la declaración. Les acompañó como testigo otro temporero que estuvo ocupado en la finca una década, también por temporadas, y que vino a decir lo mismo.
Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo.
Lo suyo fue un tirar de la manta en toda regla, alertando de la existencia de nueve pozos que no tenían licencia, ya que Eurotécnica Agraria (la empresa de la Casa de Alba que gestiona estas tierras) tiene autorización para uno nada más. No sólo carecían de permisos, sino que estos bombeos –que llevaban funcionando una década– tampoco estaban equipados con los preceptivos contadores de agua.
Dos años después, aquellas denuncias ya han llevado ante el juez como investigado al primer nieto de la duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg. El duque de Aliaga admitió que las nueve estaciones de bombeo carecían de contador de agua y que empezó a regularizarlas cuando ya habían sido denunciadas, pero alegó que no sabe cómo funciona la finca.
Investigar a todos los miembros del consejo
Curiosamente, y pese a alegar este desconocimiento, Luis Martínez de Irujo fue el que acabó ante el magistrado en su calidad de gerente de Eurotécnica Agraria, después de que la empresa alegase que su tía Eugenia Martínez de Irujo –duquesa de Montoro y primera persona imputada en el caso– no estaba en el día a día de la finca. La Fiscalía de Medio Ambiente vuelve a pedir ahora que declare como investigada, al igual que sus hermanos Cayetano (duque de Arjona y conde de Salvatierra) y Fernando, marqués de San Vicente del Barco.
Esta nueva petición de imputaciones obedece a que la fiscal quiere que se investigue a todos los miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria. La Guardia Civil ya le entregó al magistrado un informe en el que determinaba que, según consta en el Registro Mercantil de Madrid, dicho consejo está integrado por Eugenia Martínez de Irujo como presidenta y su hermano Cayetano como secretario, mientras que su hermano Fernando y su sobrino Luis figuran constan como consejeros sin ninguna atribución adicional.
Para llegar a este punto, durante estos dos años se han sucedido los acontecimientos en cascada, empezando por una primera inspección de Aljóbar por parte de guardias civiles e integrantes de la Comisaría de Aguas de la CHG en la que se constató no sólo que existían los nueve pozos que se indicaban en la denuncia, sino que además estaban funcionando a pleno rendimiento. En su primer informe, los agentes añadieron que las instalaciones estaban escondidas para dificultar su localización incluso con imágenes aéreas, lo que llevó al juez a decretar su cierre. Cuando volvieron para ello, se encontraron con que no les abrían las puertas.
“Impacto colateral en Doñana”
Meses después, ya en mayo de 2014, el juez del caso decidió levantar estas medidas cautelares, pese a la oposición de la Fiscalía de Medio Ambiente. Transcurrido medio año, y en una nueva inspección por sorpresa, se descubrió que volvían a funcionar pese a la advertencia de no utilizarlas, por lo que desde diciembre vuelven a estar precintados.
Poco después llegó el esperado informe de la Guardia Civil encargado por la Fiscalía, en el que se apuntaba que el daño ambiental provocado por estos bombeos ilegales puede ser irreversible. Hasta el propio juez instructor ha llegado a apuntar que estas extracciones sin licencia pueden haber tenido un “impacto colateral en Doñana” y en su avifauna.
Pese a ello, y a ser a ser pillados ya dos veces “despilfarrando” agua, sigue su tramitación la regularización de estas instalaciones que la Casa de Alba inició con la investigación ya en marcha. Por todas estas cuestiones quiere preguntar ahora la fiscal a los Martínez de Irujo, una posibilidad que está en estos momentos en manos del juez.
