El Secretario de Estado de Memoria Democrática reclama al Ministerio Público que investigue si la Plataforma 2025 y el diputado Sergio Rodríguez, que felicitó el «día de la victoria» en el parlament balear, cometen un delito de odio «o cualquier otra tipología penal»
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El Gobierno ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las acciones de la Plataforma 2025, el grupo de franquistas constituido recientemente para “honrar” a Francisco Franco, y también las palabras que pronunció el pasado martes el diputado Sergio Rodríguez en el parlament balear, donde deseó un “feliz día de la victoria” en alusión al triunfo franquista en la Guerra Civil el 1 de abril de 1939.
En una comunicación a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, se dirige a la fiscal de memoria democrática, Dolores Delgado, para trasladarle hechos que a su juicio constituyen “exaltación de la sublevación, de la Guerra Civil y de la dictadura o sus dirigentes” y le reclama que investigue si sus autores cometen un delito de odio o “cualquier otra tipología penal”.
La Plataforma 2025, presentada oficialmente esta semana en un acto en Madrid, ha impulsado un manifiesto firmado por 1.500 personas, entre ellas el golpista Antonio Tejero, varios nietos de Franco o una treintena de militares retirados, que está plagado de elogios al dictador. “Es una loa enaltecedora de la figura de Francisco Franco”, especifica el Gobierno en su texto.
El manifiesto define al dictador como “soldado heroico” y “un hombre bueno” que “trajo la prosperidad y la paz”, defiende el golpe de Estado militar y califica la Guerra Civil como una “Cruzada de Liberación”. La plataforma ya ha llevado a cabo varios actos convertidos en auténticos cónclaves franquistas, se publicita a través de una página web que alaba el régimen dictatorial y busca contraprogarmar las actividades del Gobierno por el 50 aniversario de la muerte de Franco para “recordar y honrar su memoria”.
Así, el grupo tiene previsto un calendario de actividades y conferencias que llevará a cabo durante todo el año por diferentes ciudades de España con este objetivo. Prevé culminar en noviembre con un “gran acto” en Madrid “de desagravio de la figura de Francisco Franco”.
Por otra parte, el escrito del Secretario de Estado de Memoria Democrática menciona la afirmación que el diputado Rodriguez hizo en el Parlament Balear esta semana, en la que felicitaba el 1 de abril, la fecha en la que Franco dio por terminada la Guerra Civil y que fue siempre celebrada por el régimen. Esto, a juicio del Ejecutivo, “es una manifestación de enaltecimiento” de la guerra y la dictadura.
El escrito con el que el Gobierno se dirige a la Fiscalía recalca que la Ley de Memoria Democrática persigue la convocatoria de actos o campañas de divulgación que “inciten” a la exaltación de la sublevación, la contienda o el régimen dictatorial siempre que entrañen descretido y menos precio a las víctimas. Además, su artículo 38 especifica que este tipo de actos serán considerados “contrarios a la memoria democrática” y interpela a “las autoridades competentes” a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal estos hechos “si se advirtieran que pueden ser constitutivos de delito”.
Porque, más allá de la Ley de Memoria Democrática, que establece sanciones administrativas, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se dirige al Ministerio Público por si “los hechos que nos ocupan puedan ser constitutivos de un delito de odio o cualesquiera otra tipología penal”. Así, considera el Gobierno que los actos y manifestaciones “podrían tener encaje” en el artículo 510 del Código Penal, que persigue los delitos de odio y castiga a quienes “promuevan, fomenten o inciten directa o indirectamente” a la violencia, la discriminación o la hostilidad contra una persona determinada “por motivos entre otros referentes a su ideología”.
Además, también se refiere expresamente a quienes “públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”, además de a quienes “enaltezcan a sus autores” en caso de que se hubieran cometido contra un grupo determinado por motivos ideológicos, entre otros, y siempre que “se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos”.
