El Ministerio Público asume la primera causa propia a raíz de la denuncia de una víctima de torturas en 1977 en la comisaría de Via Laietana de Barcelona
La Audiencia de Barcelona cierra la puerta a investigar por la vía penal las torturas de la policía franquista
Si los jueces no investigan, lo hará la Fiscalía. El Ministerio Público ha abierto por primera vez diligencias penales para investigar las torturas perpetradas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana (Barcelona), la conocida como ‘casa de los horrores’.
La apertura de una investigación propia por parte de la Fiscalía llega después del rechazo de los jueces a emprender la vía penal. La Audiencia de Barcelona concluyó que la reciente Ley de Memoria Democrática, al contrario de lo que interpretaban las víctimas, no permitía investigar los crímenes franquistas. Lo que sí podía hacer el Ministerio Público, razonaron los jueces, era realizar investigaciones propias “para colmar el derecho a la verdad reconocido en tantos tratados internacionales”.
Y esta es la vía que ha emprendido la Fiscalía. Según ha informado el Ministerio Público en un comunicado, la investigación correrá a cargo de la Fiscalía de Barcelona, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado.
Las diligencias de investigación, ha explicado el Ministerio Público, se abrieron a consecuencia de la denuncia interpuesta por una víctima “por los malos tratos físicos y psíquicos que le fueron infligidos durante su detención en febrero de 1977”.
En el decreto que abre las pesquisas, la Fiscalía explica que la investigación “se fundamenta en la obligación establecida por la Ley de Memoria Democrática de realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios estos que son pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
El decreto analiza los requisitos que se exigen para la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en el caso denunciado: que se trate de graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario; que las torturas se produjeran fruto del golpe de Estado de 1936, la guerra y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española; y que los mismos hayan sido perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de represión contra la población civil, en este caso por motivos políticos.
