El documento, prácticamente idéntico, se vuelve a someter a votación en el Consejo Interterritorial un mes después de que los consejeros conservadores se opusieran a él tras darle el visto bueno técnico
Los consejeros del PP tumban el plan nacional sobre salud mental pero respaldan las medidas contra el suicidio
Segunda oportunidad para el plan de acción de salud mental. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne al Ministerio de Sanidad con los consejeros autonómicos, vuelve a votar el documento este viernes, un mes y medio después que decayera por la oposición de las comunidades del Partido Popular. Pese a que sus técnicos habían dado el visto bueno al plan, los consejeros conservadores se opusieron a su aprobación a última hora tras las reticencias de una de las sociedades científicas que había participado en la elaboración del texto. Solo Asturias, Castilla-La Mancha, Catalunya y Navarra votaron a favor. Euskadi también lo rechazó.
La negativa escoció a Sanidad. “Es un bloqueo caprichoso e interesado del PP de uno de los planes más ambiciosos de salud mental que ha tenido nuestro país”, dijo la ministra Mónica García, que sin embargo se abrió a “incluir algunas de las aportaciones de letra pequeña”.
Así ha sido. El texto final ha sufrido algunos retoques mínimos con los que Sanidad, sin alterar el fondo de las medidas, espera obtener el apoyo de todas las comunidades y que van en la línea de las peticiones de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), la sociedad científica que se descolgó del plan y cuyos argumentos emplearon los populares, según el texto definitivo avanzado por El Mundo y al que ha tenido acceso elDiario.es. El resto de sociedades de Psiquiatría, Psicología y Salud Mental mantuvieron su apoyo después del primer patinazo y mostraron su “estupor” por el rechazo del PP, como recogió Efe.
La redacción final del plan, que ya ha pasado por los filtros técnicos donde están las comunidades autónomas, limita el término “deprescripción” a hipnosedantes y antidepresivos –la versión anterior no hacía referencia a fármacos concretos– y elimina la idea del “uso racional” de psicofármacos en favor de “uso adecuado”.
El asunto terminológico ha sido un motivo de confrontación de algunos especialistas con el Ministerio tras manifestar su voluntad de reducir el uso de fármacos en los casos que sea posible. “La idea es prescribir mejor en general y psicofármacos solamente cuando sea necesario, de manera que se den otras alternativas como la prescripción social cuando no sea imprescindible la farmacológica”, explicó la comisionada de Salud Mental, Belén González, en una entrevista con este medio.
Otro de los cambios tiene que ver con las plazas MIR de las especialidades relacionadas con la salud mental: psiquiatría, psiquiatría infantil, psicología clínica y enfermería especializada. La anterior versión recogía un impulso a la oferta del 90% de las plazas ya acreditadas“ que ”permita responder a las necesidades de atención de la población“. El nuevo eleva ese porcentaje al 100%.
El PP, pese a haber refrendado el plan en órganos técnicos, argumentó en el último Consejo Interterritorial que el documento no tenía una asignación de presupuesto concreta. Ya entonces la ministra respondió que había al menos 38 millones para este plan y aseguró que habría financiación “haya o no presupuestos” aunque el “reparto de las cuantías” se abordaría, justificó García, en otra reunión. Fuentes ministeriales aseguran que el plan tiene garantizado un presupuesto de 39 millones de euros.
Estas son las medidas
El plan, si no sufre más modificaciones, se aprobará este viernes con nueve líneas de acción: refuerzo de los recursos humanos en salud mental; salud mental comunitaria y alternativas a la institucionalización; modelo de atención orientado a los derechos humanos, humanización y lucha contra el estigma; optimización del tratamiento y calidad en la prescripción; abordaje de problemas de salud mental en contextos y colectivos de mayor vulnerabilidad; salud mental perinatal, de la infancia y de la adolescencia; sistemas de información en salud mental; y salud mental y trabajo.
Con él, el departamento que lidera Mónica García también quiere ampliar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para atender de manera más amplia la salud mental. El plan establece que se actualizará para dar cabida “a formas de atención comunitarias” y los “servicios relacionados” con el circuito de atención psicológica y psiquiátrica. Aunque todavía no se han concretado –debe ser acordado con las comunidades–, se traduciría por ejemplo en garantizar que hay hospitales de día en todas las regiones o centros de salud mental comunitaria que puedan ofrecer psicoterapia. Todo lo que está en la cartera común debe ser ofrecido por los servicios autonómicos.
Los ingresos hospitalarios son otro asunto que el Ministerio quiere revisar, de acuerdo con “la nueva evidencia científica y el enfoque de derechos humanos”, según la comisionada. El plan quiere potenciar la atención domiciliaria, la hospitalización parcial o las casas de crisis “para proteger la autonomía y los derechos” de los pacientes en esa situación, con especial atención a los niños y adolescentes. En este sentido, las acciones de Sanidad buscan “reducir las intervenciones involuntarias” sobre las personas con problemas de salud mental e “impulsar alternativas” a la “contención mecánica”, es decir, a las sujeciones.
Una de las decisiones más novedosas, que también se recoge en el primer plan contra el suicidio ya aprobado, es la creación de un sistema de vigilancia de la salud mental similar al que ya existe con las enfermedades infecciosas, como la gripe o la COVID-19, como un mecanismo para conocer cómo está la población, medir los problemas y tener mejor información para actuar. Se vigilarán prioritariamente “las conductas autolíticas y los ingresos involuntarios de personas con problemas de salud mental” una vez que el Gobierno apruebe un real decreto que lo regule.
La idea de monitorizar estos datos es tener un mapa más claro para identificar puntos críticos “donde deba priorizarse la atención”. El documento pone como ejemplo a las personas mayores, migrantes, con discapacidad, de zonas rurales o difícil acceso, víctimas de violencia sexual o de género o en riesgo de exclusión social. Y presta atención especialmente a los entornos laborales para “promover y proteger la salud mental de los trabajadores y de las trabajadoras e identificar los trastornos mentales derivados o agravados por el trabajo desde el sistema sanitario”.
