El PP presenta una enmienda a través de la ley de acompañamiento para derogar el decreto de tanteo y retracto, que aprobó el Ejecutivo de PSPV, Compromís y Unides Podem para que la Administración tuviera preferencia en la compra de viviendas
El Ayuntamiento de València renunció a la compra de al menos 400 viviendas para el parque público en 2024
El Gobierno de Carlos Mazón derogará la ley que permite ampliar el parque público de la vivienda interviniendo en la compra de inmuebles en sus próximos presupuestos. El PP ha presentado en las Corts Valencianes una enmienda a la ley de acompañamiento para la derogación del decreto de tanteo y retracto, aprobado en 2020 por el Ejecutivo del Botánico, que otorgaba a la Administración preferencia en las transacciones de inmuebles. Si sale adelante el proyecto presupuestario, que requiere el apoyo de Vox, la norma volverá prácticamente al texto de 2004, que limitaba estas opciones.
La herramienta permitió al Gobierno autonómico adquirir más de mil viviendas para el parque público con disponibilidad inmediata, entre ellas el edificio de València que permitió alojar a las familias afectadas por el incendio de Campanar en tiempo récord. En algunos casos las viviendas se adquirieron a precios irrisorios -hasta un euro en varias operaciones-. El PP llevó al Constitucional este decreto, así como las anteriores leyes de vivienda del Ejecutivo progresista. En 2023 el Alto Tribunal avaló la medida impulsada por Unidas Podemos en el Consell del Botànic.
La derogación del decreto haría retroceder la ley veinte años y limitaría esta opción a la vivienda de promoción pública, que apenas se ha construido en las últimas décadas. Quedarían fuera las viviendas protegidas construidas por iniciativa privada, la fórmula mayoritaria en administraciones con falta de recursos; las viviendas subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o los edificios enteros que se fueran a vender o se hubieran vendido entre operadores privados, una medida que pretendía poner trabas a la especulación inmobiliaria.
En otra enmienda, el PP plantea regular este derecho de manera limitada, una vez derogado el decreto que lo aborda en profundidad. El texto añade, como novedad al texto de 2004 y en línea a modificaciones posteriores del Botànic, la capacidad de ceder este derecho a los ayuntamientos. Se mantiene también la obligación de los titulares de vivienda de informar a la Generalitat para que se plantee esta opción.
En todo el 2024 la Generalitat Valenciana no ha hecho uso de estos derechos, que el PP siempre ha rechazado. El Ayuntamiento de València ya impulsó una moción para rebajar esta prerrogativa y decidió el pasado año que solo ejercería el derecho cuando se pudieran comprar promociones enteras o al menos diez viviendas de una misma tanda. En el momento se argumentó que era más eficiente, por simplificación administrativa y para facilitar la gestión de las viviendas públicas. Por esta vía, según denunció el PSPV, se ha renunciado a la compra de más de 400 viviendas en la ciudad en un trimestre.
