El Consejo de Ministros arranca de nuevo este martes el proceso para aprobar por la vía de urgencia la ley que crea el organismo después de que ambas formaciones la tumbaran tras haberla apoyado en trámites anteriores
El PP deja caer la Agencia Estatal de Salud Pública por un choque con el Gobierno por otra ley
El Gobierno reinicia este martes la tramitación de la Agencia Estatal de Salud Pública tras venirse abajo inesperadamente su aprobación en el Congreso hace dos semanas por un cambio de postura de última hora del Partido Popular y Junts. El primer paso es que el proyecto vuelva a recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, algo que, según ha podido confirmar elDiario.es, ocurrirá este próximo martes. El Ejecutivo va a retomar el proceso por la vía de urgencia con el mismo texto y pretende acortar todo lo posible los tiempos para que, según su previsión, la norma que crea el nuevo organismo adscrito al Ministerio de Sanidad esté aprobada en dos meses.
La ley para “mejorar la salud, la equidad y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias” –según el literal de su articulado– protagonizó una situación inédita en el Parlamento que pilló por sorpresa a los partidos de Gobierno. Con los apoyos atados después meses de negociaciones, los diputados populares y de Junts hicieron descarrilar el acuerdo. El motivo del viraje no tenía nada que ver con la ley que se estaba votando, sino que fue una “reacción” a un desacuerdo con otra norma, la de desperdicio alimentario, que también se sometía a votación aquel día.
La oposición llevó su enfado hasta las últimas consecuencias tras haber votado a favor de la norma una semana antes en la Comisión de Sanidad. “Es un síntoma más de una oposición destructiva, absolutamente sin rumbo”, lamentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ministra de Sanidad, Mónica García, tildó la estrategia de “revancha contra la salud de los ciudadanos”.
Reducir los tiempos
Ahora, tanto el Ministerio de Sanidad como los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE cuentan con que la tramitación se desarrolle sin incidentes. Al texto que salga en segunda vuelta directamente del Consejo de Ministros se agregará durante la tramitación las enmiendas que ya estaban pactadas. Es decir, se volverá al mismo proyecto de consenso que se votó en el Congreso pero en menos tiempo, según fuentes parlamentarias.
La idea es que la norma sea aprobada directamente por la Comisión de Sanidad sin pasar por el debate del Pleno, ni antes ni después. Ha pasado en otras ocasiones: la eliminación del despido automático por incapacidad permanente, por ejemplo, se envió al Senado a finales de marzo con la competencia legislativa plena de la Comisión de Trabajo.
Un proyecto de ley entra en el orden del día de la sesión plenaria si algún grupo lo pide, pero es posible no hacer esa “avocación” –así se llama en términos del reglamento– y, si hay mayoría en la comisión del ramo, enviar el texto directamente al Senado, que tendrá 20 días para proponer modificaciones. Si no se pone sobre la mesa ningún cambio, la ley se sometería en la Cámara Alta y quedaría definitivamente aprobada.
Una historia de obstáculos
La creación de un organismo para mejorar la vigilancia del estado de salud de la población y protegerla ante presentes y futuras amenazas se plasmó por primera vez en una ley en el año 2011. Entonces gobernaba el PSOE pero nunca se hizo realidad. La pandemia convenció a la fuerza al Ejecutivo, una década después, de que había que retomar el proyecto con urgencia.
Muchas de las recomendaciones de actuación que siguió el Gobierno salían del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), un departamento pequeño del Ministerio de Sanidad con escasos recursos. El director de organismo, Fernando Simón, fue la persona que durante meses se encargó de comunicar día a día a la ciudadanía cómo evolucionaba la situación.
La exministra de Sanidad Carolina Darias inició en 2022 la tramitación de la nueva ley, pero esta quedó interrumpida por la convocatoria anticipada de elecciones un año siguiente. En enero de 2024, el nuevo equipo del Ministerio de Sanidad de Sumar retomó el proyecto, que estuvo a punto de descarrilar nuevamente cuando Junts y PNV presentaron sendas enmiendas a la totalidad para enviar el texto de nuevo al Gobierno alegando que invadían sus competencias. La situación se recondujo a base de negociaciones hasta que terminó tumbada, contra todo pronóstico, en el Congreso.
