José Vicente Saz, rector: «En Madrid hay decenas de centros que imparten títulos universitarios, es un buen negocio»

Antes de empezar la entrevista propiamente, el rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), José Vicente Saz, explica que en su opinión el debate de los últimos días sobre la universidad está algo distorsionado porque “no hay un buen conocimiento en la población de lo que es una universidad”. Y expone lo que para él constituye un centro de educación superior que merezca tal nombre. “Mucha gente entiende que una universidad es como una gran academia donde se expiden grados y másteres para ser médico, ingeniero o lo que sea. Pero realmente –al menos en el caso de las universidades públicas que conozco– eso supone un porcentaje relativamente pequeño de la actividad de la universidad. Su objetivo primordial es generar conocimiento, generar tecnología y transmitirlo a la sociedad. ¿Y cómo lo transmite? Puedes pensar en patentes, en empresas. Y sí, también lo transmitimos de una manera mucho más eficaz, que es la que sí conoce la población y es formando personas o promoviendo la cultura. La universidad es mucho más de lo que se conoce. Y cuando hablamos de universidad y de calidad, hablamos de todo esto”.

Fijado el marco, Saz entra en materia. Este catedrático, presidente rotatorio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (Cruma), considera que la normativa sobre creación de centros que el Gobierno va a endurecer era “muy laxa” y por ella se colaban iniciativas que no responden a ese modelo de universidad que define y que están centradas en hacer negocio con la educación. Sabe de lo que habla el rector: la Comunidad de Madrid es una de las que está aprobando centros que ni se acercan a su definición y además con varios informes en contra. En la región también se debate estos días el modelo de financiación de las universidades públicas, y se están jugando mucho. Los centros están ahogados, como han denunciado públicamente, y la Comunidad quiere fijar por ley que no financiará más del 70% de sus presupuestos, una medida que es “imposible”, según Saz. Pese a todos los problemas que arrastra, el rector cree que el momento no es (tan) malo. “La universidad ahora está en un momento especialmente dulce y bastaría con que nos dieran un empujón económico adecuado, que no tiene que ser multimillonario”.

¿Qué le parecen las medidas que ha anunciado el Gobierno para endurecer la creación de universidades privadas?

La parte que no me gusta en absoluto es que nos están utilizando como arma arrojadiza. Ha llegado el momento en el que al menos los dos grandes partidos, PSOE y PP, cuando hablen de universidades lo hagan para mejorarlas de verdad. Las universidades de Madrid hemos dicho de forma pública que no estamos de acuerdo con la creación de algunas universidades privadas porque consideramos que no reúnen los requisitos que debe reunir una universidad, me da igual que sea pública que privada. Esto no es una guerra de universidades públicas contra universidades privadas, es una guerra por la calidad en el sistema universitario español, que, por cierto, creo que en su conjunto es muy bueno. Tenemos muy buenas universidades públicas en España y tenemos algunas privadas realmente de calidad, podemos presumir también de ellas. Si el Gobierno decide ahora sacar un real decreto y las medidas que ha adoptado van a mejorar algunas universidades públicas –porque también se refiere a universidades públicas– y algunas universidades privadas, bienvenidas sean.

¿Pero cree que hacía falta endurecer los requisitos, que se estaban aprobando cosas que no son universidades?

Se están aprobando universidades de acuerdo a una normativa que probablemente sí requería unos ciertos retoques, porque en algunos puntos era muy laxa. Las comunidades lo que han hecho es acogerse a la norma. ¿Cumple? Pues adelante, sin entrar a valorar si la universidad es buena, mala o regular. Pero desde el punto de vista de algunas universidades públicas, algunas no cumplían con los requisitos para ser una universidad. Hay un debate, que lleva años en España, sobre si es necesario que haya centros universitarios que se limiten a formar y centros que sean universidades que investiguen y transfieran. En los países sajones existen los college, que se dedican fundamentalmente a formar, pero que están ligados a una universidad madre que genera el conocimiento. Habría que abrir ese debate, porque si hay universidades que solo forman y no investigan no son universidades y habría que delimitarlas y cambiarles el nombre. Porque, en los últimos años, junto a universidades privadas que poco a poco van creciendo e intentando crear sus líneas de investigación y convertirse de verdad en universidades, hay otras que ni siquiera se lo han planteado. Contra ese modelo estamos.

¿Se está haciendo negocio con la educación superior? Cuando uno lee que un fondo de inversión ha comprado una universidad, sabiendo que el objetivo de un fondo es ganar dinero, se pregunta si es lo que necesita el sistema.

En la mayor parte de las autonomías ha descendido el número de estudiantes universitarios, pero en Madrid ha aumentado ligeramente, porque es un foco de atracción y todas las universidades quieren tener un centro en Madrid. Aquí no se ha creado ninguna universidad pública desde hace 40 años, pero se han creado privadas y hay varias decenas de centros que emiten títulos universitarios. Probablemente, porque es un buen negocio. En Hispanoamérica, donde las universidades privadas son mucho más habituales de lo que han sido aquí, distinguen tres tipos de universidades: públicas, privadas y, dentro de las privadas, universidades con ánimo de lucro y universidades sin ánimo de lucro. Es lo que tenemos aquí. Si una entidad privada, con un objetivo de tener beneficios económicos, utiliza como medio un centro educativo de calidad no me representa ningún problema. Las que me plantean problemas son las que exclusivamente se centran en el negocio.

Ya que saca este tema y volviendo a su propuesta de definición de lo que es una universidad, ¿sería partidario de incluir que no pueden tener ánimo de lucro? Quizá la educación no sea el mejor sector para ganar dinero.

No lo sé. Pero hay algún centro universitario en Madrid que se ha convertido en un elemento de traspaso entre fondos de inversión. No la mayoría, conozco algunos centros universitarios que sé que tienen unos beneficios, digamos, razonables, que creo que no plantea problemas. El problema son esas, que al final se convierten en elemento de transmisión de fondos de inversión. En un negocio puro y duro.

Hablemos de las universidades de Madrid. ¿Cómo están? Es público y notorio que el momento es malo.

Malo y bueno…

Financieramente, malo. Lo han denunciado públicamente.

Desde el punto de vista de la eficiencia probablemente las universidades madrileñas sean un ejemplo en el mundo. Somos capaces de hacer muchísimas cosas con muy pocos recursos. Estamos en el noveno lugar en productividad científica y tenemos prácticamente todas las universidades madrileñas dentro de las 800 mejores del mundo en los ránkings (sobre unas 40.000), pero no estamos ni cerca en el mismo nivel de financiación. Si hubiera un coeficiente de financiación, rentabilidad científica y formativa estaríamos muy por delante de la mayoría. Pero somos deficitarios, lo hemos puesto de manifiesto públicamente y por escrito: nos falta financiación, y esto es un problema antiguo. Tras la crisis de 2008 y sobre todo a partir de 2012 se hizo un recorte muy importante a las universidades que no se ha recuperado. Estamos intentando revertir esa situación, y creo que nuestra salida a la calle [en alusión a la protesta pública que hicieron los rectores hace un año denunciando que las universidades madrileñas se ahogan] ha tenido resultados positivos. La sociedad es consciente, que no lo era, de que hay un problema. Y los responsables políticos han respondido favorablemente. No digo que hayan dicho ‘tomad, cientos de millones para arrancar’, pero se han sentado a hablar. Después de la carta abierta que le mandamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, nos recibió y llegó con nosotros a una serie de compromisos. Uno de ellos era fijar un modelo de financiación. Y ya llevamos tres reuniones para hablar del modelo de financiación. Nos han planteado un modelo y estamos viendo con ellos qué es nos gusta y qué no.

¿Qué les ofrece la el Gobierno regional?

El modelo es muy sencillo. Consta de tres partes: una financiación básica que tiene que cubrir todos los gastos propios de la universidad, gastos de personal y gasto corriente…

Eso que no pasa ahora. Varias universidades han contado que la Comunidad de Madrid no cubre ni siquiera los mínimos.

En ninguna lo hace. Lo que le pedimos a la Comunidad es un modelo que nos dé la seguridad para seguir trabajando y que sea previsible durante un cierto periodo de años. Que sepamos que esta universidad dentro de cuatro años va a recibir tal cantidad para sus gastos corrientes y su plantilla. La parte fundamental es que la Comunidad cubra nuestro capítulo uno, el gasto de la plantilla. Ahora mismo, como es público, la cantidad que recibimos no cubre el gasto de la plantilla.

Para que la gente se haga la idea, ¿cuál sería el incremento mínimo que necesitaría esta universidad? El rector de la Rey Juan Carlos decía en una entrevista reciente que en su caso es el doble.

Tendremos que decidir primero qué necesitamos para sobrevivir de una manera adecuada, y qué necesitaríamos para tener un cierto margen de maniobra y hacer políticas universitarias, que son dos cuestiones diferentes. Para funcionar de una manera racional y no tener ningún tipo de aprieto económico y mantenernos como estamos necesitaríamos al menos un 10% o un 20% más de financiación. Si queremos crecer y tener políticas universitarias, incrementar nuestro programa propio de investigación o contratar investigadores de prestigio de otros países –que lo permite la ley y nos cuestan más dinero que contratar a un investigador español–, tendríamos que crecer no sé si el doble, pero en un porcentaje muy importante. Según la LOSU tendríamos que alcanzar el 1% del PIB. Estamos hablando de que falta en torno a un 50% o 60% más.

Hablaba de tres partes en el modelo de financiación. ¿Cuáles son las otras dos?

Una segunda cuestión que contempla ese modelo es la financiación por cuestiones específicas, que son diferentes para cada universidad y que una tendrá que negociar con la comunidad. Por ejemplo, esta universidad tiene su origen a finales del siglo XV principios del XVI y tenemos edificios que tienen más de 500 años. Con estas lluvias yo sé que me va a costar como mínimo 1 millón de euros reparar las cubiertas porque son edificios muy antiguos. Esta universidad tiene un gasto de mantenimiento en edificios que no tienen otras, que tendrán sus necesidades específicas que tendrá que cubrir la Comunidad de Madrid. Y, tercera, también le dijimos a la Comunidad de Madrid que tiene que decidir qué quiere de sus universidades. Que nos pida, que nos exija. Nosotros estamos dispuestos a rendir cuentas y que nos fije objetivos o que los negociemos conjuntamente. ‘Si mejoráis tanto en esto os voy a incrementar la financiación’.

El rector Saz, en el paraninfo de la Universidad de Alcalá.

Ha comentado antes que la carta abierta que publicaron las seis universidades públicas a una denunciando la falta de financiación tuvo efectos positivos. Pero pasaron muchos años sin denunciar públicamente, y no será porque algunos medios no estábamos deseando contarlo. ¿Se arrepienten de no haber sido más beligerantes en público?

Yo puedo hacer mi análisis personal. Mirando hacia atrás, creíamos que estábamos haciendo lo que debíamos. A la Comunidad de Madrid le estábamos haciendo las mismas reclamaciones [en privado] y pensábamos que era suficiente. Pero nos hemos dado cuenta de que visualizarlo por parte de toda la población, sacarlo a la calle, ha sido mucho más eficaz que las conversaciones y los debates, que pensábamos que eran fructíferos porque llevaban no diré la promesa, pero sí un cierto grado de compromiso por parte del gobierno que luego nunca llegaba a fructificar. Pero desde el acto en el Círculo –que organizó esta universidad– empezamos a percibir que éramos mejor escuchados, y mejor respondidos sobre todo. Probablemente si hubiéramos sido un poco más beligerantes o proactivos y hubiéramos sacado a la opinión pública lo que realmente estaba ocurriendo en las universidades habríamos ganado mucho tiempo.

Ahora por fin están negociando su modelo de financiación con la Comunidad de Madrid. ¿Cómo va la negociación? ¿Están encontrando receptividad?

La última reunión que tuvimos, el jueves pasado, estuvimos hablando precisamente de eso y de hasta dónde podíamos negociar. No quiero ser ni excesivamente complaciente con el Gobierno de la Comunidad ni excesivamente crítico. Nos han planteado una serie de cuestiones y el espíritu de negociación parece el adecuado. Encontramos receptividad. Hemos dado un salto cualitativo muy importante y estamos negociando de verdad, hablando de un modelo de financiación a cuatro o cinco años con detalles incluidos. El salto siguiente es ponerle números.

Habla de “ponerle números”, pero se filtró el documento con el borrador de modelo de financiación que ofrece la Comunidad de Madrid, y establecía que el Gobierno quiere fijar por ley que no va a financiar más del 70% de los presupuestos universitarios. ¿Están las universidades en disposición de cubrir ese 30% restante?

Hemos hablado de esto con la comunidad. Nosotros no nos podemos hacer cargo de la financiación si se limita la aportación de la comunidad al 70%.

¿Qué porcentaje del presupuesto supone el mero funcionamiento de la universidad, abrir las puertas y pagar las nóminas?

El 93% del dinero que ingresa la Universidad de Alcalá entre la Comunidad de Madrid y las tasas que pagan los alumnos se limita a cubrir los gastos corrientes de funcionamiento de la UAH: los capítulos 1 (personal) y 2 (gastos corrientes). La comunidad quiere que tengamos nuestras propias vías de financiación, lo cual está bien, pero cuando una universidad busca vías de financiación tiene muy pocas alternativas, porque estamos sometidos a una ley muy estricta, la Ley de Contratos del Estado. Si conseguimos financiación para investigar no podemos utilizarla nada más que para ese objetivo. Tenemos otro capítulo, que es el de mecenazgo, que es bastante mejorable. Si tuviéramos una ley de mecenazgo similar a la de los países sajones podríamos conseguir muchos fondos. La formación permanente puede ser otra vía de financiación, pero no puede ser un negocio. Tenemos pocas posibilidades más de mejorar. Veo prácticamente imposible conseguir un 30%.

No se habla mucho del tema, pero las universidades también están gestionando la implantación de la nueva ley, la LOSU. Uno de sus principales objetivos era reducir la precariedad de buena parte del cuerpo docente, especialmente el profesorado asociado. ¿Lo está logrando?

La LOSU no nos ha hecho un gran favor. Todo lo contrario, porque ha incidido en el profesorado en dos aspectos diferentes y de momento se está abordando solamente uno, que es la limitación de la capacidad docente de los profesores asociados. Un asociado, según la ley actual, lo contratamos para dar una asignatura y hemos llegado a la particularidad de que un catedrático de una determinada materia puede tener que renunciar a esa materia si se ha contratado un profesor asociado para esa asignatura. Imagínate que tenemos un catedrático para dar una materia y en un momento dado hace falta otro profesor. Y viene un asociado para impartir esa materia. Si más adelante el número de alumnos se reduce y solo hace falta un profesor quien tiene prioridad es el asociado, porque el catedrático tiene la libertad de dar otras materias, pero el asociado ha sido contratado para esa. Eso genera un problema de organización interna muy importante. A eso se le suma la limitación de horas. El máximo que podía dar antes un asociado eran seis semanales y ahora son cuatro. Eso ha hecho que caiga drásticamente la capacidad docente de un grupo de profesores y ahí ha nacido un problema.

Ha dicho dos problemas. ¿Cuál es el otro?

Que disminuye la capacidad docente del profesorado estable, no solo de los asociados. Nosotros teníamos profesores que tenían que dar 320 horas de docencia al año y ahora el máximo son 240. Eso en nuestra universidad supone una disminución de la capacidad de los profesores de 30.000 horas. Son muchas horas y eso lo tenemos que cubrir con nuestros fondos, porque no hay ningún programa estatal ni autonómico que lo cubra. Vamos a tener que crear nuevas figuras para suplir ese déficit de horas. Cuando se planteó la ley no tenía esas condiciones. Una vez aprobada, la Secretaría General de Universidades tomó la manija y vio que eso tenía un impacto económico muy negativo en las universidades y de ahí salió el programa María Goyri [para contratar profesorado que pagan a medias las comunidades autónomas y el Gobierno]. Pero el otro déficit no lo tenemos cubierto todavía. La LOSU nos ha empobrecido, no ha sido un elemento favorecedor.

Si les ha empobrecido volvemos a lo mismo. Van a necesitar más dinero todavía.

El año pasado, por primera vez en décadas, esta universidad ejecutó el 100% del capítulo uno en profesorado. Nunca habíamos ejecutado todo lo que se había presupuestado porque siempre se presupuesta algo por encima en material de personal para tener un cierto margen de maniobra.