Un investigado en el caso por posible prevaricación relata al juez cómo se decidía el presupuesto en la Consejería de Educación en manos entonces de Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea: «Había un excedente de unos seis millones y orden de gastarlos a final de año. También nos decían en qué ayuntamientos debíamos poner»
Las claves del escándalo de FP que acecha al Gobierno de Ayuso: contratos fantasma, facturas troceadas y orden de guardar silencio
La investigación en un juzgado de instrucción de Madrid del caso FP está evidenciando cómo gestionaba el dinero público entre 2021 y 2023 el anterior Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El epicentro del escándalo está en la Consejería de Educación, liderada entonces por Enrique Ossorio –hoy presidente de la Asamblea– y su viceconsejera Rocío Albert –hoy consejera de Economía y Hacienda de la presidenta madrileña.
La declaración ante la jueza del exsubdirector de FP Alfonso Mateos describe los flujos de dinero: se investiga por qué decenas de centros de Formación Profesional hicieron reformas millonarias fraccionando contratos para hacerlas pasar por obras de menos de 40.000 euros, que pasan muchos menos controles y no son fiscalizadas por la Intervención. Como está quedando acreditado en el informe de la Fiscalía y con las declaraciones de testigos e imputados, se actuó así en casi todas las zonas de Madrid (cada una tiene un director general) e incluso en centros que no eran de FP, y se benefició a empresas diferentes, lo que hace sospechar que la orden de gastar irregularmente el dinero no partió de los directores de los institutos (se tendrían que haber puesto de acuerdo entre ellos uno a uno).
A las preguntas de la jueza, la Fiscalía y los abogados, Mateos describió el procedimiento: “Es el que había cuando entré, cuanto estuve, cuando estuve de baja y entiendo que ahora”, dijo el investigado en su declaración en esta causa que investiga una presunta prevaricación en la Consejería del anterior Gobierno de Ayuso. La Fiscalía ya ha calificado estas prácticas como una “palmaria y grosera” omisión de los procedimientos a los que están obligadas por ley las administraciones.
Un apaño para sostener el aumento de alumnos
El escándalo de los contratos fraccionados no se puede entender sin la eclosión de la FP en Madrid, donde el número de alumnos aumentado un 25% en los últimos cinco años, hasta los más de 150.000 estudiantes actuales. Desde la UE y el Gobierno de España se ha promocionado este aprendizaje, que se financió con 525 millones entre 2020 y 2023 para la comunidad que gobierna Díaz Ayuso, según datos del Ministerio de Educación. Todos esos nuevos alumnos hay que meterlos en aulas que no existían y generan nuevos gastos de luz, agua, administración, material para prácticas tipo ladrillos, probetas, maquinaria, correas de transmisión…
Sin embargo, “el presupuesto para gastos de funcionamiento ha crecido un 1% en siete años”, relató Mateos ante la jueza, una cifra evidentemente insuficiente para cubrir un aumento del 25% del alumnado. Así que desde la Consejería de Educación –que hace meses que no contesta a las preguntas de elDiario.es– se optó por transferir fondos desde una partida de “gastos extraordinarios” para los centros que acogieran más alumnos o implantaran más ramas de FP. Ese dinero nunca se podía destinar a hacer reformas y obras, pero la investigación ha evidenciado que fue una práctica habitual durante aquellos años. Si hay que hacer aulas, se financian con dinero de otro capítulo presupuestario y, si cuestan más de 50.000 euros, se recurre al departamento de Infraestructuras, que es el que saca a concurso las obras mayores. Por qué acabó usándose otro dinero para construir, quién lo coordinó o qué instrucciones se dieron sobre obras para conseguir más espacio en los centros que implantaban nuevos ciclos es algo que sigue estando en la zona de sombra del caso.
Según el organigrama, Mateos no tenía ninguna competencia sobre esto y se desentendió de esa responsabilidad en su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es: si había que hacer obras o no para acoger nuevos ciclos y alumnado, si se hacían y cómo o para qué se usaron finalmente fondos que eran de funcionamiento “es cosa de la DAT”, dijo en el juzgado. Se refería a las direcciones de área territorial, cuyos líderes son altos cargos del Gobierno de Ayuso y que se reparten la responsabilidad educativa por zonas geográficas: Madrid Capital, Oeste, Este, Sur… Dependen del consejero y tienen a su cargo los servicios de inspección y control de cuentas.
Mateos defendió en el juzgado que todo eso era responsabilidad de las DAT. “Pero aquí la DAT no aparece, no hay correos, solo han aportado a la causa los que han interesado. Han buscado un chivo expiatorio”, aseguró sobre su condición de investigado el propio Mateos en su declaración.
Esos gastos extraordinarios de funcionamiento para financiar el boom de la FP –que además no eran extraordinarios y debían haberse articulado a través de otro capítulo del presupuesto– se cuantifican en unos seis millones de euros anuales: “Nos decían de la Consejería que no querían consolidar gastos ordinarios. Había un excedente de 6 millones y había que gastarlos a final de año sí o sí, al 100%, nos insistían mucho con esto”. Mateos hacía las memorias de necesidad que justificaban el reparto de esos millones, unas memorias que han suscitado preguntas de la jueza y la Fiscalía por lo poco argumentadas que están: un folio que tiene por una cara la suma que se va a dar a cada DAT y por la otra, lo que se va a dar a cada centro. Las preguntas sobre por qué a un centro se le dan 95.000 y a otro 20.000 revelan laxitud y cierta arbitrariedad en el reparto de fondos públicos: “Consultábamos a los centros, a los directores, las DAT también nos decían ‘oye que a este centro le falta dinero’… Todos los años había algún ayuntamiento agraciado, nos decían ‘oye hay que poner en los centros de este ayuntamiento’”. No hay más justificación ni dato objetivo que ampare las cifras.
Ese reparto llegaba hasta el consejero Ossorio: “Las memorias se pasaban al director general, que las presentaba al Interventor, el consejero firmaba que aprobaba el gasto y la cuarta firma era del Interventor General de la Comunidad, que ingresaba el dinero en la DAT, que se lo enviaba a los centros y que luego tenía la función de controlar y auditar”.
¿Con un proceso tan estructurado, nadie se dio cuenta de que ese dinero para material y para los alumnos se estaba gastando en obras, nadie se enteró de que se estaban construyendo institutos y pabellones ni se preguntó cómo se estaban financiando? ¿De quién fue la idea? ¿Nadie coordinó la necesidad de nuevos espacios? ¿La DAT no preguntó nunca ni detectó en el control del gasto que se estaban haciendo obras fraccionadas y reiteradas? Mateos ha dejado una frase que apunta a un proceder genérico: “Yo no sabía ni quería saber nada de las obras, porque no es mi competencia, y como todos los centros estaban con esta forma de operar, qué hago, ¿me voy a meter yo en un charco con todos los centros? Es cosa de la DAT”, zanjó a preguntas de la Fiscalía.
La investigación de la jueza se centra en varios casos, aunque el primero que se conoció es el de Ciudad Escolar. Fue el propio empresario que construyó allí un pabellón sanitario de FP el que dio la voz la alarma al ver que no le pagaban. Empezó a reclamar a los directores de instituto y, a la vista que pasaban los meses y su empresa tenía que hacer una suspensión de pagos, empezó a enviar burofaxes a Educación, que abrió en 2024 una investigación interna que concluyó con un expediente a dos directores del complejo educativo y el cese de Mateos. Ante los indicios de posible prevaricación en la época del anterior equipo, también del PP, el actual consejero envió el expediente a Fiscalía, lo que ha suscitado cierto malestar en la sede del Gobierno, según fuentes conocedoras del caso.
elDiario.es ha publicado otra decena de casos, en diferentes DAT y con diferentes empresarios, en los que se han hecho obras pagando con fraccionamiento de contratos y adjudicaciones a dedo sufragadas con fondos enviados desde la Consejería a los centros. Era el atajo para evitar los concursos públicos y decidir sin ningún tipo de publicidad ni concurrencia las empresas que acometerían las obras. Entre ellas, la Escuela de Arte de Alcalá, con más de un millón de euros de presupuesto, o el centro de FP a distancia Ignacio Ellacuría, un proyecto estrella de Isabel Díaz Ayuso y parte de sus medidas estratégicas pospandemia.
