Este martes finaliza el plazo establecido para que el Gobierno se haga cargo a través del sistema de asilo de los menores extranjeros no acompañados que hayan pedido protección internacional en Canarias, quienes hasta ahora eran responsabilidad del Ejecutivo autonómico como cualquier niño tutelado
El Supremo da 10 días al Gobierno para hacerse cargo de mil menores solicitantes de asilo acogidos en Canarias
Esta medianoche finaliza el plazo fijado por el Tribunal Supremo para que el Gobierno asuma la responsabilidad de los menores extranjeros no acompañados que hayan pedido protección internacional en Canarias, cuya acogida hasta ahora era competencia del Ejecutivo autonómico como cualquier niño tutelado. La medida cautelar, además de llegar como una solución de urgencia ante el colapso de las islas, ha arrojado una nueva interpretación sobre la acogida de los menores que huyen de situaciones de conflicto o persecución. Si hasta ahora siempre primaba la condición de menor sobre la de solicitante de asilo y, por tanto, eran atendidos de la misma manera que cualquier chaval en situación desamparo; el auto abre la puerta a dar un mayor peso a las necesidades de refugio, lo que despierta la preocupación de algunas organizaciones especializadas en infancia.
De manera paralela, la orden del Supremo fue dictada días después de la aprobación en el Consejo de Ministros de la reforma de la Ley de Extranjería que, de ser convalidada este jueves en el Congreso de los Diputados, dará luz verde a la distribución de 4.400 menores desde Canarias y Ceuta a lo largo del próximo año. Esta cifra de niños y adolescentes ya incluía a los cerca de mil niños solicitantes de asilo albergados en el Archipiélago, pero la decisión judicial impone una mayor urgencia en relación a este colectivo y, sobre todo, obliga al Estado a responsabilizarse de la atención de este grupo específico de menores, algo inédito hasta el momento. La incógnita sigue siendo cómo lo hará.
Después de la reunión mantenida la semana pasada en Tenerife entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo; el Gobierno retiró el recurso en contra de la medida cautelar del Supremo, con lo que de facto aceptaba hacerse cargo de estos menores. Según defendió Torres, la decisión del Ejecutivo buscaba actuar con “lealtad constitucional” y “buena fé negociadora”. En el encuentro participaron también la ministra de Infanica, Sira Rego, y la titular de Migraciones, Elma Saiz; para empezar a sentar las bases de la aplicación de la orden judicial.
Para cumplir con lo establecido por el Alto Tribunal, la Abogacía del Estado trasladará al Supremo “el trabajo de colaboración acordado con el Gobierno de Canarias para dar cumplimento a las medidas cautelares”, apuntan desde el departamento dirigido por Torres, que no llegan a confirmar si ya se ha realizado dicho trámite. “Lo importante es que el auto decía que la acogida de los niños solicitantes de asilo en al sistema nacional debía hacerse en colaboración y coordinación con Canarias. Y así se está haciendo”, defienden las mismas fuentes.
Las dificultades
Actualmente, el sistema estatal para solicitantes de asilo no está preparado para albergar a menores sin la compañía de un adulto, dado que no hay centros especializados en la atención de niños solos. Para cumplir con la medida cautelar, por tanto, se debería habilitar nuevos espacios o, en su caso, alojar a menores en centros pensados para adultos, algo desaconsejado por las organizaciones especializadas. “Son niños con casuísticas varias. Se analizará caso a caso para garantizar su derecho a la acogida digna”, recalcan fuentes del Ministerio de Política Territorial. “No se trata de paquetes que se puedan llevar de un lado a otro. Hay que acondicionar espacios y contar con personal adecuado”, añaden.
Todas las tareas relacionadas con el sistema estatal de acogida, como la búsqueda de espacios, recaerá sobre el departamento dirigido por Elma Saiz. “El Ministerio de Migraciones está trabajando en coordinación con el Gobierno de Canarias y con el resto de ministerios competentes para dar cumplimiento al auto en el plazo previsto, y para garantizar los derechos y la seguridad de los menores”, responden fuentes de Inclusión, que rechazan aportar detalles al respecto.
Otra de las fórmulas barajadas en los últimos días por el Gobierno para dar cumplimiento al auto del Supremo pasaba por alcanzar un convenio de colaboración con Canarias, por el que se traspasaría al Estado la tutela de los menores solicitantes de asilo, mientras que la acogida de estos se mantendría en el Archipiélago mientras se buscan lugares de acogida adecuados para ellos o de manera permanente en el caso de aquellos niños que ya se encuentren arraigados en las islas y su traslado no sea aconsejable.
El Defensor del Pueblo pide desde hace meses una atención especializada en la identificación de solicitantes de asilo entre los menores llegados solos a Canarias. Desde finales de 2023, se empezó a apreciar un cambio de tendencia de las nacionalidades de los niños y adolescentes que alcanzan las islas. La institución, en colaboración con Acnur, realizó 576 entrevistas a niños, niñas y adolescentes acogidos en 37 centros de menores y concluyó que al menos un 55 % de los menores entrevistados, podrían encontrarse en necesidad de protección internacional.
Según el diagnóstico de la Agencia de la ONU para los Refugiados, recogido por el Defensor, estos menores habían huido de conflictos armados como el de Mali, que han sufrido violaciones de derechos humanos, violencia sexual y de género, incluida mutilación genital femenina o matrimonio forzoso y precoz. También incluyen a aquellos menores que sufren persecución por pertenecer al colectivo LGBTIQ, entre otras circunstancias.
Ante el incremento de las necesidades de protección entre los menores migrantes llegados solos a Canarias, Ángel Gabilondo solicitó en verano de 2024 adoptar medidas para aumentar la coordinación en la acogida de los niños y adolescentes con necesidades de protección internacional por parte del Gobierno canario y la Administración General del Estado.
“Para la adopción de medidas extraordinarias que garanticen el acceso de estos niños y niñas al procedimiento de protección internacional, se ha de tener en cuenta la situación anteriormente descrita reforzando el personal encargado de la identificación de las necesidades de protección internacional, así como la tramitación de las solicitudes y la derivación a recursos de acogida adaptados a sus necesidades”, recordaba entonces el Defensor.
En ese sentido, Gabilondo señalaba que la normativa europea permite “alojar a los menores no acompañados, a partir de los 16 años de edad, en centros de acogida para solicitantes adultos, siempre que sea en su interés superior”. No obstante, la institución alertaba de que los menores solicitantes de asilo requerirán “una intervención especializada que, respetando el necesario enfoque de infancia, los acompañe en su proceso de reconocimiento como personas refugiadas”.
En todo caso, zanjaba el Defensor del Pueblo, “el interés superior del menor será la consideración básica para los Estados miembros a la hora de aplicar las disposiciones relativas a los menores y se velará por que tengan un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, psíquico, espiritual, moral y social”.
