Una treintena de empleados esperan noticias ante las instalaciones de la fábrica, dentro de la que se encuentra el propietario
El dueño de Sargadelos reacciona a una inspección de Trabajo anunciando el cierre de su planta cerámica de Cervo
A última hora del lunes trascendió que la Xunta y el propietario de Sargadelos habían llegado a un acuerdo para que este último retomase la actividad en la fábrica de Cervo (Lugo), después de haber anunciado que cerraba la planta tras una Inspección de Trabajo. Sin embargo, este martes los trabajadores continúan a las puertas de las instalaciones, no se les ha permitido acceder a sus puestos y esperan noticias.
En torno a una treintena de empleados se encuentran en la planta, según informa Europa Press. Señalan que no tienen información y que las únicas noticias que han conocido han sido a través de los medios de comunicación. El administrador de Sargadelos, Segismundo García, sí está en el interior de las instalaciones.
A última hora de la tarde del lunes trascendió que la dirección de la empresa y la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración habían alcanzado un acuerdo para el reinicio de la actividad productiva “a la mayor brevedad posible”. Las fuentes citadas por Europa Press explicaron que el acuerdo se produjo tras una reunión entre el administrador de Sargadelos, Segismundo García, y el titular de Emprego, Comercio e Emigración del Gobierno gallego, José González. El compromiso de la Xunta incluye realizar un estudio de las posibles mejoras en la protección de los trabajadores y apoyar posibles obras de adecuación de los edificios, con el argumento de que están catalogados como bien de interés cultural (BIC).
La Inspección de Trabajo, que había detectado que una de las trabajadoras había enfermado de silicosis, concluyó con una multa de 5.000 euros por 36 deficiencias. La reacción de Segismundo García, que dirige una de las empresas más emblemáticas de Galicia, reaccionó con una carta dirigida a la Inspección de Trabajo en la que aseguraba que “ante la dificultad para respetar y acometer la ingente normativa vigente […] parece obligado no demorar el cierre para evitar multas, sinsabores y dar satisfacción cumplida a esa solícita inspección”.
Tras el acuerdo con la Xunta, el conselleiro de Emprego, José González, insistió en que “las deficiencias que se recogen en los requerimientos de la inspección son subsanables y no suponen un riesgo inminente para la salud de los trabajadores”. Ha pedido “la mayor flexibilidad posible dentro de la legalidad” en cuanto a los plazos para subsanarlas por las “las características singulares”, en alusión a que es un BIC. El Gobierno gallego se compromete a colaborar con la empresa para implantar los cambios necesarios para la protección de la salud de los trabajadores.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, recuerda que no fue la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la que paralizó la actividad, sino que eso fue una decisión del empresario.
