La comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara acoge un debate sobre la ley del PSOE con las comparecencias de tres expertos críticos, incluido un juez de la principal asociación de la derecha judicial y un catedrático de historial ultraconservador
El PSOE registra una ley anti ultras que reforma la acusación popular y obliga a inadmitir querellas con recortes de prensa
El Partido Popular y Vox siguen adelante con su estrategia de llevar a Bruselas su oposición a la reforma que pretende limitar la acusación popular. El último escenario escogido ha sido la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, que ha acogido este martes un debate —un “monólogo”, según la representante del Grupo de los Verdes— sobre esta figura jurídica que la Constitución define como un derecho de la ciudadanía a “participar en la Administración de Justicia” sin ser una víctima directa del delito y que el PSOE pretende restringir con el argumento de que está siendo utilizada de manera perversa por la ultraderecha. La propuesta se ha presentado en un momento en que hay abiertas varias investigaciones judiciales que afectan a exmiembros del PSOE y al entorno personal del presidente del Gobierno impulsadas por acusaciones populares.
La sesión, que se ha prolongado durante alrededor de una hora y media, ha contado con las comparecencias de tres expertos críticos con la reforma: el magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, vinculado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM); el catedrático Julio Banacloche, con un largo historial ultraconservador; y el periodista de El Mundo Iñaki Ellakuria. Ha comparecido también el director general adjunto del departamento de Justicia de la Comisión, Florian Geyer, que ha evitado posicionarse en medio de las críticas de PP y Vox por una supuesta erosión del sistema judicial liderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan de querer “blindar” a su entorno.
A pesar de la insistencia de los representantes de la derecha y la extrema derecha, Geyer ha reiterado que Bruselas solo evaluará la normativa una vez entre en vigor. “La Comisión, si es necesario, sólo podrá llegar a una evaluación definitiva, basándose en la ley final”, ha indicado tras recalcar que su valoración se hará en base a la norma final, que ni siquiera ha pasado el filtro de la toma en consideración en el Congreso de los Diputados.
“Acoso judicial”
Previamente habían tomado la palabra los expertos, cuya comparecencia fue aprobada con los votos del Partido Popular Europeo y los tres grupos de la ultraderecha. El juez González Mariscal de Gante ha acusado al Gobierno de “normalizar prácticas que debilitan el Estado de Derecho” y ha llamado a la Unión Europea a actuar ante “casos tan visibles y simbólicos, de una cierta degradación institucional dentro de sus propias fronteras”. Sobre la reforma de la acción popular ha criticado que su “fundamento” es acabar con la “posible existencia de un acoso judicial” y ha reiterado que “no puede calificarse de legítima una investigación en función de quién realice la acusación”.
Por su parte, el catedrático Julio Banacloche, ha cuestionado que la reforma pretende tener “maniatadas” a las acusaciones populares, pues el proyecto propone que queden adscritas a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella y no a la fase de instrucción. Banacloche ha afirmado que es una figura que “nace de la desconfianza” en la Fiscalía ha augurado que, en caso de aprobarse, se generará un “parón” en la persecución de los casos de corrupción.
El PP llama “autócrata” a Sánchez
Además de a los expertos, el represente de la Comisión Europea también ha escuchado a los eurodiputados. Así, el europarlamentario del PP, Juan Ignacio Zoido, ha criticado la “preocupante deriva autoritaria” que a su juicio se vive en España. Y ha acusado al PSOE de pretender una reforma ‘ah hoc’ para zanjar ciertas investigaciones judiciales. “No ocurre por casualidad, ni tampoco es una idea abstracta, sino que tiene nombres y apellidos por las personas que se le está afectando con una serie de investigaciones”, ha aseverado.
Por su parte, la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha tachado de “autócrata” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y ha dicho que su objetivo es “blindarse” al “borrar” la acusación popular. “Es un asalto contra la democracia, pues destruye el único instrumento que permite a los ciudadanos, a las asociaciones, por ejemplo, de víctimas, a los sindicatos, querellarse ante los tribunales”, ha dicho.
El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha ensalzado la acusación como “un ejemplo de participación ciudadana, de democracia real y directa”. Y ha denunciado que el Gobierno busque la “impunidad” del “presidente del Gobierno, su mujer, su hermano y sus ministros”. “Ningún socialista en Europa va a decidir jamás quién tiene derechos y quién no los tiene”, ha añadido el representante del partido de extrema derecha.
Ante a estas críticas, el eurodiputado del PSOE Ignacio Sánchez Amor ha defendido que la proposición de ley es “perfectamente legítima y constitucional” y ha recalcado que el Parlamento Europeo se adelanta a la cuestión porque ni siquiera se ha admitido a trámite el debate de esta proposición de ley en el Congreso. Sánchez Amor ha recordado, además, que es una figura que no existe en el resto de países de la UE.
Por parte del grupo de Los Verdes, la eurodiputada de ERC Diana Riba ha criticado el “soliloquio ideológico orquestado por la derecha y la extrema derecha española” en el Parlamento Europeo y ha lamentado que en la sesión hayan participado únicamente ponentes críticos con la reforma. “El objetivo real aquí no es debatir una propuesta de reforma legal, sino defender privilegios jurídicos heredados del franquismo”, ha reprochado. “Y lo decimos sin eufemismos, porque la acusación popular, tal y como existe en España, es una figura profundamente excepcional en Europa”, ha apuntado.
