Con leyes en vigor o en trámite en Catalunya, Baleares, Navarra, Euskadi, Canarias y Galicia, Transición Ecológica ha usado este criterio en varias convocatorias, pero apenas afecta a los proyectos hasta 2030
La España vaciada se mueve para que eólica, solar e hidroeléctrica contribuyan más por su impacto en el territorio
La inversión participativa en energías renovables no termina de despegar pese a las leyes aprobadas en los últimos años en varias comunidades autónomas que prevén reservar un porcentaje de estos proyectos a inversores locales. Catalunya, Baleares, Navarra, Euskadi, Islas Canarias y Galicia han promovido leyes en ese sentido. A escala estatal, el Ministerio para la Transición Ecológica ha introducido este criterio en varias convocatorias. Pero su efecto está siendo discreto por afectar solo a proyectos a futuro.
El objetivo de la inversión participativa es que los ciudadanos y el tejido empresarial local se sientan parte de la transición energética y obtengan un retorno económico directo de los proyectos, así como que mejore la percepción social del despliegue de las energías limpias, tras años de fuerte contestación en algunos territorios contra los megaparques solares y eólicos.
La plataforma de coinversión en proyectos verdes Fundeen, el mayor crowdfunding español de renovables, ha elaborado el informe “La participación ciudadana en proyectos renovables en España”, que pide más implicación de las administraciones para que esta fórmula “sea un éxito”.
El informe asegura que “la participación en la financiación funciona como un indicador del impacto positivo y el respaldo social de un proyecto. Cuanto mejor sea la percepción sobre él”, más probable es que “se quiera participar en su desarrollo y sus beneficios”. Es algo habitual en otros países europeos. En Francia, la financiación participativa se incluyó en las últimas subastas de renovables y se recaudaron cerca de 400 millones de euros en unos 500 proyectos repartiendo los beneficios. En Países Bajos y Reino Unido, los ciudadanos han aportado 300 millones en cinco años con plataformas de este tipo.
En España, la coparticipación se ha convertido en un criterio de valoración habitual en concursos, ayudas y subastas a nivel nacional y autonómico. “Se aplica ya en decenas de proyectos” y en algunos ha permitido financiar “hasta un 25% de la inversión de la planta (casi dos millones) en cuestión de días”, dice el informe, que no obstante recoge una batería de “propuestas de mejora” para que la fórmula termine de implantarse.
A escala estatal, la participación ciudadana se ha tenido en cuenta en la convocatoria de ayudas para instalaciones de generación eléctrica renovable en los dos archipiélagos; está prevista en la subasta de renovables que tiene pendiente de celebrar Transición Ecológica y fue uno de los criterios en las de octubre de 2021 y octubre de 2022, aunque apenas se adjudicaron 37 MW de los 440 MW en liza.
La financiación participativa también está contemplada en los concursos de capacidad para los nudos de la red de transporte, que no se han llegado a celebrar, y se introdujo en la primera convocatoria de los programas de repotenciación eólica del Plan de Recuperación y en la adjudicación del nudo de Transición Justa Mudéjar en septiembre de 2022.
En las comunidades autónomas, la pionera fue Baleares. De allí procede el actual secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, artífice de la Ley 10/2019 de Cambio Climático y Transición Energética en su etapa como director general de esta área en el Govern de Francina Armengol. El archipiélago exige ofrecer a inversores locales (particulares o empresas) el 20% del capital a proyectos con más de 5 megavatios (MW) de potencia. Primero en los municipios donde se ubiquen; después se abre a los colindantes y, si sigue sin cubrirse ese objetivo del 20%, al resto de la comunidad autónoma.
La ley balear también crea una bolsa de terrenos para que sus propietarios los pongan a disposición de los proyectos, a los que se otorga la consideración de inversiones de interés autonómico, reduciendo los plazos a la mitad.
En Catalunya, el Decreto Ley 24/2021 recoge idénticos porcentajes de participación para inversores locales en proyectos a partir de 5 MW. Deben acreditar al menos dos años en las comarcas donde se ubiquen los proyectos y no pueden acaparar más de un 10% de la oferta de participación local.
En Navarra, la Ley 4/2022 obliga a ofrecer a inversores locales (también con ese modelo de anillos) la posibilidad de participar en al menos el 51% del capital. La participación efectiva debe ser del 20% siempre que el proyecto se ubique en suelo público (comunal). También prevé una bolsa de terrenos como la balear. Se les exige redactar en un año un plan de acción para la implantación de los proyectos.
En Euskadi, la Ley 1/2024 de Transición Energética y Cambio Climático, pendiente de desarrollo reglamentario, prevé obligar a ofrecer a inversores locales, industrias y comercios al menos un 20% de la potencia total de proyectos de más de 5 MW. Deberán ubicarse prioritariamente en el municipio de la planta, los colindantes o de la comarca.
En Canarias, el Decreto-ley 5/2024 obliga a presentar oferta de participación a los proyectos renovables en suelo con más de 2 MW. Se exige ofrecer al menos un 20% del proyecto a personas físicas o jurídicas del municipio, los limítrofes o de la isla en que se ubique, de nuevo mediante un modelo de anillos.
Y el Parlamento gallego tramita el anteproyecto de Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, que incluye “la participación en los proyectos, en términos de inversión, de inversores locales y de empresas y administraciones de la zona en que se situará la instalación”. Prevé tenerlo en cuenta en el proceso de evaluación ambiental y para declarar el proyecto prioritario, recortando los trámites a la mitad.
La Comunitat Valenciana llegó a manejar una normativa en esta línea con el anterior Gobierno, pero los cambios con el popular Carlos Mazón (apoyado en la ultraderecha de Vox) “hacen poco viable que este modelo pueda salir adelante”, recoge el informe.
Periodo transitorio
El estudio identifica una serie de barreras para esta fórmula. Entre ellas, que la financiación participativa solo se aplica a proyectos nuevos que se tramiten tras la aprobación de cada una de esas leyes. La oferta de participación solo debe acreditarse en las fases iniciales del desarrollo de proyectos. “Con ese requisito, la regulación sobre inversión local que se apruebe ahora no afectará a la mayor parte de proyectos planificados de aquí a 2030, pues estos ya habrán superado esas etapas iniciales y se encuentran ya en tramitación”.
Como recuerda el informe, en mayo pasado, según Global Energy Monitor, España ya tenía 32 GW de energía eólica instalada y 2 GW en construcción, así como 30 GW de energía solar en suelo instalados y 8 GW en construcción. Es decir, más de la mitad de las instalaciones para 2030 están en una fase avanzada. 54 de los 62 GW restantes que harían falta para cumplir el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hasta 2030 “ya han solicitado permisos de acceso y conexión y más de la mitad ya tiene la capacidad reservada”.
“Con estos datos, es previsible que apenas se produzcan nuevas solicitudes de proyectos durante los próximos años”. Y “si la regulación sobre inversión local que se apruebe en adelante no establece mecanismos para que los proyectos que ya están en tramitación deban acreditar la participación local, esta solo aplicará a un número muy reducido de los proyectos que se desplieguen en los próximos años”. Por ello, proponen un régimen “transitorio” para proyectos en tramitación que obligue a incluir esta fórmula, como ha hecho Catalunya.
Otra gran barrera que señala el informe es la desconfianza por parte de los ciudadanos. Los habitantes en zonas rurales “no son el perfil objetivo interesado en mecanismos de financiación participativa en el ámbito de la energía”. Hay “notables reticencias hacia la inversión en estos productos”, agudizadas por el largo plazo de las inversiones, hasta 30 años; y “el sector energético genera desconfianza entre la población, especialmente tras los recortes que se produjeron a las renovables, que afectaron a numerosos inversores particulares”.
Asimismo, hay ciudadanos que perciben que los beneficios repercuten en las empresas promotoras, y no en el ámbito local. Y “ha aumentado la repercusión de los grupos locales contrarios a los proyectos. En algunos casos, estos movimientos se oponen a todas las actuaciones que tengan relación con el proyecto y no distinguen entre el promotor y la plataforma de financiación”.
Otras barreras, según Fundeen, son que en algunos casos la financiación participativa solo es obligatoria para la aportación de capital, pero no incluye la deuda, y los derechos políticos asociados son “insuficientes para que estos sean decisivos en la toma de decisiones”. O la indefinición regulatoria sobre la difusión de las ofertas, sus condiciones financieras o los plazos de apertura “insuficientes”.
Entre las propuestas que lanza el informe está la participación ciudadana mediante deuda, “que protege los derechos económicos de los socios y evita tener que regular y negociar los derechos políticos”; la exigencia de articular la oferta de financiación participativa mediante plataformas reguladas; la difusión obligatoria de la oferta de inversión por parte del promotor y plazos más amplios para presentarla.
