La presidenta responde a la batalla del Ejecutivo central contra los «chiringuitos» anunciando la que será el decimocuarto centro privado en Madrid, pese a que la proclamación del Instituto de Empresa (IE) como universidad es sobre todo formal, porque lleva años operando
Ayuso insiste en sumar otra universidad privada plagada de “lagunas y deficiencias”, según detectó el ministerio
Nuevo episodio en el enfrentamiento entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Moncloa. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles desde Quito, Ecuador, que el Instituto Empresa (IE) será la decimocuarta universidad privada madrileña, en lo que supone una respuesta al anuncio de Pedro Sánchez de que endurecerá los requisitos para crear campus privados, una decisión motivada por la eclosión de centros privados en todo el Estado, pero principalmente en Madrid.
Ayuso ya había criticado la decisión del Gobierno bajo la idea, que repitió este miércoles, de que una amplia oferta universitaria solo favorece al estudiantado, que tiene más opciones de elegir, y a la Comunidad en su conjunto, que se vuelve “cada vez más excelente y universal”. Cuando concluya el trámite de reconocimiento del IE como universidad, la región contará con 14 universidades privadas, a las que se sumará con toda probabilidad otro centro, en Alcobendas, que cuenta con varios informes negativos.
El anuncio de Ayuso llega ahora pese a que el Ministerio de Universidades dio su preceptivo visto bueno hace más de un año, en marzo de 2024, lo que lleva a fuentes universitarias a interpretar el anuncio como un pulso al Gobierno. Además, inciden, el IE ya está en funcionamiento hace años como centro adscrito a su sede en Castilla y León. Esto es, el movimiento del Gobierno regional le permitirá crecer y ofrecer más estudios, pero apenas es más que un cambio de estatus jurídico. Madrid pasará a tener 14 universidades privadas formalmente, pero ningún centro nuevo va a abrir sus puertas.
El Ejecutivo central, a través del Ministerio de Universidades, pero con implicación del presidente Sánchez, se ha embarcado en una batalla contra ciertos centros privados que califica de “academias” o incluso “chiringuitos”. Son centros que se han aprobado y están aprobando por todo el estado, pero principalmente en la Comunidad de Madrid, y muchos de ellos han pasado los trámites administrativos pese a tener informes contrarios de instituciones diversas –de las propias comunidades que los acaban aprobando, los rectores de los centros públicos o el propio ministerio–. Centros con un capital inicial de 3.000 euros, o con previsión de instalarse en bajos comerciales o en polígonos industriales.
Pese a que el endurecimiento de los requisitos ha sido avalado por la CRUE, la institución que junta a los rectores de más de 80 universidades en el país, incluidas muchas privadas, parte de la oposición ha cargado contra Sánchez por “ir contra las universidades privadas”, con el PP y Ayuso a la cabeza.
En el caso del IE, la evaluación administrativa previa –preceptiva, pero todavía no vinculante porque se ha tramitado en función de la anterior normativa– es favorable. Los informes de la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio de Universidades, la Fundación madri+d (Agencia regional de Calidad Universitaria) y la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Infraestructuras son todos positivos. Otra cosa es que aunque cumpla con la ley actual deberá adaptarse a los nuevos requisitos en tres años.
Por ello, ahora se inicia el periodo de audiencia e información pública y se solicitarán los informes de las demás consejerías y de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, entre otros organismos. Una vez completados todos estos trámites, la Consejería de Educación propondrá, en su caso, la aprobación del Anteproyecto de Ley por el Consejo de Gobierno. Será entonces cuando, ya como Proyecto de Ley, se remitirá a la Asamblea de Madrid para su discusión y convalidación definitiva por los grupos políticos de la Cámara.
