El juez tumba el proceso civil abierto contra todos ellos al considerar que los propietarios del terreno debieron acudir al procedimiento especial de grandes tenedores. Es el segundo triunfo judicial de los habitantes de un poblado chabolista que intentó desahuciar de forma exprés el Ajuntament de Santa Eulària
Un abogado salva a 300 trabajadores precarios de ser desahuciados de un poblado chabolista en Ibiza
Nuevo giro en la historia de Cas Bunets (o Can Rova 2). Los 200 vecinos de este asentamiento ibicenco acaban de conocer que el juez que instruye la demanda de desahucio que solicitó la propiedad de la finca ha estimado su recurso. Con esta medida, adoptada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, estas personas esquivan el riesgo de llegar a un juicio donde se pudiera dictar una sentencia que los sacara de casa. De unas barracas que han construido con sus propias manos: techos, precarios, alzados tras invertir miles de euros y bajo los que se cobijan, además de adultos, más de una quincena de menores (algunos, bebés de pocos meses) y varias mujeres embarazadas. De momento, esa orden de alzamiento no se va a escribir. Queda archivado el proceso civil.
Los Ayguavives Suaña, la rica familia propietaria del solar, ansiaban ponerlo en marcha cuanto antes. ¿Por qué motivo? El Ajuntament de Santa Eulària advirtió formalmente a los dueños del solar en septiembre que, si no pleiteaban, podrían ser sancionados. En la primera batalla, esta familia con múltiples propiedades en Barcelona y Eivissa ha pinchado hueso. Según el auto que ha dictado el magistrado José Manuel García Marfil, y al que ha tenido acceso elDiario, los demandantes no adjuntaron un certificado del Registro de Propiedad que aclarase que no son grandes tenedores. A nombre de una sociedad limitada que se dedica a la gestión de bienes raíces (una empresa pantalla que se bautizó con los dos apellidos de los dueños de la finca donde, desde septiembre, se alza esta favela), figura una veintena de inmuebles.
Según explicó David Fechenbach, el abogado de setenta de las personas que habitan las infraviviendas de Cas Bunets, los Ayguavives Suaña tienen ahora dos opciones: “Contra la admisión de nuestro recurso para detener la admisión de la demanda sólo cabe recurso de los demandantes para que la readmitan. Si optan por ello no podrían aportar nueva documentación. Para aportarla, tendrían que reiniciar desde cero el proceso. Así que, como mínimo, esto va para largo, que es lo que pretendíamos para que se le encuentre una alternativa de vivienda a mis representados. Va a ser un alivio para los bolsillos de mis clientes. Desconozco el plazo, pero lo lógico es que nos devuelvan los 12.000 euros que depositamos hace unos días para que se admitiera nuestro recurso”.
Es es la cantidad económica que los demandantes exigieron para devolver la parcela “a su estado original”. Es decir, para pagar el coste de una hipotética demolición de las chabolas. Consultado por elDiario, Mariano Ramon, el representante legal de los grandes tenedores respondió que no tenía noticia del auto judicial. Al informarle sobre su contenido contestó con un escueto: “Me parece muy raro, pero bueno”.
–El auto dice que no se aportó el certificado del Registro de Propiedad que debía demostrar que sus clientes no eran grandes tenedores.
–Eso quedó desestimado en un primer momento, pero no sé que habrá pasado…
Dos triunfos judiciales en 24 horas
En apenas veinticuatro horas, esta comunidad formada, en su mayoría, por trabajadores del sector turístico –muchos de ellos migrantes latinoamericanos; en gran porcentaje, personas sin permiso de residencia en España– ha salvado dos bolas de partido. Ayer, el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma aceptaba el suplicatorio para frenar un desahucio exprés. El mismo juzgado había autorizado, días antes, al Ajuntament de Santa Eulària ponerlo en marcha. El consistorio busca acabar con una villa miseria “con graves problemas de salubridad y riesgo de incendios”. Las fotografías que envió ayer a los medios de comunicación demuestran, por ejemplo, que hay duchas junto a enchufes eléctricos, barbacoas a pocos metros de bombonas de gas butano. Y mucho material inflamable. Todo seguirá en su sitio. Por los pelos. Faltaron horas para que las palas de la maquinaria pesada empezaran a morder las paredes y tejados de las barracas.
La inmensa mayoría de los habitantes de Cas Bunets vivieron en Can Rova: el terreno que queda al otro lado de la valla con la que limita, por el este, su improvisado vecindario. Allí pagaban, bajo mano, a un casero-pirata. La tarifa era variable (500 euros por plantar una tienda de campaña; 600 por pernoctar en el camarote de un yatecito varado sobre el albero de la parcela; 750 por construir una caseta de madera), pero más barata que los precios que se manejan en el mercado libre del alquiler ibicenco.
Al escuchar las historias de vida de los habitantes de las barracas hay dos patrones que se repiten: todos afirman tener trabajo (hoteles, restaurantes y, sobre todo, villas –de lujo–; limpieza, jardinería, mantenimiento…). Sin embargo, como casi ninguno tiene NIE, carecer de papeles les llevó, al llegar a Eivissa, a carecer de contratos de arrendamiento. A ser unos nadie. Hubo quien empezó alquilando una habitación en piso compartido o, con mucha suerte, un apartamento entero. Realmente eran realquileres. Que subían exponencialmente cuando se acercaba el verano. La ley de la oferta y la demanda. En una isla hinchada por la avaricia inmobiliaria, una subasta. Fue entonces cuando acabaron en Can Rova. El campamento de los olvidados.
Un millar de personas en 26.000 metros cuadrados
Era un problema obvio: en 26.000 metros cuadrados llegaron a convivir un millar de personas. El asentamiento estaba muy cerca de la carretera principal de la isla. Cualquiera que, pasando en coche, se fijara, lo descubría (Cas Bunets luego será, paradójicamente, mucho más visible, una obviedad de palés y plásticos). En Can Rova, algunos estuvieron más de un año; otros, meses; unos pocos, tan sólo un puñado de días. El casero-pirata les cobró a todas hasta el último céntimo, y ahora se enfrentará a una multa de 905 mil euros. La impone el Ajuntament de Santa Eulària después de que los copropietarios de la parcela consiguieran, el pasado 31 de julio, la orden judicial que autorizaba el desahucio. Fue un éxodo de trabajadores del turismo en mitad de la temporada turística.
Sin alternativa, casi todos decidieron quedarse en la isla y, la opción más práctica estaba clara: okupar la finca contigua a la que vivían. Sin muros que lo rodearan ni edificaciones en su interior. Un terreno baldío desde hace décadas. El feudo de los Ayguavives Suaña. Cas Bunets, o como empezaron a llamarla los propios moradores, Can Rova 2. Vuelta a empezar, y no sólo a trabajar como albañil. La amenaza de desahucio, en la segunda parte de la historia, llegó antes. Ayer, las escenas del 31 de julio, dramáticas, se repitieron durante la mañana. El informe de vulnerabilidad que presentó Fechenbach fue clave: el suplicatorio que lanzó el letrado detuvo el desalojo poco antes de las tres de la tarde. La misma hora a la que, hoy, sus clientes supieron que se archivaba el procedimiento civil.
Falta de alternativas en la isla de la especulación salvaje
Para esta comunidad de vecinos el problema sigue siendo el mismo y las victorias judiciales no van a arreglarlo: con sus ingresos no pueden costearse una vivienda en la isla presa de la especulación inmobiliaria. A ella parece referirse, en un giro lingüístico bien curioso, el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa. La demanda se hubiera admitido si, además de no ser grandes tenedores, los propietarios tuvieran Cas Bunets como vivienda habitual.
En la solicitud que presentaron al juzgado, explica Fechenbach, los Ayuguavives Suaña alegan que ese punto no es posible porque el terreno está calificado como rústico. Un suelo en el que no se puede construir. Con la norma de la mano. La respuesta del magistrado radiografía con crudeza e ironía jurídica la realidad de Eivissa. La isla donde, en operaciones urbanísticas, dos más dos nunca suman cuatro porque lo que aparece registrado no es lo que un par de ojos ve cuando se pasean por muchas propiedades situadas en el campo.
Fuera de los núcleos urbanos impera otra ley, si se lee entre las líneas firmadas por el juez García Marfil: “(…) en modo alguno sobre dicha finca puedan existir construcciones legales o ilegales que constituyan el domicilio y vivienda de las personas demandadas, algo que constituye un hecho notorio, en especial en nuestra Isla, donde el cumplimiento de la normativa urbanística y la correlación de la realidad de las fincas y su contenido con el registro de la propiedad y el catastro son manifiestamente mejorables”.
El trasfondo de estas palabras resume otro asunto de actualidad, que se entrecruza con la historia de Cas Bunets y de otros poblados ilegales, rebosantes de temporeros en verano, pero que que han permanecido en pie durante el invierno. En las últimas semanas, abogados de prestigio han abierto sucursal en la isla para defender a los propietarios de construcciones sin licencia que prevén acogerse a la amnistía urbanística que podría facilitar el Decreto Ley 3/24 que aprobó hace menos de un año el Govern que preside Marga Prohens con el –teórico– objetivo de simplificar los trámites del ciudadano de a pie ante la Administración balear.
