El hombre, que estaba protegido contra la deportación desde 2019, fue enviado a la megaprisión CECOT bajo la acusación de ser miembro de una banda criminal. El gobierno ha reconocido que se trata de un “error administrativo” pero dice que está “sin poder” de devolverlo
El freno de Trump a la guerra comercial no aleja la incertidumbre
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordena a Donald Trump que “facilite” el retorno del migrante deportado “por error” a El Salvador el pasado mes de marzo. En una orden no firma, el alto tribunal se decanta a favor de Kilmar Armando Abrego García, residente legal en el país y que desde el 2019 estaba protegido judicialmente contra la deportación. El joven, de 29 años, fue uno de los más de 200 migrantes que hace un mes fueron enviados a la megacárcel CECOT de El Salvador, cuando Trump invocó la ley de Enemigos Extranjeros. El caso de Abrego García es una muestra clara de la falta de revisión judicial que tuvieron las personas a quiénes se les aplicó la norma de 1789 bajo la acusación de pertenecer a las bandas a las bandas criminales MS13 y El Tren de Aragua.
El alto tribunal más que ordenar al gobierno de Trump que devuelva a Abrego García, lo que hace es dar la razón a la juez federal de Maryland que emitió una orden exigiendo el retorno del hombre. Lo que significa que la devolución del salvadoreño no será inmediata. “La orden [de la jueza federal] exige debidamente al gobierno que ‘facilite’ la liberación de Ábrego García y que garantice que su caso se tramite como se habría hecho si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador”, expone el fallo. “Sin embargo, el alcance previsto del término ‘efectuar’ en la orden del tribunal de distrito no está claro y podría exceder la autoridad de dicho tribunal”.
En esta última frase, a pesar de decir que la administración tiene que “facilitar y efectuar” el retorno de Abrego García, el Supremo también abre la posibilidad de que los tribunales podrían no tener el poder de exigir al Ejecutivo que devuelva al hombre. Es por ello que se insta a la jueza Paula Xinis a que vuelva a redactar con mayor concreción la orden y esclarezca el texto inicial.
Los abogados de Abrego García, que desde 2011 estaba en Estados Unidos y había solicitado asilo huyendo de las maras, argumentaron que no existía ninguna razón creíble para acusar a su cliente de formar parte de la banda criminal MS-13. En una respuesta kafkiana, el Departamento de Justicia reconoció que lo había deportado “por un error administrativo” a la CECOT de El Salvador y que ahora estaba “sin poder” para traerlo de vuelta. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene una estrecha relación con Trump y siempre ha mostrado disposición para colaborar con él. De hecho, esta es la principal razón por la cual el país centroamericano se ha convertido en la prisión del nuevo gobierno estadounidense a cambio de unos cuantos millones de dólares. El próximo lunes 14 de abril, Bukele debe viajar a Washington para reunirse con el republicano.
Xinis dio la razón a la defensa de Abrego García y exigió al gobierno que devolviera al hombre antes de la medianoche del lunes de esta semana. La administración Trump inmediatamente interpuso un recurso ante el Supremo para que se pronunciara sobre dicha orden. Poco antes de que venciera el término marcado por la jueza de Maryland, el presidente del alto tribunal, John Roberts, emitió una pausa temporal sobre la orden del tribunal inferior para así tener tiempo de tomar una decisión sobre el recurso emitido por el gobierno.
Los agentes de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron por sorpresa a Abrego García cuando se encontraba en un aparcamiento de Ikea, mientras su hijo autista de cinco años estaba sentado en el asiento trasero del coche. La administración Trump insiste en que se trató de un error, pero como explicaban a elDiario.es el pasado mes de enero las organizaciones que trabajan con personas migrantes, el ICE prepara sus actuaciones con antelación antes de llevar a cabo redadas.
El caso de Abrego García se ha convertido en uno de los grandes escándalos de la campaña de deportaciones masivas que quiere ejecutar Trump, mientras otros familiares de deportados en aquel vuelo del 15 de marzo denuncian que sus parientes y amigos tampoco pertenecían a ninguna banda criminal. El programa 60 Minutes pudo acceder al historial de los 238 venezolanos expulsados bajo la acusación de pertenecer a El Tren de Aragua.
Tanto los abogados de Abrego García como el Departamento de Justicia se han mostrado satisfechos con la sentencia del Supremo. Los primeros porque respalda la decisión de Xinis, y el gobierno porque considera que el alto tribunal le da la razón al afirmar que los jueces no pueden dictar lo que debe hacer la administración.
Parece que el alto tribunal opta por la ambivalencia a la hora de pronunciarse sobre casos que pueden ser clave para delimitar el poder presidencial. Tan solo dos días atrás, la Corte Suprema levantaba el bloqueo que el juez de Washington había impuesto al uso de la ley de enemigos extranjeros para deportar venezolanos. En esta ocasión, tanto los abogados de inmigración como el gobierno también celebraron el fallo. Los primeros porque el Supremo exigía al gobierno que garantizara la “revisión judicial” para los individuos a quienes se les aplicara la ley, y los segundos porque suponía reactivar una norma que pretende ser clave para las deportaciones masivas.
