Tras la declaración de Salomé Pradas y Emilio Argüeso, los dos excargos del Ejecutivo autonómico del PP imputados en la causa, no quedó duda de que el Cecopi del pasado 29 de octubre fue un caos. Una no tenía preparación y el otro se limitó a dar su opinión en aquella reunión
Salomé Pradas declara ante la jueza de la DANA que ignoraba todo sobre Emergencias y culpa a los técnicos
“Asesinos”. Salomé Pradas escuchó este viernes los gritos de una víctima a pocos centímetros de distancia —casi cara a cara— durante su accidentado acceso a la Ciudad de la Justicia de València, donde estaba citada como investigada ante la jueza de la DANA. Quizá hubiera sido más exacto vocear “homicidas imprudentes”, el delito que le imputa indiciariamente la magistrada instructora a Pradas, pero la situación no era precisamente propicia para tecnicismos jurídicos: Victoria Sánchez, la mujer que gritó hasta desgañitarse a la exconsellera del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, perdió a su marido el pasado 29 de octubre. “Tengo mucho frío y miedo. Quiero estar toda la vida contigo. Adiós”. Ese fue el último mensaje que le escribió. Cuando, hace poco más de dos semanas, la mujer esperaba para declarar ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, antes de entrar en la sala, besaba la foto que portaba de su difunto esposo. La escena —cómo no— causó una profunda impresión a los dos periodistas que la presenciaron. La mujer, ágilmente, se colocó muy cerca de la consellera que ostentaba el mando único de la emergencia para chillarle: “Habéis matado a mi marido”. Ante la viuda que gritaba con la ayuda de un pequeño megáfono, un agente de la Guardia Civil extendió sus brazos en cruz con la cabeza gacha, a medio camino entre su función oficial de custodio de la Ciudad de la Justicia y el abrazo metafórico y respetuoso.
La exconsellera Salomé Pradas llegó a la cita con la jueza de la DANA envuelta por un excepcional despliegue mediático y con el eco de la protesta ciudadana. “Cuidado”, repitió Pradas 22 veces exactas a los cámaras, fotógrafos y periodistas que, a duras penas, intentaban sacarle alguna declaración y, al mismo tiempo, esquivar los obstáculos que se interponían en el camino. Ay, si Salomé Pradas hubiera dicho el 29 de octubre “tengan cuidado, por favor”; otro gallo cantaría y Victoria Sánchez, probablemente, no hubiera tenido que dejarse la voz y el alma. El hecho de que Pradas no pidiera ni una vez “cuidado” ante la DANA es, precisamente, la esencia del reproche penal de la jueza instructora: los 228 fallecimientos habrían sido evitables sin la presunta negligencia imputada a la exconsellera y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
Pradas se emocionó constantemente en la sala Tirant, escenario de su esperada aparición pública tras su destitución. Las víctimas gritan y la exconsellera llora: se trata de una enrevesada paradoja de la compleja atmósfera que deja la catástrofe. La exconsellera relató a su letrado, el único al que se prestó a contestar, el tardío despliegue ante la DANA. En la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), era una simple representante institucional, acompañada por una serie de técnicos que sumaban “más de 100 años de experiencia en materia de emergencias”. Ella, por el contrario, una mera profesora de Derecho Mercantil, “no tenía conocimientos técnicos”.
Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025
A pesar de formar parte del Consell “de los mejores” de Carlos Mazón —esa expresión barata de telemarketing que vendía el jefe del Ejecutivo autonómico—, el negociado de Emergencias no era ni mucho menos lo suyo. Sin embargo, estuvo “al pie del cañón desde el primer minuto”, aunque la jueza cuestione que eso sirviera de algo.
Pradas destacó que “en varias ocasiones” habló por teléfono con Mazón y con su equipo (los secretarios autonómicos Cayetano García Ramírez y José Manuel Cuenca). Sin embargo, Mazón no se levantó de la mesa de la comida (o, prácticamente, merienda-cena) en el Ventorro y llegó al Cecopi a las 20.28, según su última versión de los hechos. Aunque, en ningún caso, retrasó la decisión de enviar el mensaje automático a los móviles, declaró Pradas.
La exconsellera considera que el envío —a las 20.11— del Es-Alert no fue “tardío o erróneo”, como sostiene la jueza instructora, porque el Cecopi estaba pendiente del posible desbordamiento de la presa de Forata y ni siquiera se habló “en toda la tarde” del barranco del Poyo.
Además de a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y, singularmente, a su presidente, Miguel Polo, la investigada apuntó al jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, de quien dijo que era el responsable de recomendar las medidas “más idóneas para la protección de la población”. Tras una primera fase puramente propagandística por parte del Palau de la Generalitat, la declaración de Salomé Pradas inauguró una nueva etapa: la batalla judicial cuerpo a cuerpo.
La exconsellera dejó dos claves: “Las medidas las proponían los técnicos” y “hacer frente a la emergencia del calibre al que nos enfrentábamos no dependía de una simple decisión de una persona”. A pesar de la expectación, Pradas no disparó hacia arriba.
Tras su lacrimógena declaración, la exconsellera se escondió y evitó abandonar la Ciudad de la Justicia por la entrada principal, por la que pasa cualquier hijo de vecino. Y eso que, a su llegada, había prometido que daría declaraciones una vez pasado el mal trago ante la jueza, el fiscal y los letrados de las acusaciones. Al parecer, según algunas fuentes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado evaluaron que era más conveniente que Pradas saliera clandestinamente, a imagen y semejanza del aforado Mazón.
Si bien la declaración de Salomé Pradas fue lo que se esperaba, su anterior ‘número dos’ escenificó una estrategia de defensa un poco menos encorsetada. Emilio Argüeso coincidió con Pradas en que no pintaba demasiado en el Cecopi: simplemente “dio su opinión” (a pesar de ser el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias).
El exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso (c), su llegada a los juzgados de València para declarar como investigado en la causa judicial por la gestión de la DANA.
El exsecretario autonómico, fiel a su voluble trayectoria, disparó con mejor puntería que su antigua jefa. Deslizó que Jorge Suárez, el alto funcionario que ejerce de subdirector general de Emergencias, estaba de vacaciones a pesar de los avisos (adelantó su regreso el mismo 29 de octubre) y afirmó que la responsable de comunicación “no comunicó nada de lo que se producía fuera”. El Cecopi, por tanto, no se enteró de las tremendas imágenes que emitía la televisión autonómica, en directo, del desbordamiento del barranco del Poyo.
Aunque la principal diana de Emilio Argüeso fue José Miguel Basset, el veterano bombero que retiró los efectivos que medían el caudal del mortífero barranco del Poyo sin avisar “a nadie”, según apostilló el imputado. Argüeso se enteró de ese importante detalle un mes después de la DANA, cuando lo reveló elDiario.es, tal como se desprende del informe pericial sobre sus comunicaciones que aportó poco antes de su declaración.
Aquello fue un caos; de eso no quedó duda tras la declaración de los dos excargos del Ejecutivo de Mazón. Ambos investigados respondieron tan solo a las preguntas de sus letrados, algo de sentido común desde el punto de vista de la defensa jurídica y, más, en una fase tan primigenia de la instrucción. Los abogados de las acusaciones se quedaron sin poder interrogar a Pradas y Argüeso (una de las letradas se había preparado un centenar de preguntas).
Las pocas víctimas que aguardaban la salida de los que, a tenor de sus gritos, consideran “asesinos”, se quedaron sin saber por dónde escaparon Pradas y Argüeso. Un poco como la gestión de la DANA, que aún tiene serias lagunas a pesar de la activa instrucción de la jueza. Al menos, con las primeras declaraciones de los investigados se confirmó que cierta ineptitud de algunos cargos públicos tuvo bastante que ver con el catastrófico resultado. Un imputado se limitó a dar su opinión en el Cecopi, como un contertulio cualquiera, y la otra no tenía ni idea de nada. Los técnicos tampoco se lucieron.
La única certeza es que el marido de Victoria Sánchez falleció, como otras 227 víctimas. Y la duda, a estas alturas, es si fue por homicidio imprudente.
