La futura citación de Alberto González Amador ante el tribunal, como testigo y con obligación de decir la verdad, incluirá explicaciones sobre a cuánta gente mandó su confesión y si autorizó que Miguel Ángel Rodríguez difundiera un correo que su abogado cruzó con la Fiscalía
El Supremo obliga a la pareja de Ayuso a testificar en la causa por la filtración de su correo
La causa abierta en el Tribunal Supremo por la filtración de un correo con la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso tiene todavía una testifical por delante: la del propio denunciante, Alberto González Amador. La decisión de la Sala de Apelaciones de obligar al juez Ángel Hurtado a tomar declaración al comisionista abre un camino que la Abogacía del Estado llevaba tiempo intentando transitar: pedir explicaciones al empresario sobre si él fue el primero en difundir ese email y cuánta información ha ocultado a los tribunales desde que empezó a buscar la imputación del fiscal general.
La citación, que ahora depende del calendario del juez Hurtado, será la segunda vez en que González Amador comparezca ante un tribunal por este caso. La primera vez fue en mayo del año pasado, cuando acudió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a ratificar la querella que había puesto unas semanas antes denunciando que la Fiscalía había revelado secretos confidenciales de su caso al emitir un comunicado. Un comunicado en el que el Ministerio Público daba algunos detalles de las negociaciones entre su abogado y el fiscal del caso de fraude a Hacienda, pero con el objetivo de desmentir varias falsedades que el propio entorno del empresario había puesto en circulación.
Esa primera querella, que con el tiempo se ha convertido en una causa penal abierta contra el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid por la filtración del correo con su confesión, omitía datos que la Abogacía del Estado considera de extrema relevancia. Sobre todo que el 2 de febrero de 2024 el abogado Carlos Neira, uno de los que defiende a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no solo envió el correo con la propuesta de pacto al fiscal Julián Salto sino también a un Abogado del Estado.
“Acabo de enviar a Fiscalía otra propuesta de conformidad penal en relación con una nueva denuncia por delito fiscal”, dijo el abogado Neira en ese correo enviado a la Abogacía del Estado, que defiende a Hacienda en ese tipo de pleitos. Lo hizo un mes y varios días antes de que fuera denunciado, de que elDiario.es destapara el caso y de que ya finalmente su confesión, real o manipulada, llegara a la Fiscalía General y a los medios de comunicación.
La intención de los Abogados del Estado que defienden a Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, así como de la teniente fiscal del Supremo, es que González Amador explique, obligado a decir la verdad como testigo, si él o su entorno fueron efectivamente los primeros en difundir su propia confesión, mucho antes de que se produjera la filtración que él y Ángel Hurtado atribuyen al fiscal general y su equipo más cercano. Y que explique por qué ese dato, relevante en una causa sobre revelación de secretos, ha sido ocultado a los tribunales que han estudiado sus denuncias.
La Abogacía del Estado ha dejado bien claro que este descubrimiento no implica que esa institución sea sospechosa de haber filtrado el correo. Entienden que es una prueba más que demuestra que González Amador y su abogado nunca consideraron que esa confesión fuera algo secreto, destacando “el nulo valor confidencial o naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo incluso por el propio abogado del señor González Amador”.
La Fiscalía también se ha pronunciado en esa dirección: “En la querella, y sucesivos escritos procesales del señor González Amador no se ha hecho ninguna referencia a que un correo similar, o idéntico, al enviado a la Fiscalía había sido remitido el mismo día 2 de febrero de 2024 a la Abogacía del Estado, lo que debería ser objeto de explicación”. El juez, hasta la fecha, se había limitado a aportar todo esto a las actuaciones sin tomar ninguna decisión al respecto. Ahora tendrá que fijar un interrogatorio al respecto.
Las filtraciones de Miguel Ángel Rodríguez
Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía también han expresado, en sus recursos y en los interrogatorios, la necesidad de que el propio denunciante y su entorno explique una segunda cosa: si él autorizó a Miguel Ángel Rodríguez a difundir un correo del fiscal que le investigaba. El propio jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso lo reconoció en su testifical, explicando sus contactos con el empresario y asumiendo en parte que en la tarde del 13 de marzo difundió, desde su teléfono, una versión manipulada de las negociaciones que González Amador mantenía con la Fiscalía pero repartiendo entre periodistas un correo real. Del fiscal Julián Salto.
Esa difusión fue la que propició una primera información falsa que daba a entender que fue la fiscalía quien propuso un pacto al comisionista -y no al revés- y que dicho acuerdo habría sido parado por órdenes de arriba, que fue la tesis que defendió desde el principio el jefe de gabinete de Ayuso.
Para la defensa y la Fiscalía, a día de hoy, no existen pruebas que permitan atribuir a Álvaro García Ortiz o Pilar Rodríguez la filtración de ese correo en la noche del 13 de marzo del año pasado. Los mensajes y correos intervenidos constatan el nerviosismo que reinó ese día en la Fiscalía para conseguir toda la información del caso y desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez, pero ninguna orden expresa o velada de filtrar a la prensa el contenido del correo.
Las revelaciones sobre el auténtico recorrido de esa confesión, entienden las defensas, apunta en la dirección del sobreseimiento o, en caso de llegar a juicio, la de una sentencia absolutoria para el fiscal general. Ante el juez, González Amador deberá explicar qué documentos hizo llegar a Miguel Ángel Rodríguez, cómo autorizó su difusión y por qué unos correos sí le parecían confidenciales y otros no. Además de ratificar si, tal y como dijo Rodríguez, le pasó la cadena de correos incompleta o también el email previo donde confesaba sus delitos y que evidenciaba que la propuesta de acuerdo partió de sus abogados.
Hasta el momento, el juez Hurtado ha restado importancia a cualquier indicio que apunte en esa dirección. No consideró necesario profundizar en el papel del jefe de gabinete de Ayuso en el caso después de su testifical, y tampoco entendió que las difusiones de documentos autorizadas por el propio empresario roben protagonismo penal a los hechos que atribuye, auto tras auto, al fiscal general del Estado.
“No se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo”, dijo Hurtado sobre el hecho reconocido de que Miguel Ángel Rodríguez filtrara uno de los emails del caso. Sobre todo porque, según el juez, “se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto”, es decir, Alberto González Amador.
La citación también será una oportunidad para que la pareja de Isabel Díaz Ayuso explique cómo le perjudicó esa filtración. Un argumento que el propio juez Hurtado ya ha comprado en algunos de sus autos: la publicidad de su confesión, aunque fuera solo en términos generales, facilitó que decenas de responsables políticos se empezaran a referir a él como “defraudador confeso”. Su otra gran batalla legal: tratar de condenar por la vía civil (y reclamar cientos de miles de euros en indemnizaciones) a quien se haya referido a él con ese término.
