La denuncia fue presentada por la Fiscalía de Las Palmas tras recibir un escrito del presidente de la comisión valoradora, un catedrático de la universidad, donde se relataba un presunto amaño
La Justicia anula la adjudicación de una plaza en la Universidad de Las Palmas: “La actuación de la Comisión es inverosímil”
Cuatro profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental en relación con irregularidades en la adjudicación de una plaza en el área de Zoología. Las diligencias se abrieron en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital a principios de año a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía.
Fue el propio presidente del tribunal que evaluó las candidaturas, un catedrático de la universidad, quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, al entender que se había producido un amaño al otorgar esa plaza de profesor contratado doctor. Anticorrupción derivó ese escrito a la Fiscalía de Las Palmas, que halló indicios suficientes de delito para interponer la denuncia ante el juzgado decano de la capital.
Tres de los investigados son los otros miembros de esa comisión, también catedráticos. Daniel Montero era el secretario y María Soledad Izquierdo (vicerrectora de Investigación de la ULPGC en el momento de los hechos) y Ricardo Haroun, los vocales. La Fiscalía les imputa un delito de prevaricación administrativa. La cuarta, Alicia Herrera, adjudicataria de la plaza, es investigada por un presunto delito de falsedad documental vinculada con su titulación.
El origen de esta investigación se remonta a noviembre de 2021. El día 11 el Consejo de Departamento de Biología de la ULPGC nombró al tribunal que debía resolver la adjudicación de una plaza de profesor contratado doctor para el área de Zoología. El denunciante fue designado presidente de una comisión que completaron el ahora investigado Daniel Montero como secretario y otros dos vocales que después serían sustituidos por María Soledad Izquierdo (titular) y Ricardo Haroun (suplente).
La denuncia de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso este periódico, recoge el relato del denunciante. El presidente de la comisión valoradora advierte irregularidades tanto en el nombramiento del tribunal como en las “modificaciones sustanciales” del baremo, así como en la adjudicación de la plaza a una persona “que no acredita la titulación necesaria para poder presentarse” al concurso.
Nombramiento del tribunal
En la denuncia hay un apartado referido al “irregular nombramiento” del tribunal. Y, más en concreto, a un cambio operado en la comisión a principios de 2022, momento en el que se incorporan Izquierdo y Haroun (este último no pertenece al área de Zoología) en sustitución de los dos vocales designados inicialmente.
Esa modificación “no fue aprobada nunca por el Consejo de Departamento de Biología”, el órgano que debe conformar la comisión. Además, el Consejo de Gobierno de la ULPGC (el órgano de gobierno de la universidad, el que establece las líneas estratégicas y programáticas) certificó ese cambio el 21 de marzo y, sin embargo, el escrito con la nueva composición del tribunal está fechado el 7 de abril. Es decir, dos semanas después de la certificación, por lo que hay un desajuste de fechas que también se investiga.
Las titulaciones
En relación con los baremos del concurso, el denunciante habla de un “incumplimiento” de la Ley Canaria de Función Pública y de la normativa para la selección de profesorado, que exige que los criterios específicos de valoración (más allá de porcentajes genéricos sobre méritos académicos, docencia o investigación) se publiquen al mismo tiempo que la convocatoria. En la universidad, sin embargo, es habitual que ese baremo se fije “después de conocer a los candidatos” y no antes, señala.
Hay que recordar que hace aproximadamente un año el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la adjudicación de otra plaza de profesor contratado doctor, en este caso del área de Veterinaria, tras detectar varias irregularidades, entre ellas la ausencia de unos criterios de valoración en la convocatoria. “La actuación de la comisión es inverosímil”, llegó a exponer en esa resolución el alto tribunal canario.
En el caso de la convocatoria para el área de Zoología, los candidatos debían tener una licenciatura o grado en Ciencias del Mar, Biología o Veterinaria o, en su defecto, un “máster universitario en el ámbito de las ciencias experimentales”. La candidata finalmente elegida, Alicia Herrera, afirmó en su currículum que era bióloga y que había hecho un máster de Oceanografía que la Comisión de Organización de la universidad aceptó como titulación apta para concursar en este proceso de selección.
Sin embargo, el presidente del tribunal sostiene que su titulación no era idónea para esa plaza. La candidata había presentado un certificado de un instituto de Uruguay que se define como un “centro de formación de profesores” de secundaria. Es decir, el equivalente a una Facultad de Ciencias de la Educación en España.
Por tanto, no habría cursado estudios relacionados con las ciencias experimentales, sino para la enseñanza de las ciencias, vinculados con el área de Humanidades. La denuncia incide en que la candidata no tenía título homologado en España y que no es posible acceder a un máster de Oceanografía si no se cuenta con un grado o licenciatura en carreras de Ciencias (como Física, Química, Biología o Ciencias del Mar) o en un área afín (ingeniería, ciencias ambientales, meteorología…)
“Miente en su currículum cuando afirma que es bióloga, que cursó la licenciatura en Ciencias Biológicas, y no presenta el título, sólo un certificado de calificaciones como profesora de Educación Secundaria en Uruguay”, recoge la Fiscalía del escrito presentado por el denunciante. Por eso, y porque en su petición de equivalencia del expediente puso que contaba con titulación en el campo de la biología y en la rama de conocimiento de ciencias, se la investiga por falsedad documental.
Cambio en los baremos
El tribunal se constituyó el 3 de marzo de 2023. Y ese mismo día, el secretario (Montero) y la vocal titular (Izquierdo) trasladaron el borrador del baremo al presidente del tribunal, que propuso algunas modificaciones que no fueron aceptadas. Sí se admitieron, en cambio, las presentadas por dos candidatos a la plaza. A diferencia de la planteada por el catedrático, que era de décimas, se trataba de cambios sustanciales que podrían hacer variar la valoración en hasta tres puntos. Además, se incluyó una puntuación mínima que finalmente no sería aplicada.
Las pruebas se celebraron en abril de 2023 y el tribunal se reunió en mayo para valorarlas. Alicia Herrera no obtuvo la mayor puntuación, sino otro candidato. Sin embargo, el secretario de la comisión se llevó a su casa el documento con las anotaciones donde se realizó la valoración, siempre según el escrito de la Fiscalía, e informó esa misma tarde de que se habían producido errores y que la persona que debía obtener esa plaza era Herrera. Se incrementaron sus méritos por publicaciones y proyectos de investigación. La vocal se mostró conforme con el cambio y el presidente del tribunal expresó su rechazo a una acción “burda e ilegal”.
En el escrito que presentó ante la Fiscalía, el denunciante señaló, además, que no se habían considerado algunos méritos relevantes del candidato finalmente descartado, como un postgrado bajo el plan antiguo, donde la licenciatura era de cinco años, mientras que se había valorado el máster de Herrera “no habiendo presentado título homologado”.
Tampoco se había tenido en cuenta la dirección de una tesis doctoral del aspirante argumentando que no había presentado el certificado acreditativo. El presidente del tribunal agrega en su escrito que el candidato que quedó por detrás de la elegida tenía más del doble de publicaciones científicas, que había trabajado cuatro años y medio en Japón, año y medio en Francia, que había realizado estancias en Estados Unidos y en Países Bajos y que, además, es investigador de reconocido prestigio por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de España.
En cambio, la candidata finalmente seleccionada “nunca ha salido de Gran Canaria para realizar ninguna estancia en el extranjero”, remarcaba.
Esta redacción ha remitido mensajes a sus correos corporativos de la universidad de todas las personas investigadas en esta causa, pero no ha obtenido respuesta de ninguna de ellas. También ha contactado con fuentes oficiales de la ULPGC, que han declinado hacer comentarios.
