El presidente del TSJA asegura que la investigación requiere «sosiego, calma, prudencia y respeto a la independencia judicial» y pide al juzgado un informe sobre la necesidad de adoptar medidas de refuerzo, al estar una jueza sustituta a cargo de la causa
Un juzgado de Asturias investiga posibles responsabilidades penales en la muerte de los cinco mineros en Cerredo
El atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil sobre el accidente laboral que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo/Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el pasado 31 de marzo, podría estar listo para su incorporación a las diligencias penales abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Cangas del Narcea en “tres o cuatro semanas”.
Es el plazo estimado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el magistrado Jesús María Chamorro, quien ha apelado al respeto a la independencia judicial y especialmente al secreto de las actuaciones. Al frente de estas diligencias de investigación en el juzgado cangués se encuentra actualmente una jueza sustituta, después de que la titular cesara en el cargo por un cambio de destino al haber obtenido una plaza en otra demarcación judicial.
El magistrado Chamorro ha instado a la jueza que instruye la causa para que realice un informe que contenga su valoración sobre la posibilidad de adoptar medidas de refuerzo, así como las necesidades que considera relevantes para facilitar el ingente trabajo que conlleva esta compleja investigación.
Investigadores, miembros de la Brigada de Salvamento Minero y guardias civiles, tras la primera inspección ocular.
Fuentes judiciales han confirmado a elDiario.es Asturias que se está a la espera de que en un plazo breve pueda salir a concurso la plaza que ha quedado vacante y pueda ser cubierta cuanto antes.
No obstante, han resaltado la importante labor que está desarrollando la jueza sustituta, ayudada por el personal del juzgado, desde que accedió al puesto, el pasado día 8 de abril, tras el cese por cambio de destino de la titular anterior. Hasta ese momento se había hecho cargo de la instrucción del caso la jueza de Tineo, según han indicado las mismas fuentes.
No es igual hacer el atestado de un robo con fuerza que hacer un atestado de un accidente con cinco fallecidos. Por lo tanto, habrá que esperar a ese atestado que tardará un tiempo
El magistrado Chamorro ha explicado que las diligencias penales requieren que haya “sosiego” y ha reclamado “prudencia y respeto” a la actuación de la jueza y al secreto de las actuaciones sumariales.
El presidente del TSJA, el magistrado Jesús María Chamorro, pide respeto a la independencia judicial para que la jueza pueda instruir las diligencias penales sin interferencias.
Respeto y colaboración
“Es fundamental que todos respetemos la labor de la magistrada que hace esa labor de investigación, ayudada lógicamente por el personal del juzgado y también con la absoluta necesidad de que el Ministerio Fiscal colabore en la instrucción, como así está siendo, y esperar a que la Policía Judicial haga el informe”, ha indicado.
El presidente del alto tribunal asturiano ha hecho hincapié en la importancia que adquiere que se deje trabajar con tranquilidad a los investigadores: “No es igual hacer el atestado de un robo con fuerza que hacer un atestado de un accidente con cinco fallecidos”, ha afirmado.
“Por lo tanto, habrá que esperar a ese atestado que tardará un tiempo, porque me consta que la Policía Judicial va a ser minuciosa y se va a auxiliar de otras organizaciones o de otros organismos públicos que conocen también la materia”, ha especificado.
El fiscal delegado de la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo, Enrique Valdés-Solís.
Por su parte, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Cangas del Narcea el nombramiento de dos ingenieros de Minas para la elaboración de un informe pericial complementario a la investigación en curso por el accidente registrado el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, en el que fallecieron Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez cuando trabajaban en el tercer nivel de la mina Cerredo.
Inspección ocular
El fiscal delegado de la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo, Enrique Valdés-Solís, formalizó esta petición tras participar en la inspección ocular de la explotación minera llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil para recabar pruebas y esclarecer así las causas de la explosión de grisú.
Enrique Valdés-Solís contará además con el apoyo de la unidad especializada de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la investigación del siniestro.
Implicación de la Fiscalía
Ante la gravedad de los hechos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha encomendado a la unidad especializada que establezca un cauce de contacto permanente con el fiscal delegado asturiano, que comunicará las novedades que se vayan produciendo al fiscal de Sala Coordinador, Ángel Muñoz Marín, para una total implicación y coordinación del Ministerio Público en la investigación de los hechos.
El Gobierno de Asturias también ofreció su colaboración. Entre otras medidas, anunció que iba a solicitar al TSJA y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el nombramiento de un juez de refuerzo en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Cangas del Narcea.
El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, atiende a los medios.
Más medios para reforzar el juzgado
El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, contactó con el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, al que trasladó la petición del Gobierno regional para que se refuerce el juzgado, “con la vista puesta en poner todos los medios posibles para esclarecer lo ocurrido”, indicó el consejero.
Peláez también avanzó que, dado que el objetivo claro del Gobierno de Asturias es el de poner “todos los medios a disposición” para determinar las causas y la responsabilidad del accidente, también se ha dado la instrucción a la Viceconsejería de Justicia para que tramite el nombramiento de un refuerzo de personal funcionario para prestar su apoyo al juzgado instructor.
Con estas medidas, el Principado busca garantizar que la investigación del accidente, centrada en una posible explosión de gas grisú y en la actividad de la empresa Blue Solving SL, pueda realizarse con la dotación de medios necesaria para una instrucción penal de esta naturaleza.
La responsabilidad de la empresa
La empresa responsable de la mina de Cerredo en el momento del accidente mortal es Blue Solving S.L. que es administrada por Adrián Rodríguez Rodríguez. Ésta recibió la concesión el año pasado al ser vendida por la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa S.L., administrada por su progenitora. En esta sociedad ha figurado como apoderado el padre de Adrián Rodríguez, el empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, que también administra Carbones de la Vega, que explota la mina Miura en el concejo de Ibias.
Estos empresarios pertenecen a una saga empresarial leonesa vinculada a la distribución de carbones y gasóleos y Jesús Manuel Rodríguez tiene pendiente desde hace 16 años un juicio por un presunto caso de narcotráfico en el que se localizaron casi 400 kilos de cocaína en el puerto de El Musel de Gijón en una importación de carbón vegetal a través de una de sus sociedades.
Dos licencias y ninguna para extraer carbón
Blue Solving S.L. disponía de dos licencias en Cerredo: una de investigación para comprobar, en una determinada zona de la mina, la presencia de algún tipo de mineral o de material de cara a su extracción en un futuro, y otra para retirar chatarra y material del nivel tres de la mina, el lugar en el que se produjo la explosión, pero no contaba con autorización para la extracción de carbón. Ambas caducaban el pasado viernes, 11 de abril.
La consejera Belarmina Díaz presidió la reunión de la comisión especial de investigación del accidente de la mina de Cerredo.
Ese mismo día, la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, comparecía por primera vez en el Parlamento asturiano y confirmaba todas las sospechas: la empresa Blue Solving S.L. carecía de licencia para extraer carbón y, sin embargo, las primeras investigaciones apuntaban a esa actividad.
De esa forma, Belarmina Díaz confirmaba la existencia de “indicios de extracción ilegal de carbón” tras la primera inspección ocular en el interior de la mina.
Los dos huecos en la mina
La consejera admitía que los investigadores habían encontrado en el interior de la mina dos huecos compatibles con la extracción de carbón en el tercer nivel: uno de 18,2 metros y otro de 24,6 metros de largo y entre 25 y 30 metros de alto, con una anchura de unos 0,8 metros.
Belarmina Díaz se reunía este lunes con los integrantes de la comisión especial de investigación del accidente de la mina de Cerredo, que se ha constituido en el seno de la Comisión Regional de Seguridad Minera de Asturias.
Capilla ardiente de los mineros fallecidos en Villablino.
Una investigación compleja
Entre tanto, la investigación sigue avanzando desde distintos ámbitos: judicial, laboral, sindical y político para llegar “hasta el fondo” y esclarecer qué actividad se estaba desarrollando realmente.
A las sanciones por las infracciones administrativas y las posibles responsabilidades penales, se suma además el debate en el Parlamento asturiano sobre la creación de una comisión para depurar las posibles responsabilidades políticas que pudieran derivar, si existieran, del siniestro que ha acabado con la vida de Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez.
Los cinco mineros fallecidos tenían edades comprendidas entre 32 y 54 años y residían en las comarcas leonesas de El Bierzo y Laciana. En el siniestro resultaron heridos otros cuatro trabajadores que ya han sido dados de alta en los hospitales de Asturias y León, donde fueron ingresados.
