Es legítimo criticar la condonación; pero, una vez decidida, es poco inteligente para cualquier región no participar. Pagará los costes sin participar de los beneficios
Cuando se perdona una deuda, se soluciona una dificultad para el deudor, pero se premia un comportamiento poco responsable que, de esta forma, tiene más papeletas para repetirse. Es el riesgo moral. Sin embargo, en el caso de la condonación de la deuda autonómica por la administración general (AGE) hay algunas razones en favor de hacerlo. El ministro Montoro, a partir de 2012, usó el palo de las reglas de estabilidad que encorsetaron a las CCAA; y, al mismo tiempo, mostró la zanahoria del FLA, que permitía un endeudamiento autonómico generoso y con escasa condicionalidad. El palo de las reglas rígidas y la zanahoria de un FLA generoso, ¿Es de extrañar que algunos gobernantes autonómicos optasen por hacer crecer sus pasivos, en una suerte de patada hacia adelante? En mayor medida, aquellos a los que el modelo de financiación entregaba menores recursos en relación con sus necesidades, máxime cuando se incumplía el calendario para la revisión del modelo.
Por tanto, existe una justificación para aliviar la carga de la deuda a las CCAA. La clave es cómo hacerlo para no generar inequidad entre ellas e incentivos equivocados para su comportamiento futuro.
El Ministerio de Hacienda ha optado por una condonación autónoma, incondicionada y desigual entre autonomías, mientras que un perdón ligado a la reforma del modelo, con condiciones, e igualitario produciría mejores resultados.
La desigualdad nace de sumar a un primer reparto de la deuda global a condonar en función de los habitantes ajustados regionales, otras tres asignaciones con criterios y resultados difíciles de justificar: una segunda distribución que prima a las regiones de régimen común más endeudadas con el Fondo de Financiación estatal (Cataluña, Valencia, Murcia, CLM e Baleares); una tercera que favorece a las CCAA peor tratadas por el sistema entre 2010 y 2022, con la excepción de Valencia (Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia); y una cuarta que favorece el mayor esfuerzo fiscal (Cataluña, Baleares, Canarias, Aragón).
Usar la población (o la población ajustada) es claro y neutral en relación con las estrategias fiscales y de deuda de las regiones. Reduce el riesgo moral, lo que no sucede al primar el mayor endeudamiento. Favorecer más a las peor tratadas por el modelo no puede obviar que el FLA (o los fondos que lo continúan) ya han significado una ventaja significativa para estas comunidades, al facilitar su acceso al crédito y bonificar sus intereses. Además, de tener en cuenta la infrafinanciación, habría que hacerlo de forma proporcional a su intensidad. Utilizar el esfuerzo fiscal como elemento discriminante introduce un sesgo en favor de la subida de impuestos frente al ajuste del gasto que debería ser objeto de decisión por los ciudadanos, no por el Ministerio.
Sería suficiente con repartir los 83.252 millones condonados exclusivamente con el primer criterio (población ajustada o población). Y acompañar esta propuesta con dos elementos:
—Un plan de ajuste fiscal para las comunidades que se acojan y mantengan un nivel de deuda sobre el PIB superior al marcado por la Ley de Estabilidad (2012), de acuerdo con los nuevos parámetros de las reglas europeas. Con un nivel de exigencia creciente conforme aumente el nivel de los pasivos. El riesgo moral, es sabido, se combate haciendo partícipe al beneficiario en el coste de la solución.
Algunas regiones seguirán muy endeudadas (Valencia, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha). Queremos que acudan a los mercados para resolver sus necesidades financieras. El Fondo de Financiación, ¿se cerrará?; ¿se mantendrá reestructurando la deuda? Sería bueno saberlo.
—Una revisión íntegra del modelo de financiación. Para resolver la infrafinanciación de algunas comunidades, evitando que la solución de hoy a la deuda se convierta en el quebradero de cabeza de mañana, si no se atiende a las causas; y aprovechando para mejorarlo en equidad, en autonomía y responsabilidad fiscal, o en transparencia. Reforzando también su gobernanza. Ir aplicando terapias parciales o ad hoc complica las negociaciones futuras y deja a la AGE con menos recursos e instrumentos para abordar una reforma integral -que, sin embargo, el acuerdo PSC-ERC ha colocado en primera línea.
Una preocupación legítima de las CCAA es saber quién gana y quién pierde con la nueva propuesta. De hecho, las más endeudadas con el Fondo de Financiación ya estaban siendo favorecidas con un tipo de interés muy inferior al de mercado. En general, son también las más beneficiadas con la solución propuesta, por lo que hay pocos cambios, más allá de la mejora notable de la situación de Andalucía.
Aunque la deuda no desaparece. La asume la AGE, y al menos, los intereses debemos pagarlos entre todos. Si los ciudadanos de cada región contribuyen de acuerdo con su PIB a la financiación del gasto público central, Valencia, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía saldrán ganando. Cuanto mayor sea la condonación igualitaria, menor será su ventaja.
Por último, es legítimo criticar la condonación; pero, una vez decidida, es poco inteligente para cualquier región no participar. Pagará los costes sin participar de los beneficios.
